CARTAGENA.- La eurodiputada cartagenera Lola Sánchez, de Podemos, ha sido elegida
'Eurodiputada justa del año', un premio que distingue el empeño de los
parlamentarios europeos por conseguir que las políticas de la UE sean
más justas con los países en vías de desarrollo.
La eurodiputada ha sido seleccionada para este premio de entre los
751 representantes que integran la Eurocámara por la Fundacion Max van
der Stoel, que hace un seguimiento de la actividad de los políticos con
su programa 'Fair politics' y concede estos galardones desde 2009.
En el ránking que elabora la fundación, Sánchez obtuvo la puntuación
más alta de todos los parlamentarios, con 20 puntos, más del doble que
los siguientes representantes mejor puntuados, la holandesa Judith
Sargentini, del Grupo Verde Europeo, y el alemán Norbert Neuser, del
Grupo Socialista, con nueve puntos. La siguiente representante española con
mayor puntuación fue la socialista Elena Valenciano, con cuatro puntos.
El jurado, indican fuentes de Podemos en un comunicado, ha valorado
el trabajo de Sánchez para "contribuir a una mayor eficacia de las
políticas de desarrollo de la UE", así como su "esfuerzo por incrementar
coherencia de la acción exterior de la Unión Europea en temas como la
evasión fiscal, el comercio y la inversión Asociación Transatlántica
(TTIP) y la migración".
La eurodiputada considera que este premio es "un gran estímulo para
seguir impulsando políticas europeas justas y coherentes", y subraya que
"ya es hora de que Europa ponga fin a los acuerdos comerciales y de
inversión que socavan la economía de los países en desarrollo y el
bienestar de su gente".
En su opinión, "la política comercial europea debe beneficiar a las
personas y no a las grandes multinacionales ni a grupos", y Europa tiene
que desempeñar "un papel clave hacia un mundo más justo".
En este curso parlamentario, Sánchez ha presentado diversas enmiendas
al informe legislativo del Parlamento Europeo sobre la regulación de
minerales de conflicto, con el objetivo de conseguir una legislación
vinculante para los recursos naturales de las zonas afectadas por
conflictos o proclives al conflicto.
También ha sido ponente de la Opinión de la Comisión INTA sobre
Sector Privado y el Desarrollo, que tiene como objetivo lograr un marco
regulatorio vinculante que garantice que las empresas privadas sean
responsables de sus acciones en los países en desarrollo y preserven los
derechos humanos, la igualdad de género, la protección social, el
trabajo digno y el acceso a servicios públicos de calidad.
Asimismo, ha abordado en la Eurocámara temas como la explotación
laboral infantil, pidiendo a la Comisión Europea normas vinculantes,
sobre todo en materia comercial, para combatir ese problema.
A su juicio, "la cooperación internacional al desarrollo va más allá
de las políticas de ayuda", ya que las políticas agraria, comercial y de
migraciones, por ejemplo, tienen "un importante impacto en los países
en desarrollo", por lo que deben ser objeto de atención para "contribuir
de manera coherente al desarrollo y al bienestar de toda la gente".
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