Quieren arrebatar competencias sobre el agua a los ayuntamientos en favor de un regulador único

MADRID.- Rajoy va a acabar la legislatura casi en blanco en lo que se refiere a proyectos en infraestructuras de aguas. Ni el Plan Hidrológico Nacional ni la Ley del ciclo integral del agua urbana acaban de materializarse. Hasta hace unas semanas, el BOE no había publicado aún el primer anuncio de licitación de aguas, lo que supone que hasta noviembre no habrá adjudicaciones. La Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua) estima que se necesitarían unos 15.000 millones de euros para estar al día en este frente, según publica hoy el digital www.capitalmadrid.com

Asagua ha al­zado la voz ante lo que con­si­dera una de­ja­ción de todo lo que se re­fiere a po­lí­tica de aguas en los años de man­dato que lleva Rajoy y su Ejecutivo. La caída de las li­ci­ta­cio­nes, la es­casa in­ver­sión que sigue ha­biendo en in­fra­es­truc­tu­ras, la au­sencia de una nor­ma­tiva sec­to­rial y la deuda que man­tienen las ad­mi­nis­tra­ciones pú­bli­cas, son los cuatro pro­blemas que el sector re­clama como más ur­gentes de sol­ven­tar.
Otra de las de­mandas de Asagua es la par­ti­ci­pa­ción en el pro­ceso de apro­ba­ción de la nor­ma­tiva re­fe­rida a la Ley del ciclo in­te­gral del agua ur­bana y la Ley de Contratos del Sector Público. “Las aso­cia­ciones deben par­ti­cipar y ex­poner sus opi­niones y cri­te­rios. No pe­dimos que se atiendan nues­tras pro­pues­tas, pe­dimos que se nos deje pro­po­ner­las”, sub­ra­yan.
Antolín Ardanza, por­tavoz de Asagua, re­cuerda que “en ma­teria de de­pu­ra­ción y res­tau­ra­ción am­biental no cum­plimos con Europa”, lo que sig­ni­fica que España corre el pe­ligro de en­fren­tarse a san­ciones mi­llo­na­rias. Y es que el sector con­si­dera que se han per­dido tres años, por lo que ya se está mo­vi­li­zando de cara a las pró­ximas elec­ciones ge­ne­ra­les, ya que la ac­tual le­gis­la­tura se da por per­dida.

Marco es­table y se­gu­ro
Desde hace tiempo, la Asociación sigue re­cla­mando el desa­rrollo de una ley sec­to­rial en la que se es­ta­blezca un marco es­table y se­guro, que anime a la in­ver­sión pri­vada. Igualmente, pide un ré­gimen eco­nó­mico fi­nan­ciero de la uti­li­za­ción del do­minio pú­blico hi­dráu­lico donde se in­cluya un canon de con­trol de ver­ti­dos, ta­rifas por tramos de con­sumo para el su­mi­nis­tro, un canon de re­gu­la­ción y ta­rifa de uti­li­za­ción del agua, que per­mita ge­nerar in­gresos su­fi­cientes para cu­brir el man­te­ni­miento y la con­ser­va­ción de las in­fra­es­truc­turas exis­tentes y la eje­cu­ción de otras nue­vas.
Respecto a las com­pe­ten­cias en ma­teria de aguas, piensa que de­be­rían tras­la­darse de los ayun­ta­mientos a otros ni­veles ad­mi­nis­tra­ti­vos, lo que con­lle­varía a la crea­ción de un re­gu­lador único. En este sen­tido, re­cuerda que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local fue una opor­tu­nidad per­dida, ya que las com­pe­ten­cias en ma­teria de abas­te­ci­miento, sa­nea­miento y de­pu­ra­ción con­ti­núan re­si­den­ciadas en las en­ti­dades lo­ca­les.
Según Aldanza, en los tres úl­timos ejer­ci­cios el pre­su­puesto para obras de agua se ha visto re­du­cido a la mi­tad, dán­dose si­tua­ciones en las que no se hace la obra, sim­ple­mente se aban­dona por­que, lo con­tra­rio, lleva al con­tra­tista a perder di­nero.
Asagua pide cam­biar los Pliegos de Cláusulas Administrativas para frenar el ritmo de las bajas que se pro­ducen en las li­ci­ta­cio­nes. Denuncia, por ejem­plo, que en los pliegos ac­tua­les, cuando se va­lora más de un cri­te­rio, el con­se­guir la mejor oferta téc­nica no su­pone ser el ad­ju­di­ca­ta­rio, “con el mal re­sul­tado para los in­tereses pú­bli­cos, de­ri­vado del hecho de que la ad­ju­di­ca­taria sea una oferta téc­nica me­dio­cre”.

Cláusulas ad­mi­nis­tra­ti­vas
En pa­la­bras de su por­ta­voz, el origen de las “desorbitadas ba­jas” en las li­ci­ta­ciones está en los pliegos de cláu­sulas ad­mi­nis­tra­tivas par­ti­cu­lares y otros fac­tores como la de­no­mi­nada “situación del mer­ca­do”, re­fe­rida a la de­ci­sión del Ejecutivo de cargar al má­ximo el ajuste fiscal en la in­ver­sión. Esta si­tua­ción ha pro­vo­cado un daño irre­ver­sible al sec­tor, que ya no solo afecta a las em­presas sino que se acusa en el me­dioam­biente y en la falta de con­ser­va­ción que in­cide sobre las con­di­ciones me­dioam­bien­tales de las aguas, si­tua­ción pro­pi­ciada por el re­corte en la li­ci­ta­ción pú­blica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Por otro lado, sor­prende que, a pesar de que el pre­su­puesto de la Dirección General del Agua ha au­men­tado y que hay di­nero dis­po­nible del Plan Crece, el BOE no haya pu­bli­cado hasta hace unas se­manas el primer anuncio de li­ci­ta­ción, lo que su­pone que no habrá ad­ju­di­ca­ciones hasta el pró­ximo mes de no­viem­bre, cuando ya está aca­bando el ejer­ci­cio. Este di­nero que po­dría ser des­ti­nado a pro­yectos de agua se des­ti­nará a otros de­par­ta­men­tos. Pese a las exi­gen­cias eu­ro­peas, la li­ci­ta­ción sigue siendo muy baja pese España está obli­gada a cum­plir con los planes de me­jora de la ca­lidad de las aguas y de riesgo de inun­da­cio­nes.
Respecto a la Ley de Contratos del Sector Público, en trá­mite par­la­men­tario y que anuncia nuevos sis­temas de con­tra­ta­ción, sub­raya que no será fácil poner en prác­tica de­bido a los pro­blemas que va a aca­rrear, como por ejem­plo, el con­trato de aso­cia­ción para la in­no­va­ción, sus­ten­tado por el sis­tema co­no­cido como Compra Pública Innovadora (CPI). En opi­nión de Asagua, la re­gu­la­ción de la mo­di­fi­ca­ción de los con­tratos va más allá de la Directiva eu­ropea y, al am­paro de la Ley de Desindexación, re­corta el ac­tual sis­tema de re­vi­sión de pre­cios. Tampoco aborda el pro­ce­di­miento para tra­mitar las emer­gen­cias y con­sagra a la em­presa Tragsa como medio propio de las Administraciones Públicas.