MURCIA.- Podemos ha considerado una "buena noticia" para las asociaciones sin
ánimo de lucro la tramitación como proyecto de Ley de la norma de
Servicios Sociales ya que, de esta forma, "se abre la opción de que los
diferentes grupos parlamentarios mejoren el texto y atajen la
posibilidad de que se agudice la situación de inseguridad jurídica en la
que actualmente se encuentran las entidades prestadoras de servicios
sociales".
La diputada María Ángeles García Navarro recuerda la propuesta de
decreto "no otorgaba preferencia a las entidades sin ánimo de lucro en
la adjudicación de contratos". Así, destaca que una asociación de
familiares y una gran empresa hubieran competido por dar los mismos
servicios, con lo que las grandes empresas tirarían a la baja la cuantía
de la oferta del servicio", según informaron fuentes de esta formación
política en un comunicado.
García Navarro ha puesto como ejemplo
los proyectos de actividades con la infancia, los PAI, ya que desde hace
años el trabajo en ellos lo estaban desarrollando organizaciones sin
ánimo de lucro de Murcia, que colaboraban mano a mano con los Servicios
Sociales Municipales, como COPEDECO, "con un gran bagaje de acción
solidaria en nuestra región, aunque desde el año pasado han empezado a
privatizarse descaradamente".
La diputada de Podemos ha incidido
en que el impacto de los primeros meses de la gestión de Ferrovial ha
conseguido que "algunos de esos proyectos se hayan quedado vacíos, sin
niños y niñas, por la pésima gestión". Por otro lado, lamenta que las
condiciones laborales, de contratación y salarios de los educadores y
trabajadores sociales "son muy precarias".
En cuanto a la
seguridad jurídica, tal y como ha manifestado María García Navarro, "la
inexistencia de un Plan General de Servicios Sociales, del que no
tenemos noticia y al que no se hace mención en este Decreto-Ley, iba a
provocar que muchos de esos nuevos conciertos hubieran podido ser
considerados ilegales porque quedaban sujetos a esa planificación,
dejando en mantillas los esfuerzos de la Administración Pública y
especialmente los de todas las entidades".
Se trata, añade, de un
Plan que la propia ley de 2003 "obligaba a redactar en menos de dos
años", y recuerda que "han pasado más de doce años sin que se haya
llevado a cabo".
Por ello, Podemos apostará por dotar a las
entidades del tercer sector de los recursos y la seguridad jurídica que
les permitan "seguir haciendo su trabajo sin que vengan oportunistas a
echarlos del camino y quedarse con los beneficios".
"Para dar
respuesta a las necesidades sociales con garantía de igualdad de acceso,
de trato, de calidad de las prestaciones y de condiciones laborales de
las personas que los prestan", ha concluido.
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