“¿Y ahora cómo volvemos a Murcia y le explicamos esto a
Mendoza?”. Esta es la reflexión que debieron hacerse ayer los dirigentes
del PP cuando perdieron un representante de su partido en favor de uno
de Podemos en el Consejo Interuniversitario. La rabieta que protagonizó
el Grupo Parlamentario Popular, con amago de abandono del pleno y
anuncio de recurso al Constitucional, sólo tiene ese trasfondo: los
intereses de la UCAM.
¿A cuento de qué venía tanto dramatismo por la
cuota en un simple órgano consultivo, sin capacidad decisoria efectiva,
cuando hay otros en que también han limitado su presencia y lo han
aceptado con más naturalidad? Puede deducirse que el Interuniversitario
es el único tras el que hay una presión sólida y unos intereses de
dependencia, indisimulados por lo demás, ya que en la campaña electoral
quedó explícita la opción por la que apostaba de manera denodada el
presidente de la Universidad Católica.
Tanta histeria por algo inevitable una vez que el PP no dispone de
mayoría absoluta parlamentaria revela el sometimiento de la gobernación a
la política de los lobbies por muy legítimos que sean sus intereses. El
mismo recurso al Constitucional de la votación celebrada en la Asamblea
es un guiño a la UCAM, un mensaje del tipo ‘hacemos lo que podemos’, a
sabiendas de que la doctrina de este tribunal no entiende de
proporcionalidades de partidos, sino de la suma de los votos soberanos
de cada uno de los diputados, dueños absolutos de su voluntad.
A cien días desde las elecciones, al PP habría que darle dos
noticias, una buena y otra mala. La buena es que gobierna; la mala es
que no tiene la mayoría absoluta. Tal vez sea que sus dirigentes no se
han enterado todavía.
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