MADRID.-El PP impidió ayer en el Congreso que se investiguen los negocios privados del diputado por Murcia, Martínez-Pujalte tras hacer valer su mayoría absoluta para rechazar en solitario las
peticiones de PSOE e IU-ICV para que la Comisión del Estatuto del
Diputado investigara si el portavoz económico del PP se había prevalido de su condición de
diputado para cobrar retribuciones periódicas por asesorar verbalmente a
una empresa que contrataba con la administración pública.
Los
socialistas e Izquierda Plural solicitaron que la comisión encargada de
autorizar las actividades extraparlamentarias de los diputados
investigara a Pujalte tras publicarse que tanto él como el ahora
embajador de España en Londres, el exministro Federico Trillo, habían
cobrado la pasada legislatura por asesorar al Grupo Collosa, una de las
empresas beneficiarias de las adjudicaciones de parques eólicos en
Castilla y León.
El propio Pujalte reconoció públicamente que
había cobrado de esta empresa y subrayó que lo había declarado a
Hacienda y que tenía la compatibilidad del Congreso para ejercer como
economista. Los mismos argumentos ha esgrimido, según explicaron fuentes
parlamentarias, en el documento que dirigió a la Comisión del Estatuto
del Diputado, que le permitió hacer alegaciones antes de decidir sobre
los escritos de PSOE e IU-ICV.
Los 'populares' reprocharon al
resto de grupos que dieran credibilidad a la versión del portavoz
socialista, Antonio Hernando, sobre sus trabajos de asesoramiento a un
partido de Panamá, pero no a la del parlamentario del PP.
Los
representantes de PSOE, Ignacio Sánchez Amor e Izquierda Plural, Ricardo
Sixto, insistieron en que no era una cuestión de creer o no a Pujalte,
sino de que, en su caso, el propio empresario que contrató sus servicios
de asesoramiento ha reconocido que lo hizo por «su condición de
diputado informado», habida cuenta de que entonces el 'popular' no era
sólo ponente de los Presupuestos Generales del Estado, sino también
portavoz de varias materias económicas.
En este contexto, han
propuesto que la comisión hiciese un plan de trabajo para aclarar este
punto y que citase a comparecer tanto a Pujalte como al empresario que
requirió sus servicios.
Asimismo, insistieron en que el diputado no ha
negado haber recibido una retribución periódica por esos trabajos de
asesoría que no se hicieron por escrito sino de forma verbal y que
fueron para una empresa que tenía adjudicaciones públicas, si bien, el
diputado alegó que su asesoramiento siempre fue general y no sobre
contratos concretos.
PSOE e IU-ICV defendieron que se sentaría un
grave precedente y se enviaría un mensaje muy negativo de opacidad a la
sociedad si el Congreso no aceptase realizar más pesquisas. Sometido a
votación si se archivaban las solicitudes de PSOE e IU-ICV y el PP se
quedó solo votando a favor.
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