Sí, en un cigarral toledano ha tenido lugar la reunión estratégica
convocada por Rajoy para aleccionar a los suyos, a modo de arenga del
jefe, en previsión del combate que se avecina. Se ha llevado a los ministros, la dirección nacional del partido, los portavoces de los grupos parlamentarios y los presidentes regionales.
Un verdadero estado mayor. El lugar está muy bien elegido. Un cigarral
nombre que, supongo, designará una lugar en el que antaño abundaban las
cigarras. El canto de las cigarras suele ser monótono y aburrido y muy
persistente.
Es buen acompañamiento, incluso ideológico, para las
cavilaciones de Rajoy al comienzo de la precampaña electoral. Es un
símbolo del mensaje que siempre lanza: somos seguridad, los de siempre,
los normales, los del sentido común, como Dios manda. Y así una y otra
vez, y otra. Como las chicharras. Hasta que la idea, convertida en
martillo, entre en la cabeza del auditorio como la gota malaya. Una
discurso que los medios audiovisuales tienen que repetir hasta la
extenuación. Un discurso elemental, condensado en tres sencillos
enunciados:
1) todo lo que hubo antes del gobierno del PP fue ruina y
desastre; 2) con las políticas realistas y responsables del PP, el país
está remontando, saliendo de la crisis; 3) quienes digan lo contrario
mienten y sus propuestas solo conducirían a la catástrofe. A Franco le
dio un resultado óptimo durante cuarenta años. Tanto que no le era
necesario convocar fastidiosas elecciones.
El
discurso del presidente no tiene nada que ver con la realidad pero eso
no es importante. No lo hace para entender la realidad o mejorarla, sino
para ocultarla, mentir sobre ella, convertirla en otra que él y los
suyos se inventan o, plagian del otro lado del Atlántico. No va a salir
diciendo que ha arruinado el país, esquilmado el fondo de
pensiones, aumentado el déficit, dejado el paro como estaba o
peor, empobrecido a la población mientras él y los suyos se apropiaban
del común por todos los procedimientos, incluidos la corrupción y el
delito. No va a decir que, mientras sostiene que la ley de dependencia
no es viable, él mantiene a su padre, dependiente, con cargo al dinero
de los contribuyentes. No va a reconocer su responsabilidad en los
papeles de Bárcenas y el presunto beneficio personal que obtuvo del
asunto. Tampoco va a admitir que la relación entre el PP y la trama
Gürtel es simbiótica y ha corrompido las instituciones del país.
Nada que ver con la realidad real. Todo con una realidad inventada
en la cual puede decirse cualquier cosa y arremeter contra los
adversarios con la alegría de disponer de un verdadero frente mediático y
de no hacerse responsables de nada. La idea es presentar el PP como una
empresa seria, sólida, responsable y no un chiringuito montado deprisa y
corriendo o un partido hecho a partir de una tertulia televisiva. Grave
afrenta a la televisión de la que el PP se sirve en régimen de
monopolio en el caso de los medios públicos y de oligopolio en el de los
privados. Sobre todo porque el PP es un partido hecho en tertulias
televisivas y normalmente monocordes.
El
mensaje de la chicharra es: el PP es un partido en el que se puede
confiar. La corrupción no existe, la condición del PP como presunta
asociación de malhechores, tampoco. Nada se mueve. El PP ganará las
próximas elecciones de modo holgado, según su propio juicio. Todo
seguirá sin moverse y gobernado por un partido cuyas políticas
profundamente injustas se orientan a aumentar la tasa de explotación de
los trabajadores y el expolio de la ciudadanía, tanto en el orden
económico como en el de los derechos y libertades.
Obligado
aparte en referencia colateral a Cataluña: nadie va a romper España, la
ley se cumplirá y se adoptarán las medidas necesarias al efecto. De
dialogar, nada; de negociar, menos. Nación no hay más que una, la
española y en esto cuenta con el apoyo entusiasta del otro gran partido
dinástico. Quienes en Cataluña proponen esperar a las elecciones de
diciembre para ver si hay algo que negociar con España son gentes bien
intencionadas pero algo ilusas.
La Iglesia está muy presente en la vida pública. La jerarquía se expresa
con frecuencia sobre asuntos de interés general y habitualmente en la
perspectiva más conservadora y hasta reaccionaria. Monseñor Cañizares se
pasea por ahí con una capa de cinco metros de cola roja por si alguien
no se había dado cuenta de que es cardenal y aprovecha para enredar y
azuzar contra los refugiados. Pregunta si todos ellos son trigo limpio.
Puede que no, claro, pero la cizaña ya la pone él. Monseñor Rouco,
desde su ático de lujo, seguirá planeando, es de suponer, la
re-evangelización de España.
Monseñor Reig, desde Alcalá de Henares
elabora doctrina homófoba a base de entender la opción sexual como una
patología. Él, que es cura católico y, por tanto, de cosas sexuales solo
sabe lo que le haya contado el Espiritu Santo. El cura ese de los
Jerónimos, que oficia misas por Franco y anhela una nueva cruzada para
salvar a España de la hez habitual. La Iglesia es presencia permanente y
los clérigos no paran de opinar sobre lo que les compete y lo que no
les compete.
A
su vez, las personas públicas civiles, políticos, comunicadores,
periodistas, publicistas, son extraordinariamente parcas en su discurso
sobre la Iglesia. Reina el silencio de la prudencia, por no decir miedo.
