El abogado Diego de Ramón sigue cosechando imputados del PP con cargo a la corrupción en el Ejecutivo

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón, que ejerce la acusación en la querella presentada contra el que fuera delegado de Gobierno y exconsejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, y contra el entonces director general de Transportes, Marcos Ortuño, por presuntas irregularidades en la concesión del Club Náutico Puerto de Mazarrón, ha criticado que ambos tenían la obligación de "supervisar y fiscalizar" el expediente.

En este sentido, De Ramón ha pedido la imputación y el ingreso en prisión de Bascuñana y de Ortuño, actual alcalde de Yecla y diputado regional.

Así lo ha hecho saber el letrado a los medios de comunicación durante un receso en la vista a la que habían sido citados Ortuño y Bascuñana este miércoles en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia.

El abogado ha lamentado que Bascuñana solo ha respondido a la jueza y a su propio abogado durante la vista, pero se ha acogido a su derecho de no contestar a la acusación. Por ejemplo, De Ramón ha preguntado a Bascuñana "si era normal que un consejero firmase algo, sin leer, por valor de 5,1 millones de euros".

Además, De Ramón también le ha preguntado si conocía al beneficiario y si "era normal que en menos de 48 horas se firmara una orden de la cesión de una concesión, cuyos derechos se elevan a 5,1 millones de euros". El trámite, según el abogado, se llevó a cabo en dos días, y se notificó al beneficiario "el mismo día en que el consejero la firmó".

Si esto es así, De Ramón considera irónicamente que "hay que ponerle a la Administración una medalla de oro del Ministerio de Trabajo por la celeridad del consejero y del director general".

Según De Ramón, el ex consejero ha declarado que "no conoce los expedientes que firma". Frente a ello, el letrado de la acusación le recuerda que, normalmente, un consejero "tiene una responsabilidad política, pero también una responsabilidad civil".

El abogado ha indicado que la cesión la firmó "el presidente del Club deportivo, J.M.R., que no acreditó su cargo, y la empresa Bolnuevo de Turismo". A los dos meses, recuerda que la misma persona que decía ser presidente de Club, "pasó a ser socio mayoritario de la sociedad que se adjudica la cesión con una participación superior al 50%".

Posteriormente, a los siete meses, "se amplió la concesión, y dos o tres semanas después se multiplicó por 375 por ciento de lo que estaba ajustado", según el abogado.

Lo "extraño", según De Ramón, es que una propuesta "se vea en dos días, se firme y ese mismo día se entregue al beneficiario", ya que se trata de algo que no ha visto "en 30 años de profesión".

Además, ha advertido que un funcionario, concretamente el jefe de infraestructuras, detalló en el expediente que el proyecto estaba "muy mal hecho" y que "faltaban documentos y requisitos". Mientras tanto, ha reconocido que el libro de actas y cuentas del Club Deportivo "nunca ha aparecido".

De Ramón ha lamentado que Ortuño no pidió el justificante que demostraba que los socios del Club habían aprobado la operación, a pesar de que era su "obligación". De hecho, remarca que el actual alcalde de Yecla "es abogado en ejercicio antes de acceder a la carrera política", y considera que, como director general, tenía obligación de "supervisar, vigilar y fiscalizar lo que hacen sus subordinados".

"El director general tiene el deber de examinar lo que han hecho sus subordinados, por si uno de los funcionarios comete un error, voluntario o involuntario", según el letrado. Mientras tanto, Ortuño se defiende diciendo que es un "mero tramitador", lo que para De Ramón supone "un insulto para un profesional".

"Una cesión de más de cinco millones de euros no es una mera tramitación, sino que tienes que examinar, comprobar y vigilar si está todo ajustado a derecho, porque para eso es abogado, director general de Transportes y se le paga del dinero de los murcianos, para vigilar el trabajo que hacen los funcionarios", reprocha.

Este miércoles también han sido citados a declarar como testigos dos funcionarios encargados de la redacción del informe favorable del proyecto.

El miembro de la Plataforma del Puerto Deportivo, Juan Baeza, ha señalado que llevan muchos años "persiguiendo las cosas fraudulentas que se han cometido".

Por ejemplo, lamenta que hay más de 5.000 metros cuadrados convertidos en locales de restauración y cafeterías, que "superan en 4.000 metros cuadrados aproximadamente los 1.200 metros cuadrados de superficie que tiene ese Puerto concedidos". Además, ha reprochado que "están construyendo segundas plantas" en algunos de esos establecimientos.

Mientras tanto, lamenta que en el Puerto "no hay un tráfico rodado que permita llevar un motor o unas baterías a un barco", algo que "no sucede en ningún otro puerto de España". Como resultado, critica que el espacio se ha convertido "en un gran centro de ocio". La "guinda del pastel", a su juicio, es que el centro de los socios "se ha convertido en un súper restaurante".

