CARTAGENA.- El fiscal superior del TSJ, Manuel López Bernal, se hizo ayer eco de la «inquietud» instalada entre jueces y fiscales por el
impacto negativo que puede tener en los procesos de corrupción y
delincuencia económica y fiscal a gran escala, y en general en la salud
democrática del país, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
impulsada por el Gobierno.
López Bernal dijo no poder desaprovechar la ocasión del acto de apertura del Año Judicial en la Región para pedir que se
suspenda la entrada en vigor de esa norma, prevista para diciembre.
Advirtió de que la limitación, con carácter general, a seis meses del
plazo para instruir causas, y la restricción de los recursos y de la
posible práctica de pruebas complementarias, con el supuesto objetivo de
evitar que los procesos se eternicen, supone un «grave riesgo de
impunidad» por la precariedad de medios en la Justicia.
«Esto no podemos ocultarlo a la ciudadanía», enfatizó López Bernal. Y
afirmó que «la tramitación no se dilata por la desidia de jueces,
fiscales y funcionarios, sino fundamentalmente por la falta de medios de
investigación personales y materiales», y porque las partes suelen
recurrir «todas las decisiones» y generan «deliberadamente» un «colapso
de años».
A su juicio, imponer plazos es «la última medida» que debería
aplicarse. «Sin un cambio procesal previo, con los plazos que impone la
reforma se consagraría de hecho la existencia de una justicia penal para
los poderosos y otra para los más desfavorecidos. Y qué duda cabe de
que no es esto lo que pretenden nuestros representantes», alertó el
fiscal superior.
Aunque no llegó a citar a políticos, López Bernal criticó a los
legisladores y aseguró que «los que más se beneficiarán de la reforma»
serán los implicados en escándalos. En su opinión, «no es justo» que los
imputados «se vean sometidos a interminables causas con odiosos juicios
paralelos, salvo que ellos mismos sean los que provoquen
deliberadamente las dilaciones, lo que no es infrecuente». Pero hizo ver
que «más injusto resultaría que, para evitarles ese padecimiento que
todos rechazamos, pudieran quedar sin castigo los delitos más
reprochables».
Frente a este panorama, López Bernal pidió invertir más para poner a
España al nivel del resto de países de Europa. Sin renunciar al
optimismo, auguró que, por su «experiencia», seguramente pasarán «años»
antes de que se creen las 10.000 plazas necesarias en los juzgados
ordinarios, según la crónica del acto elaborada por 'La Verdad'.
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