MURCIA.-Margarita Guerrero, concejal de Cambiemos Murcia, presentará en el pleno de mañana jueves una moción para declarar el municipio de Murcia como libre de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en la que se insta al gobierno de la nación a “adoptar las medidas legales necesarias para ordenar el cierre de estos centros, incluido el de Sangonera la Verde”.
Para la formación, no se pueden mantener abiertos lugares
sobre los que expertos, organizaciones sociales e instituciones
denuncian una y otra vez el incumplimiento de los derechos humanos. No
hay que irse muy lejos, en marzo Convivir Sin Racismo hizo público un
informe en el que se explicaba cómo las personas “encerradas” en el
centro de Sangonera sufren un trato verbal “incorrecto y denigrante”,
así como maltratos físicos explícitos.
Desde Cambiemos Murcia se
considera que, “si bien hay que gestionar los flujos migratorios y dotar
de legislación apropiada a las instituciones en el ámbito de
extranjería, no pueden ser los migrantes o refugiados quienes paguen la
incompetencia de los gobiernos de los estados europeos”. La existencia
de estos Centros sólo puede ser explicada en un “contexto de déficit
democrático, jurídico y humano que sólo sirven para justificar las
políticas migratorias hipócritas de la Unión Europea”, continua
Guerrero.
De hecho, para promotores de campañas como CIES NO,
estos centros son “agujeros negros del estado de derecho” en los que se
encarcela a personas por no tener permiso de residencia, como única
falta en muchos casos. Esto además se da en un contexto de retroceso en
el ámbito de los servicios sociales, en el que se limita el apoyo a la
participación e integración de inmigrantes, de reducción generalizada de
fondos y recursos para proyectos de inmigración con la eliminación de
las convocatorias de proyectos de cooperación al desarrollo, recuerda la
edil en la moción.
Por eso, Cambiemos Murcia, recogiendo las
demandas de la campaña estatal CIES NO, intentará que el Ayuntamiento de
Murcia inste “al gobierno de la nación a formular políticas
legislativas en materia de extranjería que faciliten la integración y el
arraigo sociolaboral de los inmigrantes irregulares y que, en caso de
repatriación, sean respetados los derechos humanos fundamentales de cada
individuo”.
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