MADRID.- El juez Eloy Velasco, instructor del caso Púnica, ha abierto nuevas líneas de investigación sobre esta trama corrupta y multidisciplinar. El magistrado ha solicitado ingente documentación a 12 grandes ayuntamientos bajo sospecha, entre ellos Madrid y Valencia, gobernados por Ana Botella y Rita Barberá respectivamente, cuando ocurrieron los hechos investigados; también al de Cartagena en la época de Pilar Barreiro (PP).
La información solicitada tiene relación con los contratos que el empresario Alejandro de Pedro, imputado en la causa, logró de estos ayuntamientos a través de las sociedades Madiva y Eico, según publica hoy el diario 'El País'.
La Guardia Civil remitió en julio pasado un informe al magistrado en
el que señalaba que De Pedro consiguió que todos esos municipios le
pagaran dinero público a cambio de insertar publicidad institucional en
sus diarios digitales. Documentos intervenidos en las sedes de Madiva y
Eico acreditan que De Pedro controlaba hasta 20 diarios digitales en
diversas localidades de Madrid y Comunidad Valenciana. “En realidad”,
sostiene la Guardia Civil, “[la inserción de publicidad en los medios
digitales de De Pedro] era un pago en especie por trabajos de reputación
para autoridades y cargos públicos”.
Los gobiernos de esos 12 ayuntamientos -Dénia, Gandia, Valencia, Collado
Villalba, Cartagena, Madrid, Elche, Valdemoro, Majadahonda, Castellón,
Alcobendas y Coslada- contrataron con De Pedro diversos servicios que
servían para financiar trabajos de reputación que beneficiaban a los
alcaldes de esas localidades, según la tesis defendida por los
investigadores.
En su informe al juez, la Guardia Civil detalla los
hechos que ha podido comprobar en relación con las supuestas corruptelas
y pide el auxilio del magistrado para lograr la documentación oficial
con la que poder apuntalar todas sus sospechas.
“Con los datos que se conocen se puede apuntar un pacto entre Alejandro
de Pedro y Pilar Barreiro, alcaldesa de Cartagena, para sufragar
trabajos de reputación a cambio de 3.000 euros. Queda por confirmar si
se han realizado con dinero público”, señala la Guardia Civil.
El informe preliminar de la Guardia Civil sobre los 12 ayuntamientos
bajo sospecha concluía solicitando al juez autorización para recabar
toda la documentación necesaria de estos municipios. El juez Velasco
aceptó la petición tras considerar “constatado que Alejandro de Pedro
realizaba trabajos de reputación en la red para autoridades y cargos
electos que generan una deuda a su favor que más tarde se sufraga por
dichos cargos públicos por procedimientos irregulares, ya sea mediante
el pago directo o facturación de terceras empresas, adjudicatarias de la
administración, o mediante la inclusión del coste de estos trabajos de
reputación en contratos públicos previstos para otro propósito y que
luego se facturan a empresas de Alejandro De Pedro”.
El juez, en una resolución del pasado julio, destaca que la
investigación ha podido acreditar que existen "indicios racionales de
delitos en algunos de los ayuntamientos que han contratado con Alejandro
de Pedro".
El caso Púnica que instruye Eloy Velasco en la Audiencia Nacional mantiene a 92 personas imputadas,
entre ellas una decena de ex alcaldes y dos exconsejeros autonómicos
madrileños. Dos de los imputados llevan presos desde octubre pasado: Francisco Granados, exsecretario general del PP-Madrid, exsenador y exconsejero autonómico; y su amigo David Marajaliza,
empresario de Valdemoro. Ambos serían, según la investigación, los
cabecillas o cerebros de las distintas tramas de corrupción que han
desarticulado la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado Eloy Velasco.
No hay comentarios:
Publicar un comentario