CÁCERES.- España es el único
país europeo que carece de una Ley de financiación del transporte
colectivo urbano, lo que impide diseñar un modelo homogéneo y dificulta
la planificación de los servicios a medio o largo plazo.
Así lo ha puesto de manifiesto la Asociación de Empresas Gestoras de
los Transportes Urbanos Colectivos (ATUC), y
su presidente, Miguel Ruiz ha afirmado que esta carencia es "un problema
histórico" frente a otros países de la Unión Europea que lo tienen resuelto hace
más de 40 años.
"Necesitamos unas reglas básicas que permitan financiar este sistema
de explotación, el del transporte, que ni siquiera cuenta con un sistema
homogéneo para todas las ciudades", ha reiterado Ruiz, que ya ha
trasladado esta necesidad a la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible del Congreso de los Diputados.
Esta problemática y la introducción de nuevas tecnologías al servicio
han sido debatidas estos días en Cáceres, ciudad que ha acogido el XXII
Congreso Nacional de la ATUC.
El actual sistema de financiación, sustentado en las tarifas que
pagan los usuarios y en las aportaciones que realizan las
administraciones públicas, presenta "muchos defectos".
A pesar de su carácter estratégico y de "ser uno de los pilares del
Estado de Bienestar Social", como así lo ha definido Ruiz, el sector
precisa de una ley que le permita planificar, innovar y adaptarse
constantemente a la nueva realidad social.
Sin embargo, y aún con estas dificultades, las empresas gestoras de
los transportes urbanos colectivos, entre las que figuran las de
autobuses, metros, tranvías y ferrocarriles de cercanías, han
"aguantado" la crisis con calificación cum laude.
"Con más o menos problemas de tesorería, con más o menos autobuses de
última generación, pero hemos dado la talla en la época de crisis, pues
somos un servicio público y la ciudadanía necesita que sigamos
prestando el servicio", ha afirmado el presidente de esta patronal.
Aunque en España hay dos leyes que impulsan el transporte público -la
Ley de Bases de Régimen Local, que obliga a los ayuntamientos de más
50.000 habitantes a que presten el servicio de transporte urbano; y la
Ley de Ordenación de transportes terrestres-, en ninguna se hace
referencia a la financiación.
Si bien las competencias del transporte público las tiene el Estado,
éstas han sido delegadas a las comunidades autónomas y, a su vez, son
los ayuntamientos los que crean mecanismos para la prestación de los
citados servicios.
De hecho, la mayoría de las empresas del transporte urbano están en
mano de los ayuntamientos, mientras que las comunidades autónomas se han
centrado más en metros y tranvías.
En el caso de los ayuntamientos, a excepción de Madrid, Barcelona y
Canarias, que tienen "un contrato-programa" con el Estado, reciben una
subvención estatal al déficit de explotación con la que apoyan a sus
empresas de transporte y, si es privada, mediante un contrato.
En 2014, los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes -a excepción
de los ya citados- recibieron unos 50 millones de euros, cuyo reparto se
establece a partir de tres porcentajes: un 5 % en función de la
longitud de la red, otro 5 % en base a la demanda de viajeros y un 90 %
para el déficit medio por billete.
Tres criterios, que para UPTA, ya no son válidos, pues el número de
ciudades con más de 50.000 habitantes ha crecido y, por tanto, en el
reparto entran más ayuntamientos, y la aportación del Estado no ha
crecido en términos nominales.
Frente a ello, el contrato-programa otorgó 126 millones de euros a
Madrid, 94 a Barcelona y 25 a Canarias. "La desigualdad es evidente", ha
agregado Ruiz, cuya asociación tiene claro que el transporte público no
puede ser gratuito "para todo el mundo".
"Eso es una quimera", ha remarcado. "Los ciudadanos quieren unos
servicios de calidad y quieren pagar por lo que cuesta a un precio
competitivo, de ahí la necesidad de la subvención", ha añadido.
Lo que no parece una quimera es que a medio plazo, "no sé si será
dentro de cuatro o diez años, por decir unas cifras", desaparezca la
posibilidad de abonar en efectivo el billete a la hora de acceder al
medio de transporte.
La totalidad de las empresas han introducido numerosos sistemas de
pago, desde los bono-transportes, con tarjetas por contacto o sin
contacto, a los teléfonos móviles, entre otras.
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