Se habla ya de las guerras del agua, un recurso cada vez más escaso y por tanto más codiciado también por el sector privado.
Es
famosa la que estalló en Bolivia, uno de los países más pobres del
planeta, en la primavera de 2000. Inspiró libros y películas como una de
James Bond, A quantum of Solace.
Por presiones del Banco
Mundial, el Gobierno del derechista Hugo Banzer comenzó un proceso de
privatización de ese recurso. En Cochabamba, la tercera ciudad del país,
se encargó de ello a una empresa participada por una filial de la
poderosa compañía estadounidense Bechtel. Casi de la noche a la mañana
se dispararon las tarifas, y los ciudadanos se rebelaron entonces,
quemaron las facturas y levantaron barricadas en las calles. El Gobierno
de La Paz envió al Ejército a reprimir la revuelta popular, y en los
disturbios murieron cinco manifestantes y hubo además cientos de
heridos. Hasta que al final el Gobierno tuvo que dar marcha atrás.
Bechtel presentó entonces una demanda multimillonaria contra el Gobierno
boliviano por incumplimiento de contrato, que terminó retirando en
vista de las protestas.
Evo Morales, el actual presidente y
primer indígena que llega a ese cargo, considera, a diferencia de
Banzer, que el agua no puede ser objeto de negocio privado, sino que es
un «bien público». Y desde que llegó al poder trabaja para que la
mayoría de la población del país andino tenga acceso al agua potable.
Mientras
tanto, numerosas ciudades, tanto del mundo desarrollado como en
desarrollo, que habían privatizado totalmente o en parte ese servicio,
han reconsiderado esa decisión tras comprobar que no sólo aumentaban las
tarifas que pagaban los consumidores, sino que emporaba el servicio al
disminuir muchas veces las inversiones en el mantenimiento de las
infraestructuras.
En Europa hubo protestas multitudinarias hace
tres años cuando la Comisión Europea intentó incluir el agua entre los
servicios que debían abrirse a la privatización en los países miembros.
Un millón y medio de personas firmaron un llamamiento a favor del libre
acceso a ese recurso por parte de los ciudadanos. El principal problema,
denunciado por los críticos, es que, a diferencia de lo que ocurre, por
ejemplo, con la electricidad, cuando se privatiza el agua en una
determinada comunidad sólo es posible una concesión, por lo que se
elimina la competencia y la empresa concesionaria puede dictar entonces
los precios.
De ahí que no resulten nada convincentes las palabras
del presidente de la multinacional suiza Nestlé, Peter
Brabeck-Leithmathe, cuando declaró al diario The Wall Street Journal que
convendría dejarle al libre mercado el 98,5% del agua en todo el mundo y
regalar el 1,5% restante porque de esa forma se garantizaría una
gestión más eficaz de ese recurso.
El negocio del agua es
efectivamente de lo más lucrativo para el sector privado como demuestra
el caso de las acciones de la compañía francesa Veolia (antes Vivendi),
el mayor suministrador mundial de servicios relacionados con ese sector,
que en sólo doce meses se revalorizaron en un 64% en la Bolsa parisina.
Y como ha calculado el semanario Der Spiegel la quincena de
fondos de inversión en agua que operan en el mundo, con el suizo Pictet
Water a la cabeza, registraron en los tres últimos años rentabilidades
anuales de hasta 22,5%.
El mayor problema para la conservación de
ese recurso natural es en cualquier caso el abuso que se hace de él en
la agricultura y la ganadería como demuestran las estadísticas que miden
la cantidad de agua necesaria para la producción de determinados
alimentos. Un 70% del agua que se consume en el mundo se emplea en esos
sectores.
Así, según footpring.org, para la elaboración del
equivalente de una copa de vino son necesarios 109 litros de agua, para
un litro de vino, 1.020 litros de vino, para un kilo de pollo, 4.325,
para un kilo de almendras, 8.047 litros y para un kilo de carne de
vacuno, hasta 15.500 litros de agua.
Algunas de las regiones más expuestas a la sequía en los países ricos, como es California en Estados Unidos, o ciertas zonas de Andalucía, en España, son las que más abusan del agua disponible, lo que acelera el proceso de desertización.
En
California, los agricultores se ven obligados a excavar cada vez pozos
más profundos, a veces de más de 300 metros en busca del agua que queda
en el subsuelo, y cada vez resulta más difícil su extracción.
En
lo que se refiere a España, la prensa germana lleva años denunciando el
enorme consumo de agua, muchas veces de pozos ilegales, por parte de
quienes explotan los invernaderos de provincias como Huelva para
producir fresas destinadas sobre todo a la exportación a la Europa del
Norte.
Como critica, entre otros, Der Spiegel, precisamente
España, el país europeo más directamente afectado por el cambio
climático, es el que lleva a cabo «la peor gestión del agua» por culpa
de su agricultura de exportación. Y Alemania es uno de los mayores
importadores europeos de esa agua 'virtual', es decir la utilizada en la
producción de los alimentos que consume.
(*) Periodista
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