La Ley regional de Transparencia obliga a que el Gobierno informe del
orden del día de sus Consejos y a publicar, tras la celebración de
éstos, la totalidad de los acuerdos adoptados y los informes que los
respaldan. Nada de esto se cumple en el Consejo del 13 de julio. En la
web de la Transparencia sólo se reseña que el Gobierno ha hecho una
‘toma de razón’ de los informes de Intervención y Servicios Jurídicos de
la Comunidad sobre la desaladora de Escombreras, pero se oculta si ese
‘darse por enterado’ incluye la puesta en marcha de lo que en esos
informes se indica y, desde luego, no se muestran dichos informes. ¿Y
qué resuelven éstos?
Tres puntos: 1. Debe disolverse el Ente Público del Agua y declarar
esta empresa en concurso de acreedores (lo que significa que la
Comunidad ha de hacerse cargo de sus obligaciones). 2. Deben valorarse
las responsabilidades patrimoniales en que han incurrido los gestores
por las irregularidades que los informes advierten. Y 3. Deben remitirse
dichos informes a la Fiscalía por si aprecia delitos penales.
En la rueda de prensa posterior a aquel Consejo sólo se informó
acerca del tercer punto: el Gobierno había aprobado enviar los informes
al Ministerio Fiscal, una decisión que ya era público que estaba
pendiente y que el Gobierno tomaba con retraso, pues debiera haberla
ejecutado en su primera reunión tras la toma de posesión del presidente y
los consejeros. Ya en septiembre se insinuó que el Ente Público del
Agua estaba en proceso de disolución, pero no se dieron a conocer las
cifras que esto supondrá para las arcas públicas. Y ahora, una vez
constituida en la Asamblea Regional la comisión de investigación sobre
la desaladora se dice que la Administración está haciendo indagaciones
sobre las responsabilidades de los gestores.
Puede que Ciudadanos haya
solicitado el acta del Consejo de Gobierno que ‘tomó razón’ de los
informes, pues por el incumplimiento de la Ley de Transparencia se
desconoce si sólo se tomó en consideración el tercer punto, relativo a
la remisión a la Fiscalía (y esto tal vez por el conocimiento público de
esa indicación), y si hubo desentendimiento inicial de los otros dos. Y
es que es muy curioso, digo, que de la existencia de la auditoría
interna sobre las ‘responsabilidades patrimoniales’ nos hayamos venido a
enterar el mismo día en que se constituye la comisión parlamentaria de
investigación.
El capítulo de las ‘responsabilidades patrimoniales’ podría afectar a
la gestora presidida por el entonces consejero de Agricultura y Agua,
Antonio Cerdá, y a todo su Consejo de Administración. Pero no cabe duda
de la identidad de los impulsores políticos de este presunto desmán cuyo
coste para el erario se calcula en tres veces la repercusión que está
teniendo el aeropuerto de Corvera y sobre el que existe la extendida
creencia de que, bajo pretexto del interés público, venía a satisfacer
el abastecimiento de la urbanización Novo Carthago, también bajo
sospecha y con similares protagonistas.
Sería muy decepcionante para quienes apoyan al actual Gobierno y
creen en la buena voluntad de su presidente que éste se acabara pillando
las manos por intentar paliar con actuaciones controladas y poco
transparentes los desaguisados de la etapa Valcárcel. Si los
perjudicados por la cuestión desaladora somos los ciudadanos, que vamos a
pagar unos cuantos cientos de millones de euros por nada, la obligación
del Gobierno consiste en ponerse en vanguardia de la investigación en
vez de dejarla en manos de la oposición. Es decir, deberían contar y
denunciar todo lo que saben en vez de ir a remolque, y así acabaríamos
antes.
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