CARTAGENA.- Si hace falta, Ciudadanos solicitará la comparecencia de Florentino
Pérez, presidente del Real Madrid y de ACS, para pedirle explicaciones
por la desaladora de Escombreras. La Asamblea Regional constituyó ya
tres comisiones especiales, entre ellas, una para investigar la gestión
de la desalinizadora, que estará presidida por el partido naranja. Su
portavoz, Miguel Sánchez, avanzó que no descarta «llamar a quien sea
necesario, incluido el presidente del Real Madrid».
Le nombró hasta en tres ocasiones, pero Sánchez no se refirió a Pérez
en ningún momento como presidente de la compañía ACS. El portavoz
recordó que la empresa ha reclamado a la Comunidad una deuda de 11
millones de euros por lo que el empresario
también podría ser uno de los comparecientes «para arrojar más luz sobre
este gravísimo asunto», que costará a las arcas públicas regionales
unos 600 millones de euros. Lo que es casi seguro es que será citado el
expresidente Valcárcel.
La vicepresidencia de la comisión, que fue aprobada por unanimidad, será
ocupada por el socialista Alfonso Martínez y la secretaría, por el
popular Juan Guillamón. También se incluirá a otros tres diputados del
PP, dos del PSOE y uno de Podemos.
Por su parte, el diputado de Podemos Antonio Urbina lamentó que su
partido se quedase fuera de la mesa de esta comisión que calificó de
vital importancia para esclarecer la gestión financiera de la planta,
que desde 2009 acumula una deuda de 1,1 millones de euros mensuales. La
desalinizadora, argumentó, cuenta con una de las tecnologías más
modernas, y con una mejor gestión energética que «podría lograr precios
competitivos para el agua, pero el peso financiero la hacen
económicamente inviable».
El socialista Jesús Navarro recordó que fue su partido el que propuso
la creación de esta comisión para aclarar por qué una infraestructura
con un coste inicial de unos 111 millones de euros ha pasado a costar
600 millones, lo que supone 22.000 euros diarios en intereses. Navarro
insistió que el PSRM «pedirá la comparecencia de todos los cargos
públicos implicados en su puesta en marcha».
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