LORCA.- La jueza Consuelo Andreo, que instruye en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de los de Lorca el denominado caso Auditorio, ha comunicado hoy el contenido de la querella a ocho de los 13 querellados, entre ellos un concejal del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y a varios funcionarios de ese consistorio.
Los querellados han acudido al juzgado de la
plaza de El Caño, de Lorca, poco antes de las diez de la mañana y han
abandonado el juzgado minutos después sin hacer declaraciones a los
periodistas que aguardaban frente a la puerta del edificio.
Entre
ellos se encontraba el concejal de Servicios, Eliseo Sánchez, al que la
jueza ha comunicado los motivos de la querella contra él, al igual que
ha hecho con el resto de personas citadas hoy para transferirles el
contenido de esa querella.
Los citados hoy en el juzgado eran
Caridad Vidal, Francisca Romera, Pablo Aparicio, Francisco de Asís
Pérez, José Fernández y Ricardo Fernández, además del edil.
Mañana cumplimentarán el mismo trámite el arquitecto que diseñó el
auditorio de Puerto Lumbreras, Martín Lejárraga, el director general de
Promoción Cultural, Antonio Martínez y la jefa de Servicio de Promoción
Cultural, Ana María Fructuoso.
La jueza ha retrasado del martes
al miércoles la citación al presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro
Antonio Sánchez, para que comparezca a tomar conocimiento de las
diligencias que le afectan en el caso, que se remonta al período en el
que él era el alcalde de Puerto Lumbreras.
El aplazamiento se ha
producido a petición del presidente, que ha alegado motivos de agenda,
al parecer relacionados con la visita que mañana realizan los Reyes de
España a la Academia General del Aire de San Javier para la entrega de
los reales despachos.
El pasado junio este juzgado lorquino
admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía en el caso
Auditorio, sobre presunta corrupción.
La citación tiene por
objeto trasladar a Sánchez el contenido de la querella por la presunta
comisión, en las obras del auditorio de la población, de delitos de
prevaricación, malversación de caudales público, falsedad y fraude.
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