MURCIA.- Ecologistas en Acción alerta desde hace décadas de que la "connivencia"
de las administraciones públicas frente al urbanismo ilegal en zonas
sensibles "incrementa sobremanera la probabilidad de incendios y agrava
sus consecuencias".
El incendio acontecido ayer y esta madrugada en unas 50 hectáreas
del Puerto del Garruchal, limítrofe con el Parque Regional de Carrascoy
y el Valle, ha afectado a la zona de protección especial, ZEPA, Monte
El Valle y Sierras de Altaona y Escalona, según han informado fuentes de
la organización ecologista en un comunicado.
Las administraciones
competentes, en este caso la Comunidad y el Ayuntamiento de Murcia,
"han permitido durante décadas la edificación ilegal de viviendas
unifamiliares, básicamente de segundas residencias, en zonas forestales
de especial importancia y sensibilidad ambiental".
Una situación
que, para Ecologistas en Acción, "ocurre en toda el área de la Sierra de
Columbares, en el municipio de Murcia, pero particularmente en los
alrededores de la Camino de Los Puros, un área de especial importancia
en lo referente a biodiversidad".
Es por ello que está declarada
ZEPA y alberga multitud de Hábitats de Importancia Comunitaria, muchos
de ellos Prioritarios. El Búho Real (Bubo bubo) es el principal objetivo
de esta protección, aunque también es destacable la presencia de otras
rapaces como el Águila Perdicera (Hieraaetus fasciatus), Águila real
(Aquila chrysaetos), Águila calzada (Hieraaetus pennatus), Águila
culebrera (Circaetus gallicus) y Halcón peregrino (Falco peregrinus),
incluidas a su vez en el Anexo II de la Directiva Hábitat.
En
muchas ocasiones Ecologistas en Acción ha manifestado que la
proliferación de edificaciones "ilegales" tiene consecuencias graves
para la conservación de espacios como la Sierra de Columbares.
Asímismo,
reclama agilidad en la investigación sobre el origen y la motivación
del incendio de El Garruchal para determinar si éste ha sido una
negligencia o intencionado.
Finalmente, la organización ecologista
lamenta que han pasado 12 años desde que se presentó la Estrategia
Forestal y aún no se ha aprobado, ni tampoco la Ley de Montes regional,
"sempiterna promesa del gobierno del PP en sus sucesivos programas
electorales".
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