LA UNIÓN.- La Comisión de Secretarios de Estado -por cuarta semana consecutiva-
ha sacado de la agenda del Consejo de Ministros la autorización del
contrato para la ejecución del proyecto de Regeneración y adecuación
ambiental de la Bahía de Portmán, por un importe de 60 millones de euros
para el periodo entre 2015 y 2018, según revela hoy 'La Verdad'.
En esta ocasión, según confirmó el consejero de Obras Públicas,
Francisco Bernabé, la reunión semanal del Gobierno central, que se
celebra los viernes, no podrá dar el visto bueno al proyecto «ya que la
ministra de Medio Ambiente está fuera de España y todos los asuntos de
su departamento se han suprimido del orden del día». Si no ocurre otro
imprevisto -el quinto- el proyecto se validará el próximo 19 de junio.
Se trata del mismo texto, con su correspondiente Declaración de
Impacto Ambiental, que el mismo órgano -entonces gobernado por el PSOE-
aprobó en julio de 2011, y que contó con el consenso previo de
administraciones, partidos políticos, asociaciones y grupos ecologistas.
La partida incluida este año en los presupuestos generales del Estado
para este fin es de 3 millones de euros.
Un proyecto que, según reza en su introducción, pretende «dar
solución a los graves problemas ambientales existentes en esta bahía,
como consecuencia de años de vertidos causados por las explotaciones
mineras de la zona». Las obras consistirán, fundamentalmente, en el
dragado para la recuperación de 250 metros de la línea de costa actual,
la dotación de una playa de 45 metros de anchura con las arenas limpias
del dragado, el sellado y revegetación de una gran extensión junto a la
playa, la recogida y canalización del agua de escorrentía y el
acondicionamiento de la antigua corta San José para el depósito de los
materiales sobrantes, que llegarán mediante una cinta transportadora.
Como novedad, el pliego de condiciones, recordó Bernabé, «contempla
la posibilidad de valorizar por el adjudicatario los minerales
existentes en los residuos, lo que propiciaría la reducción del
presupuesto de las obras».
A partir de que sea autorizado por el Consejo de Ministros, y antes
del anuncio de licitación pública en el BOE, la Intervención Delegada
del Estado en el Ministerio de Medio Ambiente, deberá emitir un informe
preceptivo en el que certifique la existencia y la adecuación del
crédito plurianual.
Si hay reparos de la Intervención, de acuerdo con los preceptos que
señala la Ley General Presupuestaria, se suspenderá la tramitación del
expediente hasta que sea solventado, bien por la subsanación de las
deficiencias observadas o bien, en el caso de no aceptación del reparo,
por la resolución del procedimiento de discrepancia que el Ministerio de
Medio Ambiente tenga regulado.
Sobre esto, Bernabé subrayó que «con las debidas cautelas, llegados a
este punto, se trata ya de un procedimiento administrativo que no tiene
vuelta atrás».
No hay comentarios:
Publicar un comentario