MADRID.- La Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto de reforma sanitaria (REDER), integrada por 300 organizaciones, ha documentado más de 1.500 casos de "sin papeles"
que han visto vulnerado su derecho a la salud, incluidos menores,
embarazadas y personas que acudieron a los servicios de urgencia.
Son
casos con nombre y apellido, recogidos por las organizaciones entre
enero de 2014 y julio de 2015, un periodo de tiempo en el que algunas de
las comunidades autónomas ya habían puesto en marcha medidas para atender a los inmigrantes irregulares,
ha explicado en rueda de prensa Sagrario Martín, presidenta de Médicos
del Mundo, una de las organizaciones que integran la red.
De
hecho, un 73 % de los casos proceden de autonomías donde existen
programas sanitarios o normativa autonómica específica para dar
cobertura a las personas excluidas por la reforma sanitaria.
Carolina
González, Natalia Duffy, Driss, el matrimonio formado por María y José
Salvetti, Carolina Bermúdez o KCM (siglas del nombre de un bebé nacido
en España, de padres nigerianos con permiso de residencia en vigor) son algunos de los "excluidas" por la reforma sanitaria que retiró la tarjeta sanitaria a los irregulares cuando se cumplen tres años de su entrada en vigor.
REDER
ha documentado 109 menores de edad a quienes se denegó la asistencia
sanitaria, 232 incidencias en urgencias (que incluyen desde negación de
atención a intentos de cobro) y 78 mujeres embarazadas que han visto
vulnerado de alguna manera su derecho a ser asistidas, a pesar de que el
Real Decreto hacía una excepción en estos casos.
Más de 1.500 casos que son solo la punta del iceberg de la exclusión, por lo que "seguramente son muchos más".
Los
datos aportados por las organizaciones incluyen, entre otros, 31 casos
de cáncer, 38 de enfermedades cardiovasculares, 62 de diabetes, 14 de
enfermedades degenerativas musculares y 8 de otro tipo, más de 28 con
patologías potencialmente mortales si no reciben tratamiento sanitario y 27 personas con graves problemas de salud mental.
Martín ha subrayado que las diferentes fórmulas arbitradas por las comunidades autónomas no "son suficientes"
y, además, crean desigualdad en el territorio nacional, por lo que ha
pedido la revocación del decreto y la vuelta a la universalidad de la
sanidad como única solución.
La vicepresidenta de la Sociedad
Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC), María Fernández
García, ha recalcado que la implantación del decreto de forma diferente
por las CCAA produjo "mucha confusión" entre los profesionales
sanitarios y ha advertido de que los centros de salud reciben
diariamente circulares que siguen siendo "muy confusas".
En
este sentido, Amparo Picazo, del Observatorio valenciano por el derecho
universal a la salud (Odusalud), ha considerado que mientras no se
produzca una derogación del real decreto "cualquier cosa que hagan las comunidades autónomas serán parches".
Martín ha denunciado también los efectos "dramáticos" que
la reforma ha causado en los familiares ascendentes que llegan a España
acogiéndose a la medida de reagrupación familiar, normalmente personas
mayores que llegan con más necesidades de atención sanitaria y que se
ven inmersos en un "auténtico galimatías" legal y jurídico. Hasta 25
casos se han documentado.
Entre ellos, el de Natalia (doble
nacionalidad española-argentina), que vive en La Bañeza (León) y antes
lo hizo en Santiago de Compostela. Cuando la familia se traslada de
residencia por motivos de trabajo su padre, de 66 años, que vive con
ella y padece varias enfermedades crónicas, se queda sin asistencia
sanitaria.
Después de un año y medio sin seguimiento médico y sin poder tomar las medicinas que necesitaba, muere.
Este
es un caso pero puede haber más, si bien la presidenta de Médicos del
Mundo ha precisado que es difícil relacionar los efectos de la reforma
con los fallecimientos. Sí "se han producido retrasos en diagnósticos que han llevado a situaciones dramáticas".
También
es complicado cuantificar cómo la reforma a afectado a los inmigrantes
regularizados, víctimas de su efecto disuasorio y atemorizante.
El
representante de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración
Sanitaria (SESPAS), Miguel Carrasco, ha hecho un llamamiento a todas
las organizaciones para que logren un compromiso de los partidos
políticos para revertir el real decreto.
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