CARTAGENA.- El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, afirma que el imputado Alejandro de Pedro y el ex alcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso estaban "al frente de un entramado de tráfico de influencias" con autoridades murcianas para la adjudicación de contratos públicos o para la prestación de servicios de reputación en la red para autoridades políticas, presuntamente abonados con cargo a las arcas públicas o utilizando la existencia de contratos públicos con terceras empresas.
El juez levantó el secreto de sumario de
las investigaciones realizadas hasta la fecha. En el auto, de apenas
ocho páginas, el juez cree que el exconsejero de la Comunidad de Madrid
Francisco Granados y su socio, David Marjaliza, ambos en la cárcel,
obtuvieron pagos de las arcas públicas por «la adjudicación de contratos
públicos o la prestación de servicios de reputación en la red para
autoridades políticas» tanto en Murcia como Madrid, Valencia y León.
El
auto judicial indica que en la
Región «se descubrieron los contactos entre los imputados Alejandro de
Pedro; José Fidel Saura Guerrero, jefe de gabinete del consejero de
Industria; Mariola Fernández, directora general; el gerente Jesús
Galindo y Reyes Samper, del Instituto de Fomento, para adjudicar varios
contratos públicos a favor de las empresas de Alejandro de Pedro,
eludiendo la normativa en materia de contratación pública».
Eloy
Velasco deduce todo esto tras el estudio de las intervenciones
telefónicas realizadas en el proceso de investigación de la causa,
aunque informó de que estas conversaciones telefónicas y las
declaraciones que están grabadas no estarán reproducidas hasta el
próximo lunes.
El texto también hace mención al exconsejero Juan Carlos Ruiz, que precisamente dejó el cargo cuando fue imputado por la trama.
El texto también hace mención al exconsejero Juan Carlos Ruiz, que precisamente dejó el cargo cuando fue imputado por la trama.
Sobre
las relaciones entre de Pedro y Ruiz, el juez aclara que queda definido
«que los contratos públicos adjudicados a las empresas del imputado
Alejandro de Pedro, uno tramitado en el Instituto de Turismo y otro
tramitado en el Instituto de Fomento de la región de Murcia, amparaban
otros trabajos de manera encubierta, como la creación de un diario
digital en Molina de Segura y la reputación y trabajos en redes sociales
de Juan Carlos Ruiz».El auto
judicial deja entrever que a los imputados de la Región se les acusará
de fraude, rebajándosele por tanto el número de delitos atribuidos en un
principio, según 'La Opinión'.
El juez Velasco indicó que el caso Púnica ha
revelado «una trama muy compleja en la que hay muchas ramas y líneas de
corrupción en distintos ámbitos y con distintas formas». Y añadió que
«al final es lo de siempre, usar el dinero público para fines que no son
para los que los ciudadanos pagan impuestos».
En el auto hecho público aparece también como imputado José Ramón Carabante Aguilera, hijo del empresario José Ramón Carabante.
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