VALENCIA.- El grupo parlamentario de Podemos en las Cortes Valencianas ha
instado al Gobierno autónomo a adoptar medidas ante el vertedero
incontrolado ubicado en La Murada, entre Orihuela (Alicante) y Abanilla (Murcia),
y a cumplir así el dictamen emitido por la Comisión Europea sobre el
procedimiento de infracción sobre vertederos incontrolados pendientes de
ser cerrados y sellados.
En un comunicado, el grupo ha explicado
que en dicho documento se insta a España a clausurar y cerrar el citado
vertedero "por los graves riesgos para la salud y el perjuicio
económico y social que causa, además de la más que probable
contaminación de los terrenos, acuíferos y productos hortofrutícolas de
esa zona". De hecho, este incumplimiento ocasionaría una segura multa
por infracción de España.
En concreto, el diputado Antonio Estañ
ha presentado una proposición no de ley donde se explica que la
asociación Vertivega ha puesto en conocimiento del grupo que
recientemente y de forma reiterada han aparecido focos de lixiviados en
"hasta nueve puntos" situados entre los términos de Orihuela y Abanilla,
en las inmediaciones del vertedero de la empresa Proambiente.
Estañ ha explicado que "la posición de los anteriores responsables de la
Generalitat Valenciana respecto a este problema ha sido la de delegar
las acciones contra la actividad de dicho vertedero a la Comunidad Autónoma de Murcia, al entender que el vertedero y su actividad se
desarrollaban en su territorio".
Ha recordado que los anteriores
gestores de la Generalitat solicitaron un informe a la empresa Applus
Norcontrol, de fecha 20 de septiembre de 2014, con la premisa de que el
vertedero se localizaba en la comunidad murciana.
Esta petición
concluyó que los lixiviados tóxicos y demás consecuencias nocivas en las
parcelas adyacentes "procedían de enterramientos de residuos
particulares y no de la actividad de la empresa Proambiente, indicando
que "el afloramiento de aguas negras (sic) detectados en la parcela 26
tiene su origen en la lixiviación de los residuos enterrados en las
parcelas colindantes situadas aguas arriba".
No obstante, ha
lamentado que "no" se realizase un "estudio exhaustivo de las
consecuencias de la actividad del vertedero en la zonas valencianas
adyacentes, sin considerar además la especial protección de la que
disfruta el área".
Estañ ha advertido de que esta situación se "agrava" por la localización del vertedero y su zona de inf
luencia y es que, como ha dicho, se encuentran en terrenos pertenecientes a la sierra de Abanilla y se integran en Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).
luencia y es que, como ha dicho, se encuentran en terrenos pertenecientes a la sierra de Abanilla y se integran en Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).
Está incluida, asimismo, en el catálogo de zonas ZEPA,
categoría de área protegida catalogada por los estados miembros de la
Unión Europea como zonas naturales de singular relevancia para la
conservación de la avifauna amenazada de extinción.
El parlamentario insta a la Generalitat a reconocer la existencia de un vertedero en la Comunidad Valenciana presente en el territorio perteneciente al núcleo de población de La Murada (Orihuela), que ha estado desarrollando una "actividad industrial sin la licencia ni autorización pertinente".
El parlamentario insta a la Generalitat a reconocer la existencia de un vertedero en la Comunidad Valenciana presente en el territorio perteneciente al núcleo de población de La Murada (Orihuela), que ha estado desarrollando una "actividad industrial sin la licencia ni autorización pertinente".
Asimismo, ha pedido la adopción de las medidas oportunas con carácter
de urgencia para identificar la naturaleza de los residuos, las
condiciones de tratamiento (impermeabilidad o seguridad), el alcance de
los daños por la actividad realizada y las consecuencias a nivel
sanitario, comercial y medioambiental.
Por último, ha solicitado
que se retiren con urgencia los líquidos tóxicos que siguen apareciendo
desde diversos focos en las inmediaciones del vertedero, articular un
plan de regeneración del enclave natural y que se reclame al gobierno
central que adopte todas las medidas para el efectivo cumplimiento del
dictamen.
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