martes, 9 de junio de 2015

El juez ya ultima el procesamiento de Cámara por 'Nueva Condomina'

MURCIA.- Miguel Ángel Cámara, alcalde de Murcia en funciones, verá su procesamiento por presunta prevaricación cometida con el plan parcial Nueva Condomina parece que en cuestión de días, según fuentes próximas al 'caso Umbra', que sostienen que el magistrado David Castillejos está ultimando en este momento la redacción del escrito. 

Según las mismas informaciones, en el escrito de unos 100 folios por el que se transformarán las diligencias previas en procedimiento abreviado -el equivalente al procesamiento- acompañarían a Cámara el presidente del Real Murcia, Jesús Samper, que fue el principal beneficiario del proyecto urbanístico, y un grupo de funcionarios del Ayuntamiento de Murcia, varios de ellos antiguos responsables de la Gerencia de Urbanismo.
Este inminente paso procesal, confirmado por 'La Verdad' en fuentes contrastadas próximas al asunto, significa que el titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia, David Castillejos, concluye que la investigación ha permitido confirmar los indicios de delito contra Miguel Ángel Cámara y el resto de quienes resulten procesados. Una circunstancia que sitúa al político del PP a un solo escalón de sentarse en el banquillo, pues previsiblemente en el mismo auto el juez instará a las distintas partes a pedir la apertura de juicio o, al contrario, a reclamar el sobreseimiento de la causa.
Todo apunta a que esa apertura de juicio será solicitada por el Ministerio Público y por la mayor parte de las acusaciones particulares, con la excepción probablemente de la acusación que representa al Ayuntamiento de Murcia, sobre la que resulta difícil prever qué postura va a adoptar. Recientemente, esta parte ha sido señalada por el fiscal por estar actuando en apariencia como aliada de la defensa de los imputados en lugar de estar ejerciendo como verdadera acusación, por lo que ha reclamado que sea expulsada del procedimiento.
Las diligencias sobre Nueva Condomina conforman una de las cuatro piezas separadas en la que se divide el 'caso Umbra' de supuesta corrupción urbanística. Es, sin duda, la pieza clave de la investigación judicial, ya que el convenio urbanístico suscrito entre el Consistorio de Murcia y la presidencia del Real Murcia fue el primero de los reputados como ilegales y el que acabó sirviendo de guía y orientación para otros cinco planes parciales, situados todos ellos al norte del municipio de Murcia, que también se encuentran bajo sospecha.
El germen de Nueva Condomina hay que buscarlo en el protocolo que el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y el Real Murcia suscribieron en 1999, por el que el primero se comprometía a impulsar un proyecto urbanístico que sirviera para conseguir fondos con los que asegurar el futuro de la entidad grana. Ese documento ha sido calificado siempre como «secreto» por el Fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, ya que no se le dio publicidad alguna en su día. Incluso el propio juez Castillejos, durante el interrogatorio a Cámara, le advirtió expresamente de que ese compromiso que había adoptado podría constituir un delito de tráfico de influencias, aunque algunos datos apuntan a que podría estar prescrito.
Por lo que se refiere a la supuesta prevaricación que se habría cometido en la tramitación del plan Nueva Condomina, ésta vendría derivada de varias presuntas irregularidades, como la consistente en haber autorizado a los terrenos de Samper un aprovechamiento urbanístico tremendamente elevado, del 0,63 m2/m2. Este índice, según viene sosteniendo el Ministerio Fiscal desde el principio, se encuentra muy por encima de la edificabilidad máxima permitida por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que estaba vigente en esa época -años 2002 y 2003-, que era del 0,40%. De esta forma, a Samper se le habría permitido construir un 60% más de lo que la ley permitía.
A ello habría que sumarle otras presuntas ilegalidades, como haberle eximido del pago al Ayuntamiento del 10% del aprovechamiento, que es ineludible por ley, y que solo acabó abonando después de un juicio promovido por otra sociedad que tenía intereses en la misma zona.

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