MURCIA.- Cuatro ex cargos públicos y un alto funcionario de las Consejerías de
Medio Ambiente y de Obras Públicas de la Comunidad Autónoma pueden irse
ya preparando para sentarse en el banquillo por el 'caso Zerrichera'.
La Audiencia Provincial ha rechazado, uno tras otro, todos los recursos
presentados por los imputados y ha confirmado íntegramente el auto de
procedimiento abreviado (PA), equivalente al de procesamiento, que la
magistrada instructora dictó en marzo de 2014, revela hoy 'La Verdad'.
Todo ello significa que, una vez se ha confirmado que existen
indicios suficientes de criminalidad, ya solo resta que la nueva titular
del Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia, Brígida Gil -tomará
posesión en breve-, ordene la apertura de juicio oral y que las
distintas partes del proceso -fiscal, acusaciones particulares y
defensas- emitan sus respectivos informes de calificación provisional.
Unos trámites que, una vez completados, permitirían poner fecha a la
vista oral.
Salvo sorpresa mayúscula, en el banquillo se sentarán Encarnación
Muñoz Martínez (ex directora general de Medio Natural), Manuel Alfonso
Guerrero Zamora (ex director general de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo), José María Ródenas Cañadas (ex subdirector general de
Vivienda, Arquitectura y Urbanismo), Antonio Alvarado Pérez (ex director
general de Calidad Ambiental) y Juan Ignacio Sánchez Gelabert (exjefe
del Servicio de Calidad Ambiental y ex presidente de la Comisión Técnica
de Calidad Ambiental). Los tres primeros están acusados de un presunto
delito de prevaricación y los dos últimos, de prevaricación y falsedad
en documento público.
Aunque todos los recursos presentados por los imputados insistían en
la inexistencia de indicios de delito para procesarlos y conducirlos a
juicio, los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial
dejan constancia de lo contrario en tres resoluciones dictadas en los
últimos meses. En concreto, consideran que el auto de PA que dictó la
magistrada Marifé Tabasco, por el que venía a poner fin a la instrucción
iniciada en 2007, hace un «denso, meticuloso, minucioso, exhaustivo y
meritorio estudio de los hechos investigados».
Y en virtud de «esos hechos objetivos narrados que apuntan a su
ilicitud, la indiciaria participación en los mismos de los imputados, la
gravedad del fin propuesto que afectaba a la conservación de espacios
protegidos medioambientalmente y a su condición de funcionarios
relevantes, a los que con mayor rigor les es exigible su conservación»,
por todo ello, insiste la Sala, «se hace necesaria la continuación de
las diligencias por el trámite de PA, a fin de que en juicio oral y
público, se acrediten y resuelvan todas las cuestiones planteadas».
El 'caso Zerrichera', cuyas diligencias se abrieron en 2007,
investiga la supuesta recalificación ilegal de unos terrenos que el
promotor Trinitario Casanova adquirió en la finca de ese nombre
-Zerrichera-, en un paraje de la Sierra de Almenara, con el propósito de
construir una urbanización de 4.000 viviendas, hoteles y campos de
golf. Aunque el suelo era objeto de una especial protección ambiental,
por estar propuesto como Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) y
Lugar de Interés Comunitario (LIC) y no podía ser urbanizado, se
acometió una reclasificación que lo convirtió en urbanizable.
Por estos hechos llegaron a estar imputados el exconsejero de Medio
Ambiente, Francisco Marqués; el exalcalde de Águilas Juan Ramírez y el
propio Trinitario Casanova, aunque finalmente los cargos en su contra
fueron archivados. Las únicas imputaciones vigentes son las que afectan a
los cinco cargos intermedios de dos Consejerías, que son quienes
acabarán siendo juzgados.
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