MURCIA.- El 'caso Auditorio', que tramita el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lorca, tiene su origen en la querella presentada el
pasado febrero por la Fiscalía Superior de la Región contra una veintena
de personas, entre los que figuran el exalcalde lumbrerense y actual
presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, y un grupo
de concejales que integraban la Junta de Gobierno municipal en 2008 y
otros catorce altos cargos, funcionarios, abogados y arquitectos.
El
fiscal les imputa delitos de prevaricación, malversación de caudales
público, falsedad y fraude, que habrían sido cometidos durante la
tramitación del concurso y la ejecución de las obras para levantar el
Auditorio y Palacio de Congresos de Puerto Lumbreras.
Además del
supuesto amaño del concurso, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lorca
investiga si se presentó un supuesto proyecto falso para lograr una
subvención de seis millones de euros de la Consejería de Cultura, adelanta hoy el diario 'La Verdad'.
Igualmente se pretende determinar si se produjo un desvío de fondos,
ya que el fiscal asegura que no se llegaron a invertir dos millones de
euros -un 38% del dinero presupuestado- y que el Ayuntamiento recepcionó
las obras pese a que en ese momento estaban muy lejos de haberse
acabado, se afirma en el periódico decano.
Francisco Camino, exdecano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región, ratificó ayer de principio a fin los documentos que ya están aportados a la causa y que la dirección de esa institución emitió en su día para advertir, según aseguró, de la supuesta ilegalidad del concurso convocado para construir el Auditorio y Palacio de Congresos de Puerto Lumbreras. El testigo confirmó a la titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Lorca, Consuelo Andreo, que recomendó por escrito a los colegiados que no presentaran sus proyectos al concurso, debido a las supuestas y muy numerosas irregularidades en que éste incurría.
Entre otras cuestiones, aludió al plazo de solo quince días otorgado por el Consistorio de Puerto Lumbreras, que no solo sostuvo que vulneraba la legislación sino que, en la práctica, imposibilitaba la elaboración de un proyecto arquitectónico de esa magnitud.
Camino también habría expresado ante la jueza su convencimiento de que el concurso estaba amañado de antemano, toda vez que un año y medio antes de que fuera convocado ya había sido presentado públicamente por el entonces alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, y por el arquitecto que acabó adjudicándose la obra, Martín Lejarraga.
Un recurso presentado por el Colegio de Arquitectos contra ese concurso, por estimarlo no ajustado a derecho, fue rechazado por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Francisco Camino, exdecano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región, ratificó ayer de principio a fin los documentos que ya están aportados a la causa y que la dirección de esa institución emitió en su día para advertir, según aseguró, de la supuesta ilegalidad del concurso convocado para construir el Auditorio y Palacio de Congresos de Puerto Lumbreras. El testigo confirmó a la titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Lorca, Consuelo Andreo, que recomendó por escrito a los colegiados que no presentaran sus proyectos al concurso, debido a las supuestas y muy numerosas irregularidades en que éste incurría.
Entre otras cuestiones, aludió al plazo de solo quince días otorgado por el Consistorio de Puerto Lumbreras, que no solo sostuvo que vulneraba la legislación sino que, en la práctica, imposibilitaba la elaboración de un proyecto arquitectónico de esa magnitud.
Camino también habría expresado ante la jueza su convencimiento de que el concurso estaba amañado de antemano, toda vez que un año y medio antes de que fuera convocado ya había sido presentado públicamente por el entonces alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, y por el arquitecto que acabó adjudicándose la obra, Martín Lejarraga.
Un recurso presentado por el Colegio de Arquitectos contra ese concurso, por estimarlo no ajustado a derecho, fue rechazado por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
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