ALICANTE.-Roberto López Abad, director general de la CAM durante una década, no
sólo tenía «un control y dominio absoluto de la entidad» sino que le
importó más asegurarse su futuro y el de los miembros del comité de
dirección que la agónica situación de la caja. Una entidad que tuvo que
ser intervenida por el Banco de España poco después de que de que, con
López Abad al frente, se asignaran unas retribuciones por encima de las
que correspondían dado el estado contable real de la entidad, cuyo
falseo sirvió precisamente para engordar estos emolumentos.
La
Fundación CAM, acusación particular junto al Fondo de Garantía de
Depósitos en las causas abiertas por la gestión de la caja (excepto la
que investiga la emisión y venta de participativas y preferentes, en la
que comparte con el Sabadell la condición de responsable civil) esgrime
estos argumentos para impugnar el recurso que contra su procesamiento en
la pieza principal ha presentado el exdirector general.
Frente a la afirmación de López Abad de que todo lo que cobró de la CAM estaba aprobado por sus órganos, incide la Fundación en el «control y dominio» de la entidad que tenía el entonces director general «por las características de los consejos de administración de las cajas de ahorro formados por representantes de los impositores o de diversos sectores o intereses sociales no profesionales del sector». Eso además de que, según mantiene la heredera de la Obra Social, el ex alto ejecutivo fue «el protagonista y mayor artífice de las falsedades del año 2010», el ejercicio en el que, junto a los seis primeros meses de 2011, hasta su intervención por el Banco de España, se ha detectado la presunta falsedad de las cuentas que se investiga en este procedimiento.
Alude esta acusación al «contundente material probatorio» que incriminaría a la excúpula de la CAM entre lo que cita los correos electrónicos sobre las indemnizaciones por las prejubilaciones del comité de dirección «en los que participaron Roberto López, la propia María Dolores Amorós y el director general de Recursos Humanos, Vicente Soriano».
Frente a la afirmación de López Abad de que todo lo que cobró de la CAM estaba aprobado por sus órganos, incide la Fundación en el «control y dominio» de la entidad que tenía el entonces director general «por las características de los consejos de administración de las cajas de ahorro formados por representantes de los impositores o de diversos sectores o intereses sociales no profesionales del sector». Eso además de que, según mantiene la heredera de la Obra Social, el ex alto ejecutivo fue «el protagonista y mayor artífice de las falsedades del año 2010», el ejercicio en el que, junto a los seis primeros meses de 2011, hasta su intervención por el Banco de España, se ha detectado la presunta falsedad de las cuentas que se investiga en este procedimiento.
Alude esta acusación al «contundente material probatorio» que incriminaría a la excúpula de la CAM entre lo que cita los correos electrónicos sobre las indemnizaciones por las prejubilaciones del comité de dirección «en los que participaron Roberto López, la propia María Dolores Amorós y el director general de Recursos Humanos, Vicente Soriano».
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