Nadie duda de que la seguridad social española, a pesar de sus muchísimos aspectos positivos, actualmente está haciendo aguas por bastantes partes. Nadie duda tampoco de que las necesidades de millones de familias españolas son enormes, y hasta la misma Administración empieza a darse cuenta de que no se puede poner a una familia, así sin más, de patitas en la calle y de que hay que hacer algo en este campo. Es evidente también que los emigrantes y refugiados están planteando un serio problema a la mayoría de los países de la Unión Europea. Hasta aquí creo que estamos todos de acuerdo. Pero pretender echar a los emigrantes y refugiados, aunque nada más sea en parte, la culpa de la situación que estamos viviendo en España y en Europa, además de no basarse en datos objetivos, está rayando en la xenofobia, por no decir que es una actitud profundamente xenófoba.
Hay otra forma más sibilina de disfrazar esta actitud: nos limitamos a recortar los auxilios sociales y la sanidad a cierta categoría de emigrantes, en concreto a los emigrantes sin papeles, pues, aunque todos somos personas, unos somos más personas que otros.
No me atrevo a hablar aún de derechos de esas personas, es decir de los inmigrantes sin papeles, porque sé que muchos “políticos que se llaman proges” me saltarían a la yugular, lo harían basándose en motivos puramente formalistas y burocráticos: “están fuera de la Ley, y, por tanto, bastante hacemos con no dejarlos morir y tratarlos en los casos de urgencia y en otros casos excepcionales, pues no tienen ningún derecho”.
Hay otra forma más sibilina de disfrazar esta actitud: nos limitamos a recortar los auxilios sociales y la sanidad a cierta categoría de emigrantes, en concreto a los emigrantes sin papeles, pues, aunque todos somos personas, unos somos más personas que otros.
No me atrevo a hablar aún de derechos de esas personas, es decir de los inmigrantes sin papeles, porque sé que muchos “políticos que se llaman proges” me saltarían a la yugular, lo harían basándose en motivos puramente formalistas y burocráticos: “están fuera de la Ley, y, por tanto, bastante hacemos con no dejarlos morir y tratarlos en los casos de urgencia y en otros casos excepcionales, pues no tienen ningún derecho”.
De momento sólo quiero decir que el Derecho a la vida y a una existencia digna está por encima de cualquier norma y del Derecho de cualquier país, y que, aunque pueda haber abusos, como los hay en todos los sectores y en todas partes, esto no puede ser un excusa para que los gobiernos o las personas nos saltemos unos principios y unas normas éticas que tienen más valor que cualquier Ley. El emigrante sin papeles no está en la mayoría de los casos fuera de la Ley.
Prescindamos de hablar de derechos de las personas sin papeles, pero de lo que sí podemos hablar es de las obligaciones que tienen los países de la Unión Europea y los países que han firmado el Convenio de Derecho Humanos o el Convenio de Ginebra sobre los refugiados. La siguiente frase del artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea lo dice bien claro:
“Toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales”
Esta Carta forma parte de los Tratados de la UE, es decir está en la Constitución de la UE. Y la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) ha publicado un informe en el que dice lo siguiente:
Prescindamos de hablar de derechos de las personas sin papeles, pero de lo que sí podemos hablar es de las obligaciones que tienen los países de la Unión Europea y los países que han firmado el Convenio de Derecho Humanos o el Convenio de Ginebra sobre los refugiados. La siguiente frase del artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea lo dice bien claro:
“Toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales”
Esta Carta forma parte de los Tratados de la UE, es decir está en la Constitución de la UE. Y la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) ha publicado un informe en el que dice lo siguiente:
“El acceso a la atención sanitaria necesaria debe facilitarse a los inmigrantes irregulares con arreglo a los mismos criterios que a los nacionales, aplicando idénticas normas en materia de pago de honorarios y exenciones.”
La exclusión de la tarjeta sanitaria no se justifica ni jurídicamente, como acabo de demostrar, ni constitucionalmente, pues el Tribunal Constitucional ya se ha manifestado al respecto en el caso de Navarra, que, por cierto, no ha retirado la tarjeta sanitaria, ni económicamente, pues la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, la Defensora del Pueblo y la realidad han demostrado que sale más cara la atención por urgencia que el seguimiento médico normal y la prevención sanitaria, ni humanamente, ya que se trata de las personas más necesitadas y más vulnerables de nuestra sociedad.
¿En qué se funda, por tanto, la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles, cuando el mismo PP está al parecer dando marcha atrás? Sólo tiene una justificación política. Acudir a los sentimientos egoístas de las personas para arañar un puñado de votos puede ser muy peligroso, pretender declarar culpable, aunque sólo sea parcialmente a alguien que no se puede defender, no es un juego limpio y decir que hay que proteger la sanidad española recortando los servicios a los inmigrantes sin papeles, es algo va en la línea de aquella frase, tristemente famosa y tan socorrida en algunos círculos, de “España nos roba”.
Son otros los que nos roban, pero no los inmigrantes sin papeles.
La exclusión de la tarjeta sanitaria no se justifica ni jurídicamente, como acabo de demostrar, ni constitucionalmente, pues el Tribunal Constitucional ya se ha manifestado al respecto en el caso de Navarra, que, por cierto, no ha retirado la tarjeta sanitaria, ni económicamente, pues la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, la Defensora del Pueblo y la realidad han demostrado que sale más cara la atención por urgencia que el seguimiento médico normal y la prevención sanitaria, ni humanamente, ya que se trata de las personas más necesitadas y más vulnerables de nuestra sociedad.
¿En qué se funda, por tanto, la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles, cuando el mismo PP está al parecer dando marcha atrás? Sólo tiene una justificación política. Acudir a los sentimientos egoístas de las personas para arañar un puñado de votos puede ser muy peligroso, pretender declarar culpable, aunque sólo sea parcialmente a alguien que no se puede defender, no es un juego limpio y decir que hay que proteger la sanidad española recortando los servicios a los inmigrantes sin papeles, es algo va en la línea de aquella frase, tristemente famosa y tan socorrida en algunos círculos, de “España nos roba”.
Son otros los que nos roban, pero no los inmigrantes sin papeles.
(*) Secretario de Acción Política de CILUS – Ciudadanos Libres Unidos - y ex funcionario europeo
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