'Cambiemos Murcia' propone utilizar edificios de la Comunidad Autónoma para realojar temporalmente a familias desahuciadas

MURCIA/CARTAGENA.- Para Nacho Tornel, concejal de Cambiemos Murcia en el Ayuntamiento de la capital, no tiene sentido que en la Comunidad Autónoma con mayor tasa de ejecuciones hipotecarias, muchas de las cuales terminan en desahucio, el gobierno regional anuncie que va a vender inmuebles que podrían utilizarse para, entre otras cosas, atender temporalmente las necesidades habitacionales de familias desahuciadas mientras se las realoja. 

El edil considera que vender edificios públicos para solucionar una deuda de 7.000 millones de euros es "tapar el sol con un dedo", cuando las administraciones municipales podrían darles una utilidad social importante. "Hay elementos del patrimonio de titularidad regional que le pueden ser muy útiles a los ayuntamientos, por lo que lamentamos que no se haya planteado un trabajo con las administraciones municipales", ha añadido.

En todo caso, el Ayuntamiento de Murcia tiene la obligación de hacer la gestión para establecer un convenio y no tener que comprar un local que es público, ha continuado Tornel, "puesto que los bienes siguen siendo siempre públicos y no deben pasar a manos privadas mientras exista la posibilidad de darles un servicio público". Por ejemplo, "el ayuntamiento de Paris ha convertido más de 200.000 m2 de oficinas en viviendas sociales".

Con voluntad política, hay muchas necesidades que podrían cubrirse, "por poner un par de ejemplos, no contamos con un albergue juvenil en el municipio y el Centro de Iniciativas Municipales se ha quedado pequeño y quizá vendría bien ampliarlo porque está siendo de utilidad para la creación de nuevas empresas".
Por otra parte, el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en la Asamblea Regional quiere contar con un inventario de aquellos edificios de titularidad pública que actualmente estén en desuso, con el fin de elaborar una ley que permita utilizarlos como centros culturales y de ocio. 
Así lo comunicó el portavoz adjunto en la Asamblea, Juan José Molina Gallardo, quien asegura que, una vez recibido el listado por parte de la consejería de Hacienda y Administración Pública, habrá una reunión con los diferentes responsables municipales de C's para que informen de cuál sería el uso más adecuado que se les podría dar a los inmuebles públicos que ahora están vacíos. 
Molina Gallardo respeta el derecho de la Comunidad a vender su patrimonio, pero no cree que consiga desprenderse de todos los edificios. «Los que se puedan vender, bien. Los que no se puedan vender, pueden tener muchos usos», declara el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea.
La consejería de Hacienda y Administración Pública está estudiando sacar una nueva subasta pública para vender parte de aquellos bienes inmuebles cuya titularidad o gestión corresponde a la Comunidad Autónoma que no tienen actualmente ningún tipo de uso. 
También otros edificios de oficinas de propiedad pública se podrían destinar a albergar dependencias de la Administración autonómica. 
Actualmente, la Comunidad Autónoma gestiona o es titular de 42 bienes inmuebles, entre edificios,viviendas, plazas de aparcamiento, solares urbanizables, fincas rústicas, locales comerciales, almacenes y parcelas industriales repartidas por toda la Región de Murcia, según la información que el consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo, ha enviado recientemente a la Asamblea Regional en respuesta a una solicitud formal que realizó el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Juan José Molina Gallardo. La directora general de Patrimonio e Informática asegura que la Consejería no tiene un cálculo exacto sobre el valor económico de estas propiedades que no tienen ningún tipo de uso público.
La mayoría de las propiedades en desuso se encuentran en el municipio de Murcia. La Comunidad es la titular oficial del complejo residencial de Espinardo, en el campus de la Universidad de Murcia, que le corresponde a la Administración regional por el Estatuto de Autonomía, según consta en la documentación entregada a Ciudadanos. También las oficinas de la plaza de San Agustín, donde se encontraba el ente público de Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM) hasta el mes de junio, cuando se trasladó al edificio donde se encuentra Radio Nacional de España.
Tampoco se le da ningún tipo de utilidad al edificio que albergaba hasta hace unos años el hospital Los Arcos del Mar Menor, que en este momento es la propiedad más jugosa de las que puede ofertar la Comunidad. Se encuentra en el Paseo Colón de Santiago de la Ribera (término municipal de San Javier), frente a la playa. Cuenta con una superficie de cerca de 12.000 metros cuadrados divididos en cuatro plantas, por lo que el solar tiene una superficie aproximada de unos 3.000 metros cuadrados. 
El Gobierno regional, en la etapa de Juan Bernal al frente de la consejería de Hacienda, ya intentó vender el edificio, pero la subasta pública quedó desierta. Lo mismo ocurrió con el complejo residencial de Espinardo. «Ahora se observa mayor recuperación económica y es posible que sea el mejor momento para venderlo por una cantidad económica que consideremos aceptable», indica la directora general de Patrimonio e Informática.
Asimismo, la Comunidad es titular de 76 viviendas de promoción pública repartidas entre los municipios de Calasparra y Campos del Río en los que actualmente no reside nadie.
Asimismo, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, dependiente de la consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, es titular de ocho parcelas industriales en los polígonos de San Agustín, en Cehegín, y Lo Bolarín, de La Unión. Estas últimas parcelas han sido incluidas en la bolsa de suelo ofertadas por el Info dentro de su servicio de localización empresarial, que se encarga de ofertar suelo industrial para aquellos inversores que quieran realizar abrir un negocio en la Región de Murcia, según publica el diario 'La Opinión'.