Aunque la
coalición ganadora de las elecciones catalanas del 27 se septiembre
anunció el martes pasado su programa de ruptura con el Estado español,
que se pondría en marcha tan pronto como se formase el nuevo parlamento,
la Candidatura de Unidad Popular (CUP), el partido anticapitalista y
secesionista que tiene, con sus diez diputados, la llave para la
formación de un nuevo gobierno, quiere la desconexión de Cataluña con el Estado español “ya”.
Sin
embargo, el proyecto de declaración de la mayoría
independentista presentado el martes 27 ante la mesa del
parlamento, y que se aprobará tan pronto como éste se forme, da un
plazo de 30 días para aprobar las leyes que aseguren el “proceso de
desconexión democrática”.
La impaciencia de la CUP con ese plazo se ha puesto de manifiesto al
denunciar, en un comunicado emitido este miércoles, “la
decisión del gobierno en funciones, de la Generalidad de Cataluña,
de que los Mossos (d’Esquadra) ejecuten órdenes de la Audiencia
Nacional”. La nota se refería a la operación de la policía
autonómica contra un grupo anarquista acusado de la comisión de
actos terroristas, operación ordenada por el tribunal
encargado de la lucha contra el terrorismo, y que se llevó a cabo el
miércoles 28 mediante la detención de ocho personas.
Como protesta por la “colaboración” de la policía catalana con un tribunal español, la CUP suspendió una reunión prevista con portavoces de la coalición electoral Junts pel Si (JpS) para seguir negociando la formación del gobierno resultante de las urnas del 27 de septiembre, y la confirmación o no del presidente en funciones, Artur Mas como nuevo ‘president’, que la CUP rchaza. La presidencia de Mas fue condición necesaria para que Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) se decidiera a formar con Esquerra Republicana (ERC) la coalición electoral JpS, que resultó, con 62 diputados, ganadora aunque sin mayoría suficiente para gobernar.
La coalición anticapitalista se ha transformando en un movimiento que se presenta como, además de secesionista, revolucionario. El comunicado de la CUP avisa claramente: “Cualquier proceso de ruptura con España consideramos que debe incluir la desobediencia a tribunales españoles represores y herederos del Tribunal de Orden Público”, y declara que en la República Catalana “la represión contra los movimientos populares no debe tener cabida”, para pedir a continuación “una transformación de raíz y la democratización del cuerpo de los Mossos”.
La realización de esta propuesta está en contradicción directa con el planteamiento de la ruptura según la formula la “Declaración de inicio del proceso para el estado catalán”. Su punto 7 dice: (El Parlament) ”Adoptará las medidas necesarias para abrir este proceso de desconexión democrática masiva, sostenida y pacífica con el Estado”. Es evidente que los autores de este texto han evitado suscitar la idea de “desobediencia a las leyes”. Siguen, pues, jugando con las palabras para encubrir lo que no se atreven a pronunciar, por miedo a la reacción de las instancias internacionales, pues de ellas esperan la sanción aprobatoria de Cataluña como nuevo estado democrático.
Es inconcebible que un estado reconocido internacionalmente, y secularmente establecido sobre un territorio, como España, admita nuevas fronteras, nuevas legitimidades, daños incalculables sobre sus recursos, merma de su libertad de acción sobre una gran parte de su territorio, población y economía, más pérdida del control de sus comunicaciones con los otros estados, incumplimiento parcial forzado de sus obligaciones internacionales y de sus obligaciones sobre sus propios ciudadanos residentes en ese supuesto nuevo estado, etc. Son todos motivos para el empleo de los recursos más directamente coercitivos y, llegado el momento, para la intervención en fuerza.
Piénsese en la pérdida del control español sobre la frontera francesa, o sobre el puerto de Barcelona, o sobre la red eléctrica, la de ferrocarriles, los aeropuertos, las comunicaciones inalámbricas… O las obligaciones bajo los tratados de la Unión, o con las de la OTAN. Qué decir de un sistema bancario seccionado y forzado a ponerse al margen de la supervisión del Banco de España y del Banco Central Europeo. Lo mismo sobre el sistema de seguridad social o el de justicia…
Cabe, pues, la pregunta: ¿cómo unas fuerzas políticas, que han sido ‘de gobierno’ por más de treinta años, se meten en una vía formalmente revolucionaria, con escasas posibilidades de producir la desconexión, y nulas para formar “un estado legítimo, democrático, pacífico y próspero”, y sobre todo reconocido internacionalmente?
Estas son las preguntas que JpS no está en condiciones de contestar, porque su estrategia no es tanto de choque como de amenaza de choque, consistente en empujar al estado a una situación próxima a una crisis interna de régimen, con riesgo para las conquistas económicas y sociales de su población, confiando en que el estado encontrará, tarde o temprano, más conveniente ceder lo que, según creen, está de todos modos condenado a perder. O ese es el cálculo. Es como el que amenaza a otro con hacerle perder un brazo, “aunque yo me quede cojo. Seamos, pues, razonables y dame lo que te pido...”
En ese sentido, la palabra elegida por Mariano Rajoy para calificar la declaración parlamentaria de JpS es acertada: “provocación”. El estudio de esta figura, sin embargo, indica que la provocación no tiene ninguna relación de causalidad suficiente con las exigencias o amenazas que se insinúan. En lenguaje coloquial, la provocación suele ser “un farol”. Para cumplir sin más dilación su propia amenaza, los diputados de JpS deberían dejarse arrastrar por la minoritaria CUP. Es posible que lo hagan, pero ya no tendrán una independencia pacífica, sino una revolución. Y la independencia demorada ad kalendas graecas.
