Usted es fiscal y le toca en este
momento resolver sobre la legalidad o ilegalidad de las obras del Ave en
Murcia. Mientras estudia el caso observa que todas las fuerzas vivas de
la Región se han puesto en pie en apoyo del Gobierno que pretende su
realización inmediata, con el efecto de arrastrar incluso a partidos de
la oposición que mantenían hasta ahora una actitud más precautoria. Cabe
suponer que esto no le afectará lo más mínimo, pues usted es un
profesional que atiende a la letra y al espíritu de la ley, y no se deja
enredar por el ruido exterior, tan habitual en los asuntos que tocan a
la política. Pero el dato no es irrelevante, pues este movimiento
pluricorporativo constituye también, en la práctica, una presión sobre
la Justicia. Se dirá que es el resultado indirecto de una reivindicación
legítima y que no hay voluntad expresa de echar pulsos a la mano de la
ley, pero las circunstancias son las que son. Lo dejo ahí como un apunte
insoslayable.
En otros ámbitos es evidente el malestar. Al
parecer, no son pocos los profesionales de la abogacía que han
contemplado con estupefacción que el Colegio de Murcia se haya apuntado
al «Ave Ya» aun a sabiendas de que sobre él pende un posible recurso de
la Fiscalía a falta del informe de impacto ambiental que parecería
preceptivo. Hay abogados "en redes sociales podían contarse en la mañana
de ayer más de veinte" que juzgan contradictorio que su Colegio
Profesional haga oídos sordos a la existencia de este trámite y apoye
públicamente una iniciativa que podría tener consecuencias relativas a
posible prevaricación.
En ese orden, también llama la atención que
siga habiendo políticos que no escarmientan acerca de las posibles
incidencias judiciales de impulsar obras cuyo trazado podría cuestionar
la Justicia. Se saltan estos ´pequeños inconvenientes´ aupados en la
onda de la opinión pública que ellos mismos promueven mediante el
infalible recurso del ´bien general´ que toda gran obra pública
proyecta: empleo, desarrollo, modernidad... Tal reclamo suele aplacar
los reparos, genera ilusiones y pone en cuarentena a los aguafiestas que
advierten sobre las necesarias formalidades. Y después vienen las
madresmías. Pero, insisto, a pesar del reciente historial de incidencias
de ese tipo, no escarmientan.
Y no se pierdan la penúltima perla:
el Gobierno, para captar el sí de Ciudadanos y poner en un brete al
PSOE, aproxima aún más la literalidad del compromiso de las siguientes
fases del soterramiento y pone plazos y presupuesto, acepta prioridades
de actuación y prácticamente señala, sobre el papel, que todo será una
obra continuada tras la finalización de la puntica soterrada inicial.
Estas ´concesiones´ y clarificaciones son especialmente llamativas sobre
la fe expresada entre lunes y martes por los colectivos empresariales,
profesionales, comerciales y otros etcéteras, que se conformaron con
menos.
Y en este sumario de perplejidades debe catalogarse la
frase del presidente de la Comunidad: «No permitiré que la Región sufra
con el AVE otra ´discriminación histórica´». Pedro Antonio Sánchez es
pura inteligencia política y está tratando de crear un imaginario
adanista en el que sus tres meses de Gobierno aparezcan atomizados
respecto de los veinte anteriores de su partido, el único que por su
prolongado ejercicio de poder podría ser el causante de las
´discriminaciones históricas´ que sufre la Región, inluidas las
referidas al tren, al Ave y al trazado del Ave.
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