Frente a ello, recuerda que la licencia de los puertos deportivos se concede "para hacer actividades no lucrativas de fomento del deporte". En cambio, reprocha que en Mazarrón no se ve "a un solo niño con un pequeño barco" porque hasta los locales en los que tenían que estar esos barquitos "están llenos de cajas de refrescos". Pasado mañana "veremos juegos de ruletas y naipes", advierte.

Baeza lamenta que "no se persigue el bienestar de ninguno de los socios, no hay gasolina ni depósitos correspondientes para quitar las aguas negras, ni se ha hecho la recepción definitiva porque, en caso contrario, estaría implicada totalmente la Administración".

La querella fue interpuesta por parte de un grupo de propietarios del puerto deportivo de Mazarrón, que acusa a Bascuñana y a Ortuño de prevaricar en los años en los que fueron consejero de Obras Públicas y director general de Puertos de la Comunidad, respectivamente.

En la querella, el abogado Diego de Ramón recuerda que J.M.R., registró un escrito de fecha 6 de octubre de 2005 en la Consejería manifestando actuar como representante legal de la entidad 'Sociedad Club Náutico Puerto de Mazarrón' y A.M.C. como legal representante de la mercantil Bolnuevo de Turismo, S.A (BOLTUSA).

En ese escrito, J.M.R., como presidente de la concesionaria Club Náutico Puerto de Mazarrón cedía la totalidad de la indicada concesión a la empresa Bolnuevo de Turismo por 160.000 euros de forma "ilegal", ya que "carecía de la debida autorización de la Asamblea General del Club, único competente para la adopción del acuerdo de cesión".

De Ramón destaca que el presidente del Club Náutico Puerto de Mazarrón pasó a ser con fecha 28 de diciembre de 2005 Administrador Único de la empresa Bolnuevo de Turismo, S.A, con más del 50 por ciento de participación en la Sociedad, esto es, sólo dos meses y 22 días después de haber cedido la concesión como presidente del Club Náutico, que carece de ánimo de lucro a dicha mercantil.

Según el abogado, "nunca se hubiera podido llevar a cabo si el presidente del Club, hoy Administrador único de Bolnuevo de Turismo S.A (BOLTURSA), no hubiera tenido el apoyo y colaboración de las personas responsables de la Administración, debido a la connivencia, confabulación y asentimiento que constituye la prevaricación denunciada".

Se defienden los acusados

El ex director general de Transportes y Puertos, Marcos Ortuño, actual alcalde de Yecla y diputado regional, ha defendido que su actuación en la tramitación de la aprobación del puerto deportivo de Mazarrón se basó en "informes técnicos", mientras que el entonces consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, Joaquín Bascuñana, ha explicado que él solo firmó un proyecto que llevaba "los informes técnicos y jurídicos", que eran "totalmente favorables".

