miércoles, 15 de julio de 2015

El PP quiere ahora echar mano de una ciudadanía a la que despreció durante 20 años

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la tramitación del Decreto de Participación Ciudadana de la Región de Murcia, cuyo objetivo es que los ciudadanos se impliquen en la toma de decisiones y en la evaluación de la gestión del Gobierno regional, y con el que se desarrolla la Ley 12/14 de Transparencia y Participación Ciudadana.

Así lo ha hecho saber la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, quien ha remarcado que "estamos ante un tiempo nuevo en el que la política sale a la calle y la sociedad entra en las instituciones públicas". Por ello, ha remarcado que era "fundamental" el Decreto que hoy se pone en marcha y que sienta las bases de la "participación ciudadana activa".
El Decreto pretende que la ciudadanía se implique en las iniciativas que pasen por el Ejecutivo, y no es vinculante para las iniciativas que adopte la Asamblea Regional, según ha aclarado Arroyo, quien ha puntualizado que el documento recoge los mismos mecanismos de participación que la Ley de Transparencia, como las consultas online y los propios grupos de trabajo con experiencias presenciales desde la ciudadanía.
Este acuerdo se produce una vez que la Consejería de Presidencia ha concluido el proceso deliberativo sobre los instrumentos a través de los que la sociedad puede opinar sobre las políticas públicas. Un proceso en el que más de 300 ciudadanos y diversos colectivos sociales de la Región han realizado aportaciones, de las que más del 80 por ciento han sido recogidas.
Por ello, Arroyo ha destacado que esta tramitación "cuenta previamente con la legitimidad social" puesto que, previamente, la Comunidad recogió las sugerencias de la opinión pública. Con este tipo de procesos e instrumentos, ha ratificado que "se concreta y se hace tangible el principio de participación ciudadana".
El objetivo es hacer "una realidad" que la toma de decisiones públicas "cuente con aportaciones de los propios ciudadanos con la finalidad de "mejorar las decisiones que adopta el Gobierno y acercarlas a los intereses de los ciudadanos de la Región".
El Consejo de Gobierno considera que generalizar estos procesos participativos "abre una nueva época en la gestión pública regional, que permitirá a los ciudadanos interactuar con las administraciones en el diseño real de la normativa autonómica y en la planificación y el seguimiento de las acciones que se llevan a cabo".
El Gobierno entiende que "no basta con contar de manera transparente las medidas que adopta el Consejo de Gobierno" sino que hay que contar con los ciudadanos para decidirlas", según Arroyo. El mensaje que el Gobierno regional quiere transmitir a los ciudadanos es: "no basta con que te lo cuente, sino que quiero contar contigo para decidirlo".
Se trata de uno de los primeros procesos de participación que ha llevado a cabo el Ejecutivo regional, y consta de tres fases. La primera, de consulta pública, se realizó a través de una encuesta en el portal de la Comunidad en la que se recabaron las opiniones y sugerencias en relación a distintos aspectos en materia de reglamentación de participación ciudadana. Así, se hicieron preguntas relativas a las materias que los ciudadanos creen que deben someterse a participación ciudadana, y sobre cómo hacer trámites 'on line', entre otras.
La finalidad de la segunda fase, de debate, es ampliar y enriquecer las propuestas de la ciudadanía. Para ello se celebraron varios encuentros de deliberación de carácter presencial, en los que, a través de grupos de trabajo, se analizaron las propuestas recibidas en la primera parte del proceso.
En la tercera fase, denominada de retorno, se analizaron las propuestas ciudadanas recogidas en las fases anteriores analizando, por ejemplo, qué aportaciones se han recogido, cuáles no, y motivando las razones a través de los correspondientes informes, y se sometieron a estudio por parte de los órganos correspondientes del Gobierno regional.
Una vez completado este proceso, el Gobierno regional enviará el borrador resultante a los servicios jurídicos de las diferentes consejerías, que realizarán sus respectivos informes.
Posteriormente, el Ejecutivo remitirá el borrador resultante al Consejo Económico y Social (CES) y, finalmente, al Consejo Jurídico, que realizarán sus correspondientes aportaciones, con las que el Gobierno regional irá mejorando el Decreto.
Por último, una vez incorporadas todas estas aportaciones, el borrador volverá al Consejo de Gobierno y será publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) como Decreto.
El objetivo del Gobierno regional es "agilizar los trámites" y que el Decreto esté listo lo antes posible. Así, estima que estará listo en unos tres meses, aunque no se trata de un plazo cerrado, ya que algunos de los organismos implicados no cuentan con fecha límite para analizar el documento y realizar sus aportaciones.

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