MURCIA.- El proyecto
de revisión del Plan Hidrológico del Segura 2015-2021 (en adelante PHS21) es,
en opinión de muchos ciudadanos seguidores de la cuestión, nulo de pleno
Derecho en cuanto al cálculo del balance hídrico y al estado cuantitativo y
cualitativo de sus acuíferos porque se aparta de la normativa oficial en
España para su evaluación y de la práctica habitual empleada en el mundo en
esta materia.
Fruto de estos dos
errores fundamentales, a su juicio, el PHS21 crea un
déficit ficticio de agua donde no lo hay; para, a su juicio, favorecer un “clima de escasez” en la
opinión pública y dificultar así, y por vía normativa, el acceso a nuevos usos del agua de la propia
cuenca del Segura a ciudadanos en general y a agricultores en particular.
Esto
propicia, según ellos, el fomento de las grandes obras hidráulicas (que tanto benefician a
las constructoras del IBEX-35); el negocio de las compañías privadas y
multinacionales que gestionan el agua de abastecimiento municipal; y el
mantenimiento del estatus económico y de poder de los grandes “magnates del
agua”, parapetados ahora en el sector hortofrutícola tras la crisis del
ladrillo.
Todo ello perjudica, siempre a su juicio, enormemente la libre competencia en el sector
industrial y agroalimentario y el desarrollo rural del interior de la cuenca. Es decir, este proyecto hace todo lo contrario de lo
que debe hacer un Plan Hidrológico, a la luz de la Constitución y de la Ley
de Aguas, que es promover las
condiciones favorables para el progreso social y económico, con una
distribución de la renta más equitativa; y “la
satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del
desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso
[…]” en armonía con el medio ambiente y procurando un buen estado ecológico
del dominio público hidráulico.
No hay comentarios:
Publicar un comentario