MURCIA.- El consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación en funciones, Juan Carlos Ruiz, ha sido citado a declarar en calidad de imputado en el marco de la causa en la que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos que fueron destapadas a través de la 'operación Púnica', según han informado hoy fuentes jurídicas.
En concreto, está citado el 22 de junio, en la Audiencia Nacional, a
partir de las 10.00 horas, por un presunto delito relacionado con la corrupción de una presunta trama de amaño de contratos públicos y por una supuesta malversación de caudales públicos, que ahora se investiga en Madrid y Murcia.
Según ha informado la Cadena SER, el juez Eloy Velasco llamará a declarar a los imputados en esta nueva fase de la 'operación Púnica' durante la última semana de junio cuando presumiblemente dejen de ser aforados algunos de los implicados tras la constitución de los nuevos parlamentos autonómicos a los que no han concurrido como candidatos ninguno de ellos.
El juez Velasco, titular del juzgado nº 6 de la Audiencia Nacional, donde se instruye el caso, levantará a finales de este mes el secreto de sumario, excepto en aquellas gestiones relativas a las comisiones rogatorias internacionales.
En la Región de Murcia, la primera fase de la 'operación Púnica' se saldó con la imputación de la entonces directora del Instituto de Fomento (INFO), Reyes Samper, la directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez , su secretario general, Jesús Galindo y el jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, José Fidel Saura. También fue imputado entonces el ex alcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso, considerado uno de los cabecillas de la citada trama en España.
Todos ellos tuvieron que declarar ante el citado juez de la Audiencia Nacional para dar cuenta de unos contratos con la empresa Madiva, gestionada por uno de los principales implicados, Alejandro de Pedro, y que tenía como objetivo la promoción del turismo náutico en el mercado británico.
El importe del contrato, objeto de la investigación, ascendía a 24.000 euros. El juez también investiga en la Región una propuesta entregada al Instituto de Fomento, que no llego a ser aprobada, cuyo objetivo era la mejora de la reputación de altos cargos de la Comunidad Autónoma de Murcia en internet, donde aparece Pedro Antonio Sánchez, ex alcalde de Puerto Lumbreras y reciente cabeza de lista del PP a la Asamblea Regional. El entonces consejero de Educación asegura que rechazó la oferta para limpiar su reputación antes de las elecciones de mayo, porque no la necesitaba ni se fiaba.
Las conversaciones que mantuvo a finales del año pasado Alejandro de Pedro con el entonces jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, y hombre de confianza de Juan Carlos Ruiz, el ex concejal cartagenero José Fidel Saura, fueron interceptadas por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Los indicios apuntan a que la promoción en las redes sociales de la imagen pública y personal de Juan Carlos Ruiz - pretendiente al sillón de San Esteban contra el criterio de Ramón Luis Valcárcel- se iba a sufragar presuntamente con dinero público. Parece se iba a realizar destinando una parte del importe de los contratos que la compañía Madiva -propiedad del empresario De Pedro- pretendía suscribir con varios organismos dependientes del propio consejero, como el Instituto de Turismo o el Instituto de Fomento (INFO). Esta línea de investigación, aún abierta, es la que habría llevado al juez Velasco a imputar ahora al consejero de Turismo de la Región de Murcia, Juan Carlos Ruíz.
Las pesquisas contra la trama, que giraba en torno a dos conseguidores --los empresarios David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca--, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Lausanne (Suiza) informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por blanqueo de capitales, lo que condujo a descubrir en España una "organización criminal" desarticulada con la operación Púnica.
El consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación en funciones, Juan Carlos Ruiz, comparecerá públicamente en las próximas horas, según el portavoz del PP en Murcia, Víctor Martínez, quien ha expresado, igualmente, su respeto a las decisiones judiciales.
Según ha informado la Cadena SER, el juez Eloy Velasco llamará a declarar a los imputados en esta nueva fase de la 'operación Púnica' durante la última semana de junio cuando presumiblemente dejen de ser aforados algunos de los implicados tras la constitución de los nuevos parlamentos autonómicos a los que no han concurrido como candidatos ninguno de ellos.
El juez Velasco, titular del juzgado nº 6 de la Audiencia Nacional, donde se instruye el caso, levantará a finales de este mes el secreto de sumario, excepto en aquellas gestiones relativas a las comisiones rogatorias internacionales.
En la Región de Murcia, la primera fase de la 'operación Púnica' se saldó con la imputación de la entonces directora del Instituto de Fomento (INFO), Reyes Samper, la directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez , su secretario general, Jesús Galindo y el jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, José Fidel Saura. También fue imputado entonces el ex alcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso, considerado uno de los cabecillas de la citada trama en España.
Todos ellos tuvieron que declarar ante el citado juez de la Audiencia Nacional para dar cuenta de unos contratos con la empresa Madiva, gestionada por uno de los principales implicados, Alejandro de Pedro, y que tenía como objetivo la promoción del turismo náutico en el mercado británico.
El importe del contrato, objeto de la investigación, ascendía a 24.000 euros. El juez también investiga en la Región una propuesta entregada al Instituto de Fomento, que no llego a ser aprobada, cuyo objetivo era la mejora de la reputación de altos cargos de la Comunidad Autónoma de Murcia en internet, donde aparece Pedro Antonio Sánchez, ex alcalde de Puerto Lumbreras y reciente cabeza de lista del PP a la Asamblea Regional. El entonces consejero de Educación asegura que rechazó la oferta para limpiar su reputación antes de las elecciones de mayo, porque no la necesitaba ni se fiaba.
Las conversaciones que mantuvo a finales del año pasado Alejandro de Pedro con el entonces jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, y hombre de confianza de Juan Carlos Ruiz, el ex concejal cartagenero José Fidel Saura, fueron interceptadas por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Los indicios apuntan a que la promoción en las redes sociales de la imagen pública y personal de Juan Carlos Ruiz - pretendiente al sillón de San Esteban contra el criterio de Ramón Luis Valcárcel- se iba a sufragar presuntamente con dinero público. Parece se iba a realizar destinando una parte del importe de los contratos que la compañía Madiva -propiedad del empresario De Pedro- pretendía suscribir con varios organismos dependientes del propio consejero, como el Instituto de Turismo o el Instituto de Fomento (INFO). Esta línea de investigación, aún abierta, es la que habría llevado al juez Velasco a imputar ahora al consejero de Turismo de la Región de Murcia, Juan Carlos Ruíz.
Las pesquisas contra la trama, que giraba en torno a dos conseguidores --los empresarios David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca--, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Lausanne (Suiza) informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por blanqueo de capitales, lo que condujo a descubrir en España una "organización criminal" desarticulada con la operación Púnica.
El consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación en funciones, Juan Carlos Ruiz, comparecerá públicamente en las próximas horas, según el portavoz del PP en Murcia, Víctor Martínez, quien ha expresado, igualmente, su respeto a las decisiones judiciales.
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