En realidad, siempre han estado ahí.
Pero ahora son explícitas y proceden de las más altas autoridades del
Estado. El ministro avisa de que puede recurrir al 155 de la CE.
Ya se sabe que no cabe suspender la autonomía porque eso sería
suspender el estatuto, cosa que no cabe hacer unilateralmente. Pero sí
puede forzarse a las autoridades de una Comunidad al cumplimiento de la
ley, impartiendo las órdenes oportunas, incluso al conjunto de las
autoridades de esa Comunidad. En términos de hoy, lo que el gobierno
central pretende es conseguir el control remoto de la Generalitat. Para
lo cual va a necesitar "troyanos", ya que puede encontrarse con una
reacción de desobediencia civil generalizada en Cataluña. Es de suponer
que el ministro tendrá algo preparado en estas circunstancias. O quizá
sea mucho suponer.
Algo
distinto de la Ley de Seguridad Nacional que el PP pactó con el PSOE de
Rubalcaba y que, según el ministro, está pensada para cosa distinta que
para los conflictos con las Comunidades Autónomas. Escaso crédito
merece el hombre. Primero porque el mismo enunciado de la ley, a fuer de
ambiguo, está pidiendo que la empleen en lo que sea. Así se consideran
dignos de especial protección unos etéreos "valores constitucionales". Y
en segundo lugar porque, en el fondo, el gobierno central está
dispuesto a hacer cualquier cosa para frenar el proceso soberanista en
este punto de exaltación a que se ha llegado por méritos del
nacionalismo catalán y deméritos del nacionalismo español.
Por
ejemplo, una moción de censura al gobierno de la Generalitat. Ignoro si
la señora Camacho cuenta con los requisitos, pero está claro que la
moción no se presenta para ganar sino con el fin, según parece, de
retrasar las elecciones autonómicas de septiembre que, por cierto,
siguen sin convocarse oficialmente, que yo sepa. Si de retrasar las
elecciones se trata, seguro que a alguien se le ocurre provocar un
incidente que fuerce el aplazamiento y quién sabe si la nueva Ley de
Seguridad Nacional o, con algo de suerte, un estado de excepción.
Cualquier cosa con tal de que no haya elecciones. Las cloacas del Estado
estarán a pleno rendimiento en defensa, por supuesto, de la democracia y
el imperio de la ley.
La
obediencia a la ley es la doctrina Rajoy que todos sus colaboradores
repiten religiosamente. La ley está para acatarla. Es igual para todos.
Nos obliga a todos y el gobierno la hará cumplir. Los soberanistas
catalanes quieren desobedecer y, según Rajoy, cambiar unilateralmente
las reglas del juego. Algo nefando, imposible de aceptar pero que es
exactamente lo que hace él mismo con el proyecto de ley de reforma de la
ley electoral que el PP pretende aprobar a tres meses de las
elecciones, en el caso de pucherazo preventivo más asombroso que vieron
los tiempos. Es decir, los soberanistas deben obedecer la ley que el PP
cambia cuando le parece. Y con el recochineo añadido de que se les dice
que, si no estan conformes con ella, que la cambien, sabiendo de sobra
que, al ser una minoría nacional, los catalanes nunca podrán ser mayoría
en el conjunto de España.
Esta
actitud de choque de trenes que originó el PP ya desde sus campañas
anticatalanas en contra del Estatuto, cuenta con el vergonzante apoyo
del PSOE. Es difícil encontrar una muestra mayor de desconocimiento e
insensibilidad frente a Cataluña que esa desgraciada expresión de
Sánchez de que Mas tiende una trampa a los catalanes.
Al margen de que lo diga en Hospitalet, que tiene su interés, queda por
averiguar exactamente qué quiere decir con el término "trampa". A
primera vista es bastante ofensivo para las autoridades y el conjunto de
los catalanes, al parecer unos simples a quienes se puede engañar con
trampas. Pero, sobre todo, revela verdadera rudeza de espíritu. A la
vista de cómo se toma el gobierno la cuestión del proceso soberanista,
no es inimaginable que Mas acabe en la cárcel. Llamar tramposo a alguien
que arrostra la cárcel por sus convicciones no es de recibo.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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