(*) Periodista
Como protesta por la “colaboración” de la policía catalana con un tribunal español, la CUP suspendió una reunión prevista con portavoces de la coalición electoral Junts pel Si (JpS) para seguir negociando la formación del gobierno resultante de las urnas del 27 de septiembre, y la confirmación o no del presidente en funciones, Artur Mas como nuevo ‘president’, que la CUP rchaza. La presidencia de Mas fue condición necesaria para que Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) se decidiera a formar con Esquerra Republicana (ERC) la coalición electoral JpS, que resultó, con 62 diputados, ganadora aunque sin mayoría suficiente para gobernar.
Entregar o no la cabeza de Mas
El nuevo obstáculo formal a los planes de JpS puesto por la CUP indica que la figura de Mas ya no es, ante sus ojos, un activo político útil, y que debe quitarse de en medio como candidato a la Generalidad. La aceptación de las exigencias de la CUP podría suponer la ruptura de la coalición ganadora, dado que Mas es el activo de mayor talla política de Convergencia Democrática de Cataluña, el auténtico líder del proceso soberanista, además de garante de la hegemonía social de la burguesía y la clase media acomodada de Cataluña, y que fue aceptado a regañadientes por ERC, un partido pequeño-burgués. La estrecha colaboración CDC-ERC en el proceso soberanista ha supuesto el debilitamiento electoral de Convergencia; un debilitamiento que Mas ha tratado de compensar con una radicalización de su discurso soberanista. La CUP apuesta, pues, por aprovechar su posición de fiel de la balanza para debilitar el pacto CDC-ERC, y ha forzado a esta coalición a romper cuanto antes con el estado, con olvido de cualquier cálculo, como el de esperar a la celebración de las elecciones generales del 20 de diciembre al objeto de reevaluar la estrategia independentista a la luz de los resultados electorales en España.La coalición anticapitalista se ha transformando en un movimiento que se presenta como, además de secesionista, revolucionario. El comunicado de la CUP avisa claramente: “Cualquier proceso de ruptura con España consideramos que debe incluir la desobediencia a tribunales españoles represores y herederos del Tribunal de Orden Público”, y declara que en la República Catalana “la represión contra los movimientos populares no debe tener cabida”, para pedir a continuación “una transformación de raíz y la democratización del cuerpo de los Mossos”.
La realización de esta propuesta está en contradicción directa con el planteamiento de la ruptura según la formula la “Declaración de inicio del proceso para el estado catalán”. Su punto 7 dice: (El Parlament) ”Adoptará las medidas necesarias para abrir este proceso de desconexión democrática masiva, sostenida y pacífica con el Estado”. Es evidente que los autores de este texto han evitado suscitar la idea de “desobediencia a las leyes”. Siguen, pues, jugando con las palabras para encubrir lo que no se atreven a pronunciar, por miedo a la reacción de las instancias internacionales, pues de ellas esperan la sanción aprobatoria de Cataluña como nuevo estado democrático.
El lugar de la provocación
Y es evidente también que esa ruptura no puede ser pacífica, puesto que un estado que ve desafiada su soberanía tiene derecho, y está obligado, a usar todos los recursos legales, incluida la fuerza.Es inconcebible que un estado reconocido internacionalmente, y secularmente establecido sobre un territorio, como España, admita nuevas fronteras, nuevas legitimidades, daños incalculables sobre sus recursos, merma de su libertad de acción sobre una gran parte de su territorio, población y economía, más pérdida del control de sus comunicaciones con los otros estados, incumplimiento parcial forzado de sus obligaciones internacionales y de sus obligaciones sobre sus propios ciudadanos residentes en ese supuesto nuevo estado, etc. Son todos motivos para el empleo de los recursos más directamente coercitivos y, llegado el momento, para la intervención en fuerza.
Piénsese en la pérdida del control español sobre la frontera francesa, o sobre el puerto de Barcelona, o sobre la red eléctrica, la de ferrocarriles, los aeropuertos, las comunicaciones inalámbricas… O las obligaciones bajo los tratados de la Unión, o con las de la OTAN. Qué decir de un sistema bancario seccionado y forzado a ponerse al margen de la supervisión del Banco de España y del Banco Central Europeo. Lo mismo sobre el sistema de seguridad social o el de justicia…
Cabe, pues, la pregunta: ¿cómo unas fuerzas políticas, que han sido ‘de gobierno’ por más de treinta años, se meten en una vía formalmente revolucionaria, con escasas posibilidades de producir la desconexión, y nulas para formar “un estado legítimo, democrático, pacífico y próspero”, y sobre todo reconocido internacionalmente?
Estas son las preguntas que JpS no está en condiciones de contestar, porque su estrategia no es tanto de choque como de amenaza de choque, consistente en empujar al estado a una situación próxima a una crisis interna de régimen, con riesgo para las conquistas económicas y sociales de su población, confiando en que el estado encontrará, tarde o temprano, más conveniente ceder lo que, según creen, está de todos modos condenado a perder. O ese es el cálculo. Es como el que amenaza a otro con hacerle perder un brazo, “aunque yo me quede cojo. Seamos, pues, razonables y dame lo que te pido...”
En ese sentido, la palabra elegida por Mariano Rajoy para calificar la declaración parlamentaria de JpS es acertada: “provocación”. El estudio de esta figura, sin embargo, indica que la provocación no tiene ninguna relación de causalidad suficiente con las exigencias o amenazas que se insinúan. En lenguaje coloquial, la provocación suele ser “un farol”. Para cumplir sin más dilación su propia amenaza, los diputados de JpS deberían dejarse arrastrar por la minoritaria CUP. Es posible que lo hagan, pero ya no tendrán una independencia pacífica, sino una revolución. Y la independencia demorada ad kalendas graecas.
(*) Periodista
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