miércoles, 1 de julio de 2015

La UGT denuncia pasividad administrativa ante el juego ilegal en la Región

MURCIA.- En la Comunidad Autónoma de Murcia, a finales de 2014 había una asociación vendiendo juego ilegal en las calles. Utilizaba para ello 349 colaboradores, todos ellos sin alta en la Seguridad Social ni derechos laborales, con unas ventas totales estimadas en ese año de 5.825.508 euros, según denuncia UTO-UGT.

La Unión de Trabajadores de la ONCE (UTO-UGT), sindicato mayoritario en la ONCE, con casi el 90% de la representatividad sindical, denuncia la absoluta pasividad de las administraciones públicas en la lucha contra el juego ilegal "que, cada vez más, irrumpe en las calles, abusa de la imagen de la discapacidad, engaña a la ciudadanía con productos sin ningún tipo de seguridad, y pone en riesgo la labor social de la ONCE así como el puesto de trabajo de cada uno de los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización, todos ellos personas con discapacidad".

UTO-UGT exige a las autoridades competentes que actúen contra entidades "manifiestamente ilegales", como la OID, entre otras, que utilizan la imagen del sorteo de la ONCE, copian sus productos y su imagen, emplean de forma torticera la discapacidad en su propio beneficio, como ha reiterado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y, en ocasiones, han llegado a agresiones a vendedores y vendedoras de la ONCE.

UTO-UGT exige, con carácter de urgencia, la intervención de la Administración del Estado para que, de una vez por todas, se haga cumplir la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, no solo a los que actuamos dentro de la legalidad, pagamos nuestros impuestos y trabajamos de forma responsable, sino también, y de manera concluyente y definitiva, a aquellos otros que sistemáticamente la transgreden, como es el caso de la OID.

UTO-UGT considera "muy escasas" y poco rotundas las actuaciones contra esta actividad ilegal, como la imposición de una sanción de 25 millones de euros a la OID acometida por el Ministerio de Hacienda, puesto que no ha supuesto ningún avance significativo y, como expresa la propia resolución ministerial (BOE 27-12-2014) se trata de una Organización "con plena consciencia del carácter ilegal de su actividad", con una "actitud perseverante" en la ilegalidad, con "ausencia de aprecio por la legalidad vigente", lo que constituye un "grave atentado contra el orden jurídico".

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