MURCIA.- El propietario del Real Murcia, Jesús Samper, defiende su actuación
en el convenio urbanístico Nueva Condomina, firmado con el Ayuntamiento
de Murcia hace catorce años. Pide el sobreseimiento de la pieza separada
abierta dentro del 'caso Umbra', de presunta corrupción urbanística.
A través de un recurso que deberá resolver la Audiencia Provincial de
Murcia, Samper niega los presuntos delitos de inducción a la
prevaricación y uso de información privilegiada que le imputa el Juzgado
de Instrucción nº 8 de Murcia, que investiga los hechos.
Este empresario rechaza el papel protagonista en las negociaciones
del convenio que le atribuye el juez instructor, David Castillejos, y
añade que en toda la causa no aparece, ni siquiera a nivel indiciario,
ninguna conducta que pueda ser constitutiva de delito alguno.
El apelante expone en otro momento que «los hechos investigados
carecen de la más mínima relevancia penal, pues se circunscriben, sin
más, a la discrepancia interpretativa en una materia compleja, como es
la urbanística». En su recurso incide en que esa discrepancia se refería
a la compensación que debía recibir el Consistorio por los
aprovechamientos urbanísticos derivados del convenio.
Sobre el particular, recuerda que la Sala de lo Contencioso del
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia respaldó el contenido del
acuerdo, discrepando solo en cuanto a la cláusula aplicada para fijar
esa compensación, que anuló por haberse tenido que aplicar otra. Samper
añade, además, que una vez emitidas esas sentencias, el Ayuntamiento
llevó a cabo las actuaciones precisas para conseguir la compensación que
se derivaba de esa otra cláusula.
El propietario del Real Murcia también hace hincapié, en su recurso
ante la Audiencia, en que en el origen del controvertido convenio
urbanístico estuvo el interés «tanto del Real Murcia como de la
ciudadanía y sus representantes políticos en que se emprendiera la
construcción de un nuevo estadio de fútbol, debido a las condiciones
obsoletas del entonces existente». Concluye que «la propia prensa local
se había hecho eco de esta necesidad y de la existencia de un grupo
empresarial interesado en acometer el proyecto desde finales de los años
noventa».
El exgerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia Pedro Morillas
también defiende la legalidad de su actuación en la preparación del
convenio Nueva Condomina y reclama el archivo de la causa. En su
recurso, además de rebatir varios extremos del auto, señala, al igual
que Samper, que dos sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ampararon el contenido del
convenio, ya que solo anularon la cláusula que se refería al
aprovechamiento municipal.
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