Unos no hablan porque no se atreven a suscitar la reacción eclesial y
otros, porque no les hace falta. No hablan de su fe sino que la ejercen a
la vista pública sin ningún respeto mundano. El ministro del Interior
lleva condecorada media docena de vírgenes o sea, de estatuas de la
Virgen, es decir, media docena de leños policromados con cargo al
erario.
Algunas mujeres del gobierno y el partido, en cuanto pueden, se
visten de mantilla y peineta, todas de negro al estilo tradicional de la
devoción española. Todos los cargos juran delante de un crucifijo, con
una mano sobre los evangelios. Muchas de sus medidas políticas se
adoptan invocando poderes milagrosos de diversas vírgenes y santas. Y no
se trata solamente de políticos de la derecha. En el PSOE hay
chupacirios más beatos que los del PP. Algunos, incluso, son más
papistas que el Papa. Sobre todo este, que es medio montonero.
Obviamente,
nadie niega a la Iglesia el derecho a predicar y hacerse oír sobre
cuanto juzgue conveniente que es todo pues su negociado es la salvación
de las almas. Pero ese derecho debe ejercerse en condiciones de igualdad
con otras gentes con negociados igualmente encomiables: la asociación
de alcohólicos anónimos, los amigos de los animales o la Liga
Antidifamación B'nai B'rith, etc. El clero católico recibe un trato
privilegiado. La Iglesia en su conjunto, como asociación o sociedad
perfecta, según ella misma, es un Estado dentro del Estado y no solo
tiene una condición de absoluta inmunidad fiscal sino que recibe
transferencias netas de las arcas públicas en miles de millones de
euros. Con parte de estos financia sus medios audiovisuales desde los
que defiende al gobierno y su partido y ataca sistemáticamente a la
oposición. La que sea.
Esta
situación tan absurda debe acabarse de modo tajante, aplicando cuando
menos la timorata separación entre la Iglesia y el Estado que se prevé
en la Constitución. El PSOE, según parece, se compromete a revisar los
famosos Acuerdos de 1979,
sucesores del Concordato de 1953 y de dudosa constitucionalidad.
Debiera denunciarlos sin más y pasar a una ejecución del principio de
autofinanciación de la Iglesia, recogido en los Acuerdos pero jamás
aplicado. Amén de ello, la Iglesia, como asociación privada que es, por
muchas que sean sus peculiaridades, debe atenerse al régimen fiscal
ordinario en todos los aspectos, desde el impuesto de sociedades, el
IRPF, el IBI, el IVA, todos. Y sin excepciones. Carece de sentido esa
que introduce el PSOE de que no paguen el IBI los edificios destinados
al culto. ¿Por qué no?
Para
ser una sociedad moderna es necesario que los ciudadanos que quieran
disponer de los servicios de una iglesia se la paguen de su bolsillo. No
del de todos. Asimismo es preciso revisar otra serie larga de abusos y
privilegios. Por ejemplo, hay que suprimir el cobro de una entrada en
las catedrales y templos importantes, igual que la Iglesia deberá
devolver todos aquellos bienes inmuebles que hayan inmatriculado a su
nombre sin tener títulos para ello. El PSOE promete aquí una especie de
nueva desamortización ya que, según parece, la Iglesia ha inmatriculado
más de 4.000 propiedades por este procedimiento. Entre otras, la
mezquita de Córdoba que ha pasado a su propiedad por 60 euros
Tomamos
nota de estos compromisos del PSOE y recordamos con escepticismo que la
ejecutoria de ese partido en materia de relaciones Iglesia-Estado no es
brillante. Ni los gobiernos de González ni los de Zapatero amagaron
siquiera con cumplir con la aconfesionalidad del Estado. Pusieron un
ejemplar de la Constitución junto a los evangelios por si algún rojo
quería prometer por lo civil y se dedicaron a mimar al clero. El último
gobierno de Zapatero se atrevió a pergeñar un proyecto de ley de
libertad religiosa que metió luego en el cajón, asustado cuando los
curas fruncieron el ceño. Para contentarlos ese mismo gobierno
socialdemócrata incrementó del 0,5 al 0'7% de la cuota de cada cual la
cantidad que los contribuyentes católicos pueden aportar a su Iglesia.
A la vista de lo anterior, el crédito de los socialistas en referencia a las relaciones Iglesia/Estado es escaso.
En
un asunto me pica la curiosidad. La Iglesia está también muy presente
en Cataluña. Incluso más que en el resto del Estado. En Cataluña hay dos
monjas muy implicadas en el ámbito público y en el proceso
independentista, Teresa Forcades y Lucía Caram. Pero, además, hay mucho
clero y jerarquía detrás del independentismo. No solo párrocos
vehementes con la estelada sino prelados que ponen los puntos sobre las
íes a sus pares españoles cuando a estos se les escapa la fiebre
nacionalcatólica en versión imperial. A su vez, los políticos catalanes
soslayan todos los temas religiosos, excepción hecha de Unió, claro, que
es organización democristiana. Misma prudencia que en España. Sin
embargo, la pregunta es obligada: en el caso de una República catalana,
¿qué lugar ocuparía la iglesia católica? ¿Seguiría siendo una
organización privilegiada, un Estado dentro del Estado?
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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