Vamos a ver si el presidente del Gobierno Mariano Rajoy es capaz de
hacer frente como promete al proceso de ruptura de la unidad de España
lanzado ayer por los partidos secesionistas CDC, ERC y CUP en el
Parlamento de Cataluña. Situación de la mayor gravedad que requiere de
la contundencia del Gobierno y del resto de las instituciones españolas
afectadas, Parlamento español, Tribunales Constitucional y de Justicia,
Fiscalía, así como de la coordinación y la unidad de las fuerzas
políticas constitucionalistas.
Y que se cuide muy mucho Rajoy de hacer electoralismo con esta
cuestión porque en su declaración institucional ya cometió el error de
hablar no solo en el nombre del Gobierno de España sino y también a
título personal. Porque en las actuales circunstancias tan importante es
la firmeza en las actuaciones como la unidad de los ciudadanos y
partidos constitucionalistas. No vaya a ser que Rajoy incurra en el
mismo error que cometió José María Aznar cuando pretendió abordar en
solitario la crisis de los atentados terroristas del 11-M de 2004 en
Madrid.
Máxime cuando sabemos que si Rajoy se hubiera enfrentado a la
Consulta del 9N de 2013 como debió hacerlo y hubiera hecho entonces las
reformas oportunas de las competencias del Tribunal Constitucional y
denunciado la convocatoria de las ’elecciones plebiscitarias’ del 27-S
que eran un claro ‘fraude de ley’, o haberlas hecho coincidir con los
comicios generales del 20-D, seguramente no estaríamos ante esta grave
situación. De hecho la sola presentación en el Parlamento catalán de la
moción secesionista, como documento y hecho jurídico que es, podría
haber puesto en marcha, el mismo martes, los misteriosos ‘mecanismos’ de
Rajoy.
En su declaración institucional Rajoy sigue sin explicar a los
españoles lo que va a hacer para frenar el desafío catalán y se limita a
repetir lo mismo que en últimos meses que: ‘El Estado no va a renunciar
al uso de todos los mecanismos políticos y jurídicos que, en defensa de
la soberanía del pueblo español y del interés general de España, le
atribuyen la Constitución y las Leyes’. Palabras sin contenido preciso, y
similares palabras a las que pronunció antes de la Consulta del 9N de
2013, que luego no cumplió, lo que constituye un elemento añadido para
la preocupación de los españoles a los que Rajoy ahora les pide
‘tranquilidad’.
El desafío catalán ha llegado al punto final de la ruptura con España
desde la más absoluta ilegalidad y poniendo a prueba la fortaleza de la
Constitución Española y la unidad nacional. Esta es la situación que se
desprende de la moción presentada en la ‘mesa’ del Parlamento catalán
por los integrantes de los grupos ‘Juntos por el sí’ –CDC y ERC’- y las
CUP y en la que se anuncia el inicio del proceso secesionista para ‘la
declaración del Estado catalán independiente con forma de república’, y
la desobediencia a las instituciones y leyes del Estado español y
especialmente a las decisiones del Tribunal Constitucional.
Declaración que será previsiblemente aprobada en el pleno de la
Cámara catalana de la semana próxima, con los votos de los 62 diputados
secesionistas firmantes de la moción, a los que puede que se le sumen
algunos de la candidatura de ‘Si que es pot’ donde se integra Podemos,
como ocurrió en la votación del nombramiento de Carme Forcadell como
presidenta del Parlamento catalán. Todo ello y a sabiendas que los
secesionistas -se vio en las elecciones ‘plebiscitarias’ del 27-S-, no
llegaron al 48% de los votantes catalanes, y ni siquiera al 36% del
censo. Lo que les quita, además de ponerse fuera de la Constitución de
la que emana la propia legitimidad del Parlamento de Cataluña, cualquier
atisbo de legitimidad moral y democrática.
¿Cuáles son esos famosos ‘mecanismos’ que presume tener preparados
Rajoy para impedir el proceso secesionista? De momento no los ha
explicado y cabe imaginar que para no dar pistas a los independentistas,
pero ya no estamos en el tiempo de jugar al ratón y al gato sino de
pasar de una vez por todas a la acción.
Imaginamos que los ‘mecanismos’ en cuestión a los que se refiere
Rajoy son por una lado la presentación, tras la aprobación de la moción
secesionista, del recurso urgente de inconstitucionalidad ante el
Tribunal Constitucional para que declare ilegal el proceso secesionista y
suspenda, hechas las advertencias necesarias, tanto la moción aprobada
por la Cámara, como a Artur Mas en sus funciones actuales de presidente
en funciones de la Generalitat.
Así como a todos los cargos públicos que vulneren la decisión del TC,
de acuerdo con las nuevas facultades que tiene el TC para que se
cumplan todas y cada una de sus decisiones y sentencias. Asimismo el TC
puede imponer multas y derivar hacia los tribunales ordinarios todas y
cada una de las responsabilidades penales que se deriven del
incumplimiento de sus decisiones y de la legalidad vigente.
Asimismo, el Gobierno tiene a su alcance el Artículo 155 de la
Constitución que, previo aviso al presidente catalán en funciones y con
el apoyo del Senado, podría conducir a la suspensión del total o parcial
de la Autonomía de Cataluña que, en ese caso, sería controlada y
administrada por las instituciones del Estado. Desde luego y si los
responsables del proceso secesionista se empeña desobedecer a los
tribunales, incluido el TC, el gobierno deberá hacer cumplir la
legalidad utilizando, si la situación lo requiere, el uso de las Fuerzas
de Seguridad del Estado.
Estos parecen ser los mecanismos de la esperada y contundente
respuesta del Gobierno al proceso secesionista si el Parlamento catalán
lo pone en marcha la próxima semana. Decisiones claras, urgentes y
contundentes que puede que sean contestadas con desórdenes públicos e
interferencias provocadoras durante la celebración de las elecciones
generales del 20-D.
El presidente Rajoy se ha puesto en contacto para actuar de manera
conjunta con los líderes políticos del PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y
Albert Rivera, y llama la atención las reticencias de IU y el paso de
Podemos hacia el independentismo al insistir Alberto Garzón y Pablo
Iglesias a estas alturas, y cuando los secesionistas colocan fuera de la
ley, en el discurso del diálogo, la negociación y la celebración de un
referéndum independentista que también es inconstitucional.
De igual manera que llama la atención que CDC, ERC y CUP hayan
decidido poner en marcha el proceso sin esperar a la investidura del
nuevo presidente catalán y en medio de las pruebas contundentes de la
corrupción del 3 % que implican de lleno a la familia Puyol, a
Convergencia y a la propia Generalitat, lo que demuestra que la urgencia
del proceso secesionista incluye la pretensión de encubrimiento de una
banda criminal.
Estamos en un momento crucial de la vida política española, el más
grave desde el Golpe de Estado del 23-F desde el inicio de la Transición
democrática, y todo ello en medio de un proceso electoral que no
debería ser utilizado por el Gobierno del PP en su beneficio haciendo
buena la idea de ‘cuanto peor para España mejor para el PP’. Esta es una
cuestión de Estado que afecta a todos por igual.
(*) Periodista
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