CARTAGENA.- La Universidad Politécnica de Cartagena se opondrá rotundamente
mañana, durante la reunión del Consejo Interuniversitario de la Región, a
que la UCAM reciba informe favorable para la implantación del grado en
Ingeniería Eléctrica, por sus “deficiencias e inconveniencias”, según ha
adelantado hoy la UPCT.
El rector de la Politécnica de Cartagena,
José Antonio Franco, advierte de que “no hay garantías de que la UCAM
vaya a impartir Ingeniería Eléctrica con los suficientes recursos
materiales”. La UPCT subraya el “riesgo de que los alumnos no reciban el
necesario contenido práctico” dado que no hay constancia alguna de que
la Universidad Católica disponga de laboratorios de Electricidad.
La
UPCT cree que no se puede confiar en que la institución privada vaya a
subsanar estas graves deficiencias dados los precedentes. En concreto,
recuerda las numerosas anomalías en el máster de Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos, denunciadas en su día por el Colegio Oficial y
detectadas también por la Comisión de Seguimiento de ANECA (Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación), que no han sido
subsanadas.
De hecho, la Politécnica juzga recomendable “evaluar
concienzudamente todas las enseñanzas técnicas que la UCAM”, en vista a
la falta de transparencia sobre la docencia en dicha universidad.
Ejemplo de ello es que el grado de Ingeniería Civil no informa de la
categoría académica de sus profesores o que los grados de
Telecomunicación y Arquitectura publicitan un reconocimiento a los
egresados de Formación Profesional que no recoge la memoria de dichos
estudios.
Además, Franco subraya la inoportunidad de la
implantación de un segundo título en Ingeniería Eléctrica en la Región,
dado que la oferta del que imparte la UPCT “ya está muy ajustada a los
estudiantes que lo demandan y a los puestos de trabajo que genera el
sector. Provocar una burbuja de titulados sería muy inconveniente”,
remarca el rector.
1 comentario:
Lo que tiene que hacer el rector de la UPCT es cacarear menos y pedir cita al fiscal superior de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por si esas anomalías fuesen constitutivas de delito, entre ellos los presuntos de fraude y estafa
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