Más de tres décadas ha necesitado la
Región de Murcia para lograr una ley electoral democrática que
equiparase el sistema electoral murciano al del resto de autonomías
españolas. Para reformar la Ley era requisito obligado acabar con la
mayoría absoluta, y para acabar con la mayoría absoluta era casi
indispensable acabar con una Ley que se ideó hace treinta años para
fabricar mayorías absolutas.
La norma de 1987, ahora reformada, manufacturaba mayorías otorgando un plus de representación parlamentaria a los dos principales partidos del sistema; una especie de 'bonus' electoral que se detraía a las minorías políticas, mediante el establecimiento de una barrera o umbral de representación muy elevado para obtener escaño "el 5% en el conjunto de la Región" y de un cuarteamiento artificial de la provincia en cinco distritos electorales de magnitud diversa y generador de umbrales efectivos, en algunas de esas circunscripciones, imposibles de alcanzar para las terceras fuerzas políticas.
Romper ese círculo vicioso, esa anomalía que ha
singularizado a la Región de Murcia del resto de autonomías, ha costado
ocho legislaturas, y sólo ha sido posible en una suerte de confluencia
de factores. Las elecciones de mayo han coincidido con uno de los picos
más altos de la crisis del bipartidismo en España, con una gravísima
situación de emergencia social y económica en la Región, con un partido
de gobierno acorralado por casos de corrupción, y con la ruptura en la
parte derecha del espectro político del sólido monopolio electoral que
en ese territorio ideológico ha ostentado el PP durante décadas. Aún
así, el PP ha quedado a un solo diputado de la mayoría absoluta. Con un
37% por ciento de voto, la Ley Electoral le ha otorgado mecánicamente
casi un 49% de los escaños de la cámara.
La reforma de dos de los
cuatro principales elementos del sistema electoral „circunscripción y
umbral„ fue durante años objetivo político esencial de quienes aspiraban
a dotar al sistema de justicia electoral, singularmente de Izquierda
Unida, que a lo largo de nueve legislaturas, y por la peculiar forma con
la que esta Ley ha convertido los votos populares en escaños, se ha
dejado en el camino nada menos que trece diputados. Dos de ellos en las
últimas elecciones.
No obstante, esta modificación, ahora
auspiciada por toda la oposición parlamentaria, interesa, salvo al PP, a
todos los grupos políticos. Todos han actuado conforme a la teoría de
la elección racional. Si el voto en las elecciones de mayo se hubiese
leído a la luz de la nueva Ley es cierto que el PSOE hubiese perdido un
diputado. Pero aun cuando su cambio de opinión pueda parecer paradójico
„ellos son los responsables históricos de ese engendro legal que ha sido
la Ley Electoral murciana„ ese cambio los reconcilia con una
reivindicación, con una bandera que durante tres décadas empuñó en
solitario IU, que se ha hecho cada día más popular y hoy está
ampliamente respaldada por la sociedad. De otro lado, ya en el plano de
la aritmética parlamentaria, conviene perder un escaño si tu rival más
directo pierde tres y quienes se los apuntan son potenciales aliados con
los que poder construir una mayoría de gobierno alternativa. Esas son
las cuentas del PSOE.
Las matemáticas de Ciudadanos son las más
claras, de hecho ha sido su grupo parlamentario el que ha promovido la
proposición de Ley que ha reformado un sistema que el pasado 24 de mayo
les birló dos escaños. La reforma de la Ley dejaría a Podemos con los
mismos seis escaños que obtuvo en mayo, pero a futuro les interesa esta
reforma. Baste señalar que dos de sus seis diputados, y particularmente
el obtenido en el Guadalentín, no están precisamente entre los primeros
cocientes mayores una vez aplicada la fórmula D´Hont a los votos
válidos; que en su mejor momento han demostrado estar a muchos
kilómetros de arañar escaño en las dos circunscripciones pequeñas; y que
la demoscopia, desde las elecciones a esta parte, les dibuja líneas a
la baja.
La urgencia en aprobar la reforma, estrechamente
vinculada a una eventual imputación del presidente de la Comunidad que
podría desatar el pacto de investidura con Ciudadanos, ha dejado fuera
del debate otro de los elementos fundamentales de todo sistema
electoral: el de la fórmula o método electoral. Toda vez que los grupos
parlamentarios han mostrado su predisposición a retomar en un futuro no
muy lejano otras reformas en la Ley, IU les va a trasladar, entre otras,
una propuesta sobre ese extremo.
Tras tres décadas padeciendo
una Ley electoral muy poco democrática, creemos llegado el momento de
que nuestra Región sea pionera en España dotándose de una norma que
elimine todo elemento distorsionador de la proporcionalidad. Y en tal
sentido, ya en esa segunda fase revisora de la Ley, no estaría nada mal
desprendernos de la fórmula D´Hont y traer a nuestra Ley a la más
proporcional cuota Hare.
Si la reforma del umbral y los distritos nos equipara al resto de España, con el cambio de la fórmula, podríamos presumir de la Ley electoral más democrática del país.
(*) Ex diputado regional por IU-Verdes
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