MURCIA.- La consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela
Martínez-Cachá, ha explicado la situación en que se encuentran tres de
los cerca de 50 expedientes de restablecimiento de la legalidad
ambiental existentes en la actualidad, indicando que "se trata de
expedientes que afectan directamente a los ciudadanos, existe una
preocupación en la población y por parte de los ayuntamientos
implicados, y para la Consejería son una prioridad". Asimismo, ha
subrayado que "como órgano ambiental competente, queremos que la
transparencia impere".
Así, respecto al expediente a Proambiente
por el vertedero de Abanilla, la consejera ha asegurado que "vamos a
garantizar el desarrollo de las actuaciones necesarias para la
restauración del vertedero, sin que cueste un euro a los murcianos". Los
trabajos de recuperación se ejecutarán de forma subsidiaria con el
rescate de los avales y fianzas depositadas por la empresa.
En
este sentido, la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente está
realizando todas las acciones que marca la ley para la recuperación de
la zona ocupada por el vertedero, y notificó el 6 de octubre la
suspensión cautelar de la actividad de la planta de tratamiento.
La
consejera ha explicado que "se ha constatado que el avance de la
restauración de los vasos no autorizados y de las zonas afectadas en el
Lugar de Importancia Comunitaria Sierra de Abanilla se han retrasado
respecto del cronograma aprobado en 2013, de forma que se han iniciado
las actuaciones administrativas para la ejecución subsidiaria de las
actuaciones previstas en el plazo más corto posible".
La titular
de Agua, Agricultura y Medio Ambiente ha subrayado que se ha propuesto
que "la Administración regional se persone como parte afectada en el
procedimiento penal seguido en el Juzgado de Cieza contra esta
mercantil, con la finalidad de asegurar la defensa de los intereses
públicos y el medio ambiente".
Además, Martínez-Cachá ha recordado
que el 28 de septiembre de 2011, por Resolución del Director General de
Medio Ambiente, en base a las actuaciones técnicas realizadas que
ponían de manifiesto la existencia de vertidos no autorizados,
incontrolados y sin tratamiento previo, que además habían afectado al
Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Sierra de Abanilla, se ordenó a
Proambiente la suspensión de la actividad de vertedero de residuos
sólidos urbanos.
De esta manera, se impedía a esta empresa
realizar cualquier vertido y eliminación de residuos en este
emplazamiento ubicado en el paraje de La Solana. Asimismo, se le instó a
que presentara un proyecto de sellado y restauración ambiental que
incluyera los costes de mantenimiento y vigilancia ambiental del
vertedero una vez clausurado por un periodo no inferior a 30 años, en
cumplimiento del RD 1481/2001, de 27 de diciembre.
El 3 de abril
de 2013 fue dictada una Resolución por la Dirección General de Medio
Ambiente que aprobaba el proyecto de restauración de este vertedero, así
como las medidas compensatorias necesarias para recuperar la integridad
del LIC y los planes de vigilancia y control post-clausura y de gestión
y eliminación de lixiviados.
Todo ello con el objetivo de
restaurar, recuperar y reparar los daños medioambientales provocados. En
dicha Resolución se ordenaba a la mercantil el inicio de las
actuaciones en el plazo máximo de un mes, y el establecimiento de una
garantía de ejecución del proyecto que ascendía a una valoración de casi
3,5 millones de euros, según la valoración técnica realizada.
Respecto
a la situación del vertedero de residuos industriales de la empresa
Befesa, la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente ha señalado
que "en la actualidad no hay actividad alguna". Al respecto, ha
recordado que el 16 de junio de 2015 la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental de la Consejería propuso la suspensión de la
actividad en el vertedero, y se notificó formalmente a la empresa el 16
de septiembre.
Asimismo, la Comunidad ordenó a la empresa que
procediese a la entrega de los bidones ubicados en su almacén de
transferencia a un gestor final de residuos autorizado. En este sentido,
ha constatado que "el cierre estará vigente hasta que la administración
ambiental apruebe las actuaciones y medidas encaminadas a subsanar los
defectos detectados y se verifique su cumplimiento".
La
declaración de impacto ambiental del vertedero fijó una capacidad máxima
de 550.000 metros cúbicos. No obstante, las investigaciones que
realizaron los técnicos, para las que utilizaron un dron para obtener
imágenes de la planta, permitieron descubrir que la empresa enterró en
su centro de gestión de residuos de Cartagena 761.094 metros cúbicos
desde 1997 hasta 2015, lo que supone un 40,2 por ciento más del volumen
máximo autorizado.
Por último, la consejera ha abordado la
situación de la empresa Derivados Químicos. En este sentido, ha apuntado
que "en julio de este año, por primera vez, se pudo constatar que se
superaron los valores límites de las emisiones de esta empresa, y el
pasado 17 de septiembre se inició el procedimiento para la suspensión de
la actividad, resolución que fue notificada a la empresa el pasado 5 de
octubre, y ahora la empresa tiene de plazo hasta el 17 de octubre para
presentar alegaciones".
Martínez-Cachá ha resaltado que "gracias
al proyecto SINQLAIR, Sistema de Diagnóstico y pronóstico de la Calidad
del Aire, ha sido posible que con 48 horas conozcamos el origen de los
olores que alertaron a la población el pasado martes en el municipio de
Alcantarilla". De esta forma, ha añadido, "vamos a poder actuar en la
búsqueda de las soluciones con la máxima celeridad".
En este
proyecto trabaja la Consejería más de cuatro años, en colaboración con
la Universidad de Murcia, y es una de las principales medidas que
incorpora el Plan Regional de Calidad del Aire, que se encuentra en
tramitación.
El plan propone medidas para facilitar la recepción
de la información por parte de las empresas y permitir, de manera
gratuita, la modelización de sus emisiones y su contribución a la
calidad del aire.
El objetivo, según explican fuentes del
Ejecutivo regional. es que en los casos de nuevas inversiones se pueda
mejorar la toma de decisiones en cuanto a ubicaciones y medidas a
adoptar, lo que se espera pueda contribuir a una mayor agilidad a la
hora de conseguir las autorizaciones ambientales.
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