MURCIA.- El presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, ha encargado al letrado
José María Caballero que emprenda «acciones civiles y penales» contra
las personas e instituciones «que perjudiquen gravemente los intereses
de los alumnos de la UCAM y a la propia institución». Y, también,
«contra quienes incumplan la legalidad vigente» en detrimento de lo que
Mendoza considera «legítimos intereses» de la Universidad Católica para impartir
nuevas titulaciones, «que nunca pondríamos en marcha sin el respaldo del
Consejo de Universidades y la autorización de la Aneca» (Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad).
Así lo anunció a 'La Verdad' el propio Mendoza, horas después de
que trasladara a José María Caballero la petición de que proteja la
imagen de la Universidad Católica, frente a «decanos, rectores y
partidos políticos» que, en opinión del propietario de la UCAM -que
declinó ser más explícito-, «se mueven contra nosotros por razones
ideológicas».
La controversia política y social que acompaña intermitentemente al
crecimiento de la UCAM se ha intensificado en las últimas semanas,
primero por la negativa de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Murcia (UMU) a compartir las prácticas de sus alumnos en los hospitales
del Servicio Murciano de Salud con las de los estudiantes de la
Universidad Católica, y después por la pretensión de esta de ampliar su oferta
docente en su campus de Los Jerónimos, este mismo curso, con dos nuevos
grados -Odontología e Ingeniería Eléctrica- que ya imparten las
universidades públicas, el primero en la Universidad de Murcia y el
segundo en la Universidad Politécnica (UPCT) de Cartagena.
La petición por la Universidad Católica de estas dos nuevas
titulaciones desató una fuerte contestación en la última reunión del
Consejo Interuniversitario de la Región, un órgano consultivo cuyo
dictamen es preceptivo pero no vinculante, que el pasado día 10 se
pronunció a favor en ambos casos, pero con una fuerte división interna
(6 votos favorables y 4 en contra), y con declaraciones de los
opositores (los rectores de la UMU y la UPCT y los representantes de
PSOE y Podemos), que pusieron en cuestión, dentro y fuera del Consejo,
la calidad educativa de los títulos de la UCAM.
El capítulo más reciente de esta polémica fue protagonizado el martes
pasado por los rectores de las cuatro universidades politécnicas de
España (Madrid, Barcelona, Valencia y Cartagena), quienes, reunidos en
Cartagena, reclamaron a la Aneca un mayor control de la calidad docente
de las carreras que se imparten, para, dijeron, evitar «los chiringuitos
universitarios».
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