Ciudadanos se contagia de las prisas. Y lanza la propuesta de
suprimir el Tribunal Constitucional. Me sorprende. Juan Carlos Girauta
tiene buena cabeza jurídica. La respuesta es respetable, pero discrepo
de modo radical. Si nos atenemos al derecho comparado no se sostiene. Si
nos ceñimos al derecho europeo tampoco, pues hay dos instancias por
encima incluso de los Constitucionales de los estados miembros de la
Unión.
Explica atinadamente en ‘El Mundo’ el profesor Gimbernat cómo el
Derecho “se asemeja a una pirámide normativa, que forma un sistema
cerrado, en cuanto que la legitimidad de cada norma depende de su
conformidad con la norma del escalón superior, en cuya cúspide está la
Norma Fundamental, esto es: la Constitución, que, para garantizar la
coherencia del sistema, debe ser interpretada por un tribunal
diferenciado, y este es el Constitucional.
Pero es que, además, la propuesta de que lo relacionado con los
derechos y garantías pase a dilucidarse en el Tribunal Supremo no es
sensato, pues “el Derecho Constitucional es uno, transversal, y está por
encima del privado, del penal, del público, del laboral y del militar,
en cuanto que la interpretación que las diferentes salas del Supremo
hagan de cada una de esas distintas ramas del derecho solo será
legítima, de acuerdo con la pirámide normativa, si es conforme con el
escalón superior y último, esto es, con la Constitución.
No olvidemos que, al margen de la lentitud y el desastre de cómo se
ha conformado y de algunas resoluciones estrictamente políticas al
servicio del poder, el Tribunal Constitucional acredita jurisprudencia
solvente, democrática y útil para los ciudadanos en materias esenciales
en las que ha modificado equivocados criterios de los tribunales
ordinarios.
El problema viene de lejos. No es que, como sentenció Alfonso Guerra,
Montesquieu muriera, es que en esta frágil democracia nuestra no llegó a
nacer. Los partidos políticos, esencialmente PSOE y PP, con la muleta
auxiliadora de los nacionalistas vascos y catalanes, diseñaron un modelo
en el que el Ejecutivo lo puede y lo copa todo. En esta partitocracia
que padecemos y que languidece, el Ejecutivo controla severamente a
través de sus obedientes acólitos colocados tras indecente mercadeo
todas las instituciones que debieran controlarle.
No cuestiono la capacidad de ninguno de quienes han sido elegidos
desde el inicio para ocupar la Fiscalía General del Estado, el Consejo
General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal
Constitucional. Cada uno acreditaba sus méritos, quizá exceptuando al
inefable fiscal general Eligio Hernández, famoso luchador canario
apodado “El pollo del pinar”. Pero ninguno de quienes han ocupado butaca
en esas plazas fue seleccionado por sus méritos, sino por su acreditada
obediencia a quienes les elegían por cuestiones ideológicas.
El problema no es el Constitucional. Los jefes de Ciudadanos se
equivocan. El problema es este régimen insaciable. Es con este régimen
con lo que hay que acabar, no con el sistema ni con el Constitucional.
Lo que hay que hacer es regenerar la democracia, y designar un
Constitucional compuesto por magistrados de méritos, solvencia,
conocimiento, experiencia e independencia incuestionables. Ese es el
asunto. Conviene no despistarse.
(*) Periodista
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