MADRID.- La Región de Murcia y la Comunidad de
Madrid plantearon al ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad cambios en los requisitos propuestos hace unas semanas a las
regiones autónomas para armonizar la atención de los inmigrantes en
situación irregular –los denominados ´sin papeles'– dentro del Sistema
Nacional de Salud (SNS).
En concreto, la Comunidad Autónoma, por
medio de la directora general de Asistencia Sanitaria del Sistema
Murciano de Salud (SMS), Mercedes Martínez-Novillo, alegó la reducción
de seis a tres meses el periodo mínimo de empadronamiento para que poder
ser atendidos, así como «que se pueda tener en cuenta el tiempo que
hayan permanecido registrados en otras comunidades».
«Nos parece
que puede recoger mejor las necesidades de estas personas, y la
posibilidad de acumular los empadronamientos en otras comunidades
beneficiaría a los temporeros», argumento la director general.
De
hecho, ambas comunidades son las únicas que hasta el momento han
presentado alegaciones a la propuesta que hizo el departamento de
Alfonso Alonso para garantizar la atención social y sanitaria a estos
inmigrantes, según indicaron fuentes del Ministerio.
Precisamente
son las dos únicas autonomías gobernadas por el PP que, tras las
elecciones autonómicas de mayo, han defendido la necesidad de ampliar la
cobertura sanitaria que se da a este colectivo, que desde 2012 había
quedado limitada a urgencias, atención pediátrica, embarazo, parto y
postparto.
Y es que en la reunión, celebrada el pasado 2 de
septiembre en el marco de la Comisión de Prestaciones del Consejo
Interterritorial del SNS, a la que no asistieron ni el ministro ni los
consejeros del ramo sino técnicos de sus departamentos, Sanidad planteó
una serie de «criterios mínimos» para ampliar la atención sanitaria en
los centros de salud.
Además, la Comunidad también reclamó que
quede claro que estos pacientes también podrán acceder a la cartera
suplementaria de servicios, que entre otras cuestiones incluye la
atención ortoprotésica, y que se puedan beneficiar de este sistema
aquellos ciudadanos nacidos en España que «pudieran quedar
desprotegidos» en caso de perder la prestación por desempleo.
«En
realidad, el documento planteado por Sanidad estaba ya bastante
trabajado y partía de bastante consenso», dijo Martínez-Novillo y
recordó que con independencia de que se llegue a un acuerdo «las
comunidades son libres de aplicarlo con más o menos intensidad».
De esta forma, pocos meses después de la reforma sanitaria impulsada por
la entonces ministra Ana Mato, la comunidad murciana publicó una
resolución «viendo que había grupos de población que podían quedar
desprotegidos», y ampliaron la atención sanitaria a cualquier ciudadano
extranjero, tanto si tiene o no el permiso de residencia, con una
enfermedad contagiosa o crónica grave.
No hay comentarios:
Publicar un comentario