Así lo han hecho saber tanto Ortuño como Bascuñana a los medios de comunicación, ante los que han comparecido por separado poco después de declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia, Brígida Gil Páez, que les ha citado este martes por la querella sobre la tramitación de la concesión administrativa por el puerto deportivo en Mazarrón hace nueve años.
Ambos han llegado por separado a la Ciudad de la Justicia de Murcia poco antes de las 10.00 horas. Bascuñana ha comparecido acompañado de su letrado, decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, y Ortuño acompañado por el letrado Francisco José López.
La jueza ha escuchado a Bascuñana, también ex delegado del Gobierno, mientras que Ortuño ha mostrado su voluntad de declarar, pero la jueza le ha emplazado a acreditar su condición de aforado como diputado regional, ya que se trata de una condición que podría suponer el traslado del proceso al Tribunal Superior de Justicia.
A preguntas de los medios de comunicación, Ortuño ha querido aclarar que él no ha acudido a declarar como imputado, sino que ha acudido ante la jueza a ser "oído" voluntariamente de los hechos de una querella de la que, además, dice haberse enterado "por la prensa".
Ha recordado que, en julio de este año, ya compareció voluntariamente en el Juzgado de Instrucción para personarse en las diligencias y se le notificara la querella. En este sentido, ha reseñado que las cuestiones planteadas en la querella "ya fueron rechazadas y desestimadas por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia y, posteriormente, del Tribunal Supremo.
Asimismo, ha rememorado que los hechos de la querella se remontan a hace aproximadamente diez años, por lo que ha transcurrido "muchísimo tiempo", y defiende que su actuación se limitó a elevar una propuesta "basada en los informes técnicos que obran en el expediente, evidentemente, como un mero acto de trámite". Se trata, critica, de unos informes que los denunciantes "han ocultado en la querella que han presentado", en su opinión, "de forma malintencionada".
Ortuño ha querido dejar claro que su voluntad ha sido la de comparecer "de forma voluntaria para poder esclarecer los hechos", y ha querido hacer una "reflexión", indicando que, cuando una persona está al servicio del interés público y tiene la responsabilidad de gestionar, "tiene que tomar decisiones".
"Las decisiones, en la mayoría de los casos, son acertadas, como entiendo que es el caso del puerto deportivo de Mazarrón", según Ortuño, pero a su juicio, hay ocasiones, que no se corresponden con la de "este caso", en las que las decisiones "no son tan acertadas". En estos casos, cree que no se puede considerar como consecuencia de ellos que "estemos hablando de la comisión de un delito".
En este sentido, ha afirmado que él confía "plenamente en la Justicia", y se ha mostrado convencido en que "todo transcurrirá con normalidad y con agilidad, de forma que todo quedará aclarado".
Por otro lado, Ortuño ha reconocido que la jueza ha suspendido su declaración este miércoles por la mañana para que certificara su aforamiento. El diputado ha entregado su credencial como tal y, posteriormente, la magistrada le ha permitido hacer las declaraciones que considerara oportuno.
En este sentido, ha precisado que él no puede renunciar a su condición de aforado, y ha insistido en que no está imputado, sino en que ha acudido voluntariamente para tratar de aportar todo lo que sabe de este expediente para que "todo se resuelva lo antes posible".
"Es un acto meramente administrativo, y quien diga otra cosa lo dice de mala fe o por otros intereses", ha indicado.
Por otra parte, Bascuñana ha reconocido ante la jueza que ostentaba el cargo de consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes en el momento en el que se tomó la decisión y, a partir de ahí, ha puntualizado "cómo se manifestó la información que tenía como consejero" en ese momento.
A este respecto, ha defendido que su actuación fue como la de "cualquier otro consejero" ante "cualquier orden que le viene". Así, recuerda que hubo una propuesta, en primer lugar por parte del director general y que llevaba "los informes técnicos y jurídicos", que eran "totalmente favorables".
"Por tanto, el consejero lo que hace es firmar esa orden que procede jurídicamente y técnicamente", tal y como ha transmitido Bascuñana tanto a la jueza como a los medios de comunicación. Así, ha justificado que él no tenía "obligación" de leerse "el informe completo", que al final "se resume en el informe jurídico y el informe técnico".
"Para eso están los técnicos y todo el personal funcionarial de la Dirección General", según ha destacado Bascuñana, quien cree que "todo se resume en esos dos informes". Si ha habido alguna "dificultad o pega", Bascuñana afirma que "se ha ido resolviendo" pero, al final, lo que se recoge es que los informes técnico y jurídico son "favorables y reúnen todos los requisitos".
Ha afirmado que el consejero "sí que lee" estos dos informes técnico y jurídico y, además, previamente los ha "recogido" el director general en la propuesta que le hace al consejero para la firma. "Lo que no puedo, como ustedes comprenderán, es leerme todo el expediente, porque para eso están los técnicos".
En este sentido, el ex consejero de Obras Públicas ha remarcado que él confía "plenamente" en esos técnicos, que considera que hicieron un trabajo "interesantísimo y muy profesional".
Además, ha querido precisar que el consejero "es un cargo político y no es un especialista ni técnico; ni es arquitecto, ni es un jurista". Al contrario, ha considerado que, para eso, "están los profesionales en la materia", y ha remarcado que el consejero "se lee aquello que se tiene que leer, pero no el expediente completo".
Bascuñana ha dicho desconocer si había algún informe desfavorable de algún técnico. "Yo lo que conozco es el informe favorable, y si hay algún funcionario que reconoce que no se tramitó bien, estamos hablando de ellos mismos en el trámite", ha destacado Bascuñana, quien explica que a él le llegó "el trámite terminado y favorable en todos sus aspectos".
"Están todos los informes y la propuesta por parte del director general", ha defendido Bascuñana, quien cree que se hizo "una gran obra". Asimismo, ha desmentido que el proyecto se tramitara a más velocidad que otros proyectos, ni con "urgencia", sino "igual que todos los demás".
"Lo que sucede es que este consejero, excepto días en los que estuviera fuera por razones obvias, he sido una persona que en los diversos cargos que he tenido responsabilidad he firmado prácticamente todos los días, y no veía necesidad de que si un documento estaba terminado permaneciera sobre la mesa una semana o tres días", ha matizado.
Bascuñana ha defendido que este martes, durante su declaración en sede judicial, él ha respondido "perfectamente" a las preguntas tanto de la jueza como de su abogado, pero no a las del Fiscal porque no estaba presente. Asimismo, ha reconocido que no ha contestado a las preguntas del abogado de la acusación, porque él no tiene "obligación" de responder a las preguntas de los querellantes.