Quedan menos de dos semanas para que el Gobierno remita al Congreso
de los Diputados el proyecto de Presupuestos para el año 2016, una
presentación que se adelanta al plazo legal de presentación (que se
cierre el último día del mes de septiembre) en dos meses. El objetivo
del Gobierno es marcharse a casa con los deberes hechos, tanto si en
sus cálculos internos cree que tras las elecciones va a seguir
gobernando otros cuatro años (en solitario, poco probable, o en
coalición, posible pero no seguro) como si el que ocupe el poder es
otro con ideas bastante distintas a las del actual partido gobernante.
Puede parecer una pretensión altruista ya que si el PP no gobierna
tras las elecciones, dejar la herencia económica tan bien organizada
para que otros gestionen y se apunten el éxito no suele ser conducta
habitual en la clase política española. Hay, sin embargo, algo (o
mucho) de actitud interesada, en la medida en que los objetivos y las
medidas que se están anunciando para su inclusión en el próximo
Presupuesto se están convirtiendo en promesas electorales.
Montoro ha declarado hace pocos días que este Gobierno pretende
dejarlo todo bien atado para que el sucesor, caso de que no sea el PP,
no cause un excesivo estropicio a la economía. El PP se siente, como es
patente, muy orgulloso de su trabajo al frente de la economía española,
una creencia que en las últimas semanas sus principales dirigentes no
dejan de repetir como argumento electoral contundente. Pretende dejar
maniatados a los futuros gobernantes para el año 2016, periodo de
vigencia del nuevo Presupuesto. Es posiblemente una aspiración difícil
de realizar porque la ejecución presupuestaria ofrece un amplio margen a
los gobernantes que hereden el Presupuesto elaborado por sus
antecesores.
Pero está claro que algunos objetivos y no pocas medidas
presupuestarias tienen difícil rectificación, a no ser que se esté en
disposición de encajar costes políticos importantes. Sucede con las
rebajas fiscales, de las que tanto habla últimamente Rajoy, o con los
objetivos de déficit público, que siempre tendrá la mirada atenta y
escrutadora de Bruselas para quejarse si se producen desvíos en su
cuantía sobre lo pactado previamente. También se están manejando ofertas
dinerarias muy prometedoras para las Autonomías, a las que se dotará
de unos 7.000 millones de euros adicionales, según la última oferta de
Rajoy lanzada esta misma semana. En suma, el Gobierno ha convertido al
Presupuesto del año 2016 en una fuente de argumentos para las elecciones
inminentes y, todavía más, en una garantía de continuidad para su
política económica durante el año entrante.
El PP, en definitiva, sigue considerando que la baza de la economía
es esencial para su victoria en las próximas elecciones generales. Son
numerosas las cifras que apoyan esta ilusión, sin ir más lejos las del
mercado de trabajo, conocidas este mismo jueves, que le permiten al
Gobierno afirmar que el empleo está experimentando su mejor trayectoria
desde el inicio de la crisis económica, hace más de siete años. El
alcance de la mejoría del empleo es, por desgracia, todavía bastante
limitado, con una tasa de paro del 22,37%. Sólo ha bajado en dos puntos
durante el último año. A este paso, volver a los niveles previos a la
crisis, cuando la tasa de paro apenas llegaba al 10%, llevará varios
años. El Presupuesto del año 2016, por muy atado que se quiera, poco
podrá hacer para acelerar este proceso.
(*) Periodista y economista
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