miércoles, 14 de octubre de 2015

Fedea propone reestructurar Fomento para "que los políticos no utilicen el Ministerio para ganar votos"

MADRID.- El Ministerio de Fomento debería experimentar una "profunda reestructuración" con el fin de que se centrara en planificar y organizar la construcción de infraestructuras y los transportes, y no constituya un instrumento para que "los políticos ganen votos". 

Así lo propone un estudio publicado por Fedea que considera que el Ministerio de Fomento "no está organizativamente diseñado para la consecución de los objetivos que le corresponden".
"Por el contrario, permite a los políticos su utilización para ganar votos y a las empresas obtener beneficios de contratos de construcción y mantenimiento de obras de dudosa rentabilidad social", indica el estudio, realizado por Ginés de Rus, catedrático de la Universidad de las Las Palmas de Gran Canaria y profesor de la Carlos III de Madrid.
En opinión del autor, Fomento no debería tener como misión la de gastar dinero público para generar actividad económica y crear empleo. "Su responsabilidad básica es planificar y organizar de la mejor forma posible el sistema de transporte". Para ello, estima pertinente determinar un "reparto más eficiente" entre las tareas y la inversión pública y la privada.
No obstante, para cumplir con esta misión, el estudio publicado por Fedea considera necesario abordar una "reestructuración profunda" del Ministerio, que pasa por la supresión de su actual estructura organizativa por modos de transporte. En su lugar, propone la constitución de dos grandes divisiones dentro de Fomento.
Una primera estaría dedicada a "evaluar y priorizar" de forma conjunta las inversiones en transportes. La otra, "independiente" de la anterior, se centraría en el diseño, adjudicación y gestión de los contratos, preferentemente de concesión al sector privado, "garantizando que la inversión y la calidad y seguridad de la obra se fijen en beneficio del interés general".
El estudio apunta además que esta nueva estructura de Fomento requeriría de un regulador independiente que velara por los usuarios, y la normativa de contratación, regulación y precios, entre otras.
El informe reconoce que esta reforma del Ministerio, el principal organismo inversor del Estado, "sería ciertamente difícil de llevar a cabo" y requeriría un acuerdo de todos los partidos políticos.
El autor realiza esta propuesta en el marco de su estudio 'La política de infraestructuras en España: una reforma pendiente', en el que denuncia la inexistencia de una política coherente en materia de infraestructuras y transportes en España.
También señala que la actual estructura institucional "favorece la gran obra pública sin la debida consideración de su rentabilidad social" y que todo ello constituye el origen de "muchos de los problemas" del sector.
"La política en esta área se ha distinguido por su miopía y su falta de criterio económico y coordinación intermodal entre modos de transporte", indica el informe.
Así, como "evidencia abundante" de que la planificación y la gestión de las infraestructuras no responde a la maximización del bienestar social, señala las "ineficiencias" del sistema y su "alto coste económico", entre las que cita la "sobrecapacidad portuaria y aeroportuaria, el "excesivo endeudamiento" de las dos empresas públicas gestoras de infraestructuras (Adif y Aena, los "repetidos fracasos" de las concesiones de autopistas y una "deficitaria" inversión en AVE.

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