MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, prorrogar hasta el 30 de
septiembre de 2016, la declaración de sequía en las demarcaciones
hidrográficas del Júcar y del Segura.
Esta prórroga permitirá al
Gobierno poder seguir aplicando durante la próxima campaña de riego
medidas excepcionales para paliar los efectos de la sequía.
Aunque
estas medidas de excepción en principio se iban a ejecutar hasta
finales de este año, la ausencia de cambios significativos en la
situación de las citadas demarcaciones hidrográficas ha hecho necesario
ampliar su duración. Si bien, la citada prórroga está condicionada a la
evolución del Indicador de Estado del Sistema Global de las cuencas del
Júcar y Segura, según establece la normativa vigente en lo relativo a
los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual
sequía en los ámbitos de los planes hidrológicos de las cuencas
intercomunitarias.
Entre las medidas que se podrán aplicar hasta
el 30 de septiembre del próximo año, se encuentran la puesta en servicio
y ejecución de sondeos para la aportación de recursos adicionales, la
utilización de volúmenes laminados en episodios de lluvia, el uso de
recursos de desalinización de agua de mar no asignados y pozos de sequía
y la utilización de infraestructuras del Estado que posibiliten la
distribución de los recursos.
Las condiciones climáticas sufridas
en el último año fueron determinantes para que el pasado mes de mayo el
Gobierno declarara en los ámbitos territoriales de las Demarcaciones
Hidrográficas del Júcar y del Segura, la situación de sequía a través de
los Reales Decretos 355/2015, de 8 de mayo y 356/2015, de 8 de mayo,
respectivamente.
Las medidas adoptadas hasta el momento han
permitido poner a disposición de los usuarios más de 20 Hm3 de agua
adicionales en la cuenca del Júcar y 111 Hm3 en la cuenca del Segura.
La
prórroga de la declaración de sequía en las citadas cuencas está
incluida en el Real Decreto, aprobado hoy por el Consejo de Ministros,
por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del
estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
Se
trata de una normativa clave para avanzar en el cumplimiento de
nuestros objetivos ambientales, y, en particular, para evaluar el estado
en que se encuentran las masas de agua, identificar las presiones que
provocan su deterioro, y poder poner en marcha las medidas correctoras
necesarias.
Además, establece un marco común de interpretación y
de aplicación en materia de evaluación del estado y calidad de las aguas
superficiales que deberán respetar todas las administraciones
hidráulicas en aras de la seguridad jurídica en esta materia.
De esta forma se adapta la normativa española a la legislación europea en esta materia.
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