BARCELONA.- La Fundación del Real Automóvil Club de
Cataluña, RACC, ha presentado un informe bajo el título ‘La
concentración del tráfico pesado en las vías más seguras’, en el que
recoge la necesidad de aplicar de forma obligatoria el desvío de
camiones a las autopistas además de aumentar los tramos estudiados por
fomento originalmente.
Cabe recordar que hace apenas tres semanas se puso en marcha a nivel
nacional un plan piloto, de carácter voluntario para camiones de más de tres ejes en
seis tramos de la red vial.
La elección, por tanto, dentro del plan piloto de desvío voluntario
de camiones, con una bonificación del 50%, se funda en gran medida sobre
este estudio elaborado por el RACC.
Dentro del último estudio, en el apartado donde se analizan la
evolución de la siniestralidad a nivel nacional se resalta que «todo
apunta a que una proporción significativa de los accidentes entre
turismos tiene lugar durante maniobras de adelantamiento de camiones».
«Esto sugiere que una elevada intensidad de tráfico de camiones acabe
afectando significativamente a la accidentalidad entre turismos».
Respecto a este punto, el tráfico pesado por la
carretera convencional supera, de forma habitual, a la cifra de turismos
que realizan en mismo recorrido con lo que las situaciones de riesgo
potencial por adelantamientos superan la media estadística nacional.
Lógicamente, esta situación da completamente la vuelta en la
autopista de peaje, donde la cifra de camiones es muy inferior a la de
turismos y no existe el riesgo de adelantamientos. Lo recoge el citado
informe destacando que «en el caso de los camiones se observa que la
gravedad de los accidentes es mayor en las carreteras convencionales que
en las vías de gran capacidad. En las primeras, el 29% de las víctimas
fueron mortales, mientras que en las vías de gran capacidad lo fueron el
19%».
Al margen de las estadísticas sobre siniestralidad y vías en el
informe se recoge algo poco habitual como es el coste social de la
accidentalidad que, según la DGT, se ha estimado en 1,4 millones de
euros por fallecido, y en 219.000 euros por herido grave.
También dentro del análisis económico del desvío obligatorio el
informe recoge que «no haría falta que la Administración compensase a
las concesionarias de autopistas dado que es deseable que la reducción
del peaje se compense por un aumento del tráfico que haga que la
recaudación de las concesionarias no disminuya, si no que de hecho
aumente ligeramente».
Cabe recordar que la postura de la DGT en el inicio del proyecto de
desvío de camiones a las autopistas paralelas coincidía con la del RACC
en lo relativo a la obligatoriedad para ser una forma efectiva de
reducción de la siniestralidad en las carreteras convencionales.
Evitar hasta 79 muertes al año
Esta proyección forma parte del informe tras realizar un estudio de
tráfico y accidentalidad en 24 tramos, que suman alrededor de 2.000 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado, que discurren paralelos a carreteras convencionales.
El director de la Fundación RACC, autor del estudio, Miquel
Nadal, ha sido el encargado de presentar los resultados
obtenidos en una acto que ha contado con la presencia de Manuel Niño,
secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, quien
ha asegurado que su Departamento estudiará la inclusión de los ocho nuevos tramos en la de Fomento.
El Ministerio de Fomento realiza desde hace tres semanas esa
prueba piloto de desvío de tráfico pesado de carreteras convencionales a
autopistas de peaje en seis tramos, como paso de una implantación a
partir del próximo año en otros 10 tramos más, lo que sumaría alrededor de 1.300 kilómetros.
El RACC aconseja ampliar este plan a ocho tramos más,
aunque menciona un noveno en el Corredor del Mediterráneo, no incluido
en la propuesta por falta de datos que avalen documentalmente el desvío.
El estudio del RACC está basado en los datos estadísticos
del informe EuroRAP correspondiente al periodo 2011-2013 que se publica
desde hace diez años con la colaboración de la Dirección General de
Tráfico y el Ministerio de Fomento.
La propuesta del RACC, como la del Ministerio de Fomento, tiene su punto de partida en la experiencia obtenida en el tramo de 100 kilómetros situado en la provincia de Gerona que desvía el tráfico de camiones de la N-II a la autopista de peaje AP-7.
Transcurridos dos años desde su puesta en marcha, los
resultados son positivos, ya que de un promedio de 15 muertos anuales en
el periodo de 2008 a 2012 se ha pasado a tres muertos en estos dos años de desvío.
La experiencia de Gerona, además, no ha tenido coste para las administraciones públicas, pues la reducción del 50% en el precio del peaje para
los camiones ha sido compensada por un aumento del tráfico, que ha
hecho que los ingresos de las empresas concesionarios no se hayan visto
afectados.
Manuel Niño y Miquel Nadal creen que una implantación
generalizada del sistema tendría resultados parecidos, con una reducción
significativa de la accidentalidad y mortandad en estos tramos y una
repercusión neutra para las empresas concesionarias de las autopistas de
peaje.
En el caso de que las concesionarias perdieran ingresos, está establecido un mecanismo de compensación por parte de la Administración Pública, pero de ingreso en las arcas del Estado en el caso contrario.
El RACC calcula que el desvío de camiones en sus 24 tramos propuestos tendría un beneficio social neto estimado de entre 140 y 241 millones de euros al año, y estaría derivado de la reducción de la accidentalidad y de los tiempos de recorrido.
Para los transportistas, además de ganar en competitividad, la medida tendría un impacto positivo estimado de 109 millones de euros al año.
Manuel Niño, en relación a la implantación de esta medida,
se ha mostrado partidario de que el 100% de los transportistas hiciera
el desvío de forma voluntaria, para así evitar hacerlo de forma
obligada, ya que se trata de asegurar un uso eficiente de la red de
carreteras, mejorar la competitividad y reducir el número de muertes.
El RACC considera que esta es una oportunidad de avanzar en la reducción de la siniestralidad
en las carreteras españolas, estancadas tras los últimos datos
facilitados por la DGT, al tratarse de una medida novedosa, sin coste y
de efectos inmediatos.
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