MURCIA.- El fiscal José Luis Díaz Manzanera ha expresado este viernes su protesta
por los límites en la instrucción judicial que contempla la reforma de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), manifestándose en la misma
línea que ayer el fiscal superior de la Comunidad, Manuel López Bernal, en el
sentido de que algunas conductas vinculadas a la corrupción podrían
quedar impunes al establecerse un límite de seis meses para las causas
sencillas.
"Ese famoso artículo no puede entrar en vigor, ya que supone un
límite demasiado brusco a las tareas de investigación y vamos a estar
siempre dependiendo de que se prorrogue de forma motivada", ha comentado
el fiscal momentos antes de recibir la Cruz de la Orden de San Raimundo
de Peñafort.
En este sentido, ha asegurado que "la gran mayoría
de fiscales de España están suscribiendo una protesta a nivel individual
dirigida al Ministerio".
En su opinión, "se podrían haber fijado
unos límites pero con medios y ese es el gran problema".
"Es
impresentable que procedimientos judiciales de este carácter duren tanto
en su tramitación pero que se nos den medios", ha advertido.
También
se ha pronunciado sobre la sustitución del término imputado por el de
investigado; "una cuestión únicamente de denominación, ya que ambos son
peyorativos".
Condecorado con la Cruz de la Orden de San Raimundo
de Peñafort, Díaz Manzanera ha confesado sentirse "muy feliz" y ha
tenido palabras de recuerdo para su familia, sus compañeros, su jefe, su maestro y padrino en esta ceremonia, el fiscal y exconsejero del
Ejecutivo murciano, Manuel Campos.
Satisfecho con la labor
desarrollada, el fiscal ha asegurado que desempeñar su trabajo en los
tiempos actuales "no es difícil", tras lo que ha asegurado estar
"disfrutando mucho" con su trabajo.
Al acto han acudido, entre
otros, el exfiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce; y Antonio
Vercher Noguera, fiscal de Sala del Tribunal Supremo y coordinador de
Medio Ambiente y Urbanismo.
Así como el presidente del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme; su
antecesor y actual consejero del CGPJ, Juan Martínez Moya; y el fiscal
superior de la Comunidad, Manuel López Bernal, además de autoridades
civiles y militares.
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