El Tribunal Supremo estudia el caso de un laboratorio farmacéutico
que experimentó con seres humanos al más puro estilo Menguele con la
consecuencia de producir malformaciones físicas de extrema gravedad a
miles de personas y resuelve que no hay responsabilidad, pues la
denuncia sobre la talidomida ha prescrito. La multinacional alemana
Wolkswagen truca con un detector oculto el sistema de revisión de los
efectos contaminantes de sus vehículos e infecta el mundo de chimeneas
rodantes que sobrepasan los niveles de emisión establecidos por las
leyes, delito reconocido por la marca sin que ninguno de sus ejecutivos y
técnicos haya pisado la cárcel.
La gran estafa producida por el sistema
de cajas de ahorros españolas ha precisado de un rescate
multimilmillonario que los ciudadanos estamos pagando a pulso sin que la
Justicia haya intervenido salvo en algunos casos específicos, y gracias
a las denuncias de un partido minoritario, UPyD, mientras el que fuera
gobernador del Banco de España, responsable del control financiero del
país, disfruta de una indemnización equivalente al salario anual de
muchos miles de obreros y los políticos y ejecutivos que hozaron en esas
entidades se han ido de rositas, y algunos van todavía por ahí dando
lecciones de economía.
¿Dónde está la Justicia?
En Cataluña se crea un gran revuelo porque el TSJ de esa Comunidad
imputa al presidente de la Generalidad por la convocatoria de un
referéndum ilegal a sabiendas de que era ilegal. Pero la Justicia
todavía no ha responsabilizado a Artur Mas de la trama de fundaciones
que cobra el 3% de obra pública contratada para financiar a su partido y
los bolsillos de algunos de sus ejecutivos, mientras los Pujol siguen
respirando el aire de las montañas nevadas en sus lujosas mansiones a
pesar de las múltiples evidencias sobre saqueo de los fondos públicos.
Murcia. A menor escala, pero en la misma línea de elusión, el Supremo
declara ilegal la recalificación de suelo que permitió la construcción
de la urbanización Joven Futura, con la consecuencia de grave perjuicio
para quienes promovieron y adquirieron sus viviendas, pero sin
sentenciar responsabilidad directa alguna para los técnicos y los
políticos que dieron la luz verde saltándose los trámites, de modo que
los perjudicados tendrán que empezar a pleitear en otras instancias,
gastando de su bolsillo, mientras los responsables de la chapuza resumen
el caso como una simple cuestión de formalidades.
Otro Tribunal, éste administrativo, pero Tribunal al fin, el de
Cuentas, ha venido advirtiendo en sus informes sobre las irregularidades
en la construcción y gestión de la desaladora de Escombreras, pero en
vez de tomar medidas y enjuiciar el caso, remitía sus conclusiones al
mismo Gobierno que las propiciaba, con la consecuencia de que tales
informes iban al cajón.
Ahora bien, no se le ocurra a usted robar una gallina.
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