miércoles, 8 de julio de 2015

El Interventor General de la Comunidad Autónoma urge a cerrar la desalinizadora de Escombreras

MURCIA.- El interventor general de la Comunidad Autónoma, Eduardo Garro Gutiérrez, ha evacuado un dictámen sobre la desalinizadora de Escombreras, promovida en su día por el Ente Público del Agua de la Región de Murcia, donde se urge a poner término a la situación con Hydro Management (propiedad de 'Cobra', del Grupo ACS, y un grupo de socios murcianos) debido a lo gravoso que resulta a las arcas autonómicas el contrato de arrendamiento por 600 millones de euros anuales durante 25 años, según han confirmado hoy fuentes de la Consejería de Economía.

La desalinizadora de Escombreras está siendo objeto de una doble investigación por parte de la Fiscalía, que ya ha requerido información al respecto al gobierno autónomo, cuyos servicios jurídicos han recomendado, por su parte, que se le entregue para aportarla a las diligencias 'ad hoc' que ya tiene abiertas.

El ex presidente, Ramón Luis Valcárcel, y el ex consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, imputado en el 'caso Novo Carthago', fueron en 2006 los principales promotores políticos de una desalinizadora tan ruinosa para el erario público regional, y ahora pudieran verse en nuevas dificultades en los tribunales si la Fiscalía viese indicios racionales de un nuevo presunto delito por su parte, según fuentes del TSJ, ante tal desequilibrio patrimonial.

El Tribunal de Cuentas detectó en su día que algo no estaba claro en la desalinizadora de Escombreras porque, aparte de infrautilizada sobre su capacidad de 21 Hm3, el coste de producción era muy superior al precio pactado de venta del m3 de agua tratada a ayuntamientos de la zona, por lo que esta especie de 'dumping' llamó poderosamente su atención hasta ponerlo en conocimiento de la Fiscalía para sustanciar y depurar posibles responsabilidades penales a las que hubiere lugar.

El sentido de la investigación de la Fiscalía es averiguar ahora si hubo supuesto fraude y malversación de caudales públicos por parte de los dos avezados gestores públicos. Y si existe conexión con el 'caso Novo Carthago' porque la desalinizadora se construyó, al parecer, casi con el único propósito de asegurar el abastecimiento de agua a esa cuestionada urbanización sobre suelo protegido del término municipal de Cartagena, junto al Mar Menor, por parte de la Unión Europea.

La Consejería de Presidencia dijo hoy que el informe del interventor general no es vinculante y forma parte del proceso administrativo iniciado por la Intervención General sobre este extremo, que aún está abierto y que cuenta con diversos estudios jurídicos y económicos.

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