MURCIA.- El juzgado de Instrucción nº 3 de los de Murcia ha admitido a trámite una querella por presunta prevaricación administrativa contra Marcos Ortuño Soto, alcalde de Yecla, diputado regional y miembro de la nueva dirección del PPRM que lidera el candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, el consejero Pedro Antonio Sánchez. La querella es también contra el ex consejero de Obras Públicas y ex delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, por el mismo supuesto delito.
Los querellantes, en nombre propio y representados por el abogado Diego de Ramón Hernández, actúan contra Marcos Ortuño por decisiones adoptadas en su calidad de director regional de Puertos de la Comunidad Autónoma. Y contra Bascuñana por ser entonces el titular de la Consejería que englobaba la citada competencia administrativa.
Con fecha del pasado 22 de junio, la titular del Juzgado nº 3, Christine Hernández Rabbat, acuerda incoar diligencias previas y ordena practicar los siguientes medios de prueba: tomar declaración a los querellantes Pedro Moreno Matas, José Antonio Castillo Ceballos, Pedro Zamora Martínez, José Luis López Pérez, José Fernández Cánovas, Alberto Hummer Navarro y Antonio Zamora López para ratificarse en la querella interpuesta. A tal fin se les cita el próximo 13 de julio.
Todos comparecen en su calidad de socios del Club Náutico del Puerto de Mazarrón y como miembros de la Plataforma de Afectados por los puntos de amarre.
También oir en declaración a los querellados, Ortuño y Bascuñana, a los que se cita para el próximo 28 de octubre.
Al parecer, ambos privaron a la citada asociación deportiva sin ánimo de lucro y a favor de la mercantil 'Bolnuevo de Turismo S.A.' de su principal activo, como era la concesión, construcción y explotación de la dársena deportiva de Puerto de Mazarrón, lo que es objeto de la presente querella admitida ahora a tramite por la jueza penal competente.
Los denunciantes aseguran en la querella que ambos permitieron, de manera presuntamente irregular, la cesión de la titularidad de la concesión administrativa para la gestión del puerto deportivo.
En la querella, el abogado Diego de Ramón recuerda que J.M.R., registró un escrito de fecha 6 de octubre de 2005 en la Consejería manifestando actuar en nombre y representación, como representante legal de la entidad 'Sociedad Club Náutico Puerto de Mazarrón' y A.M.C. como legal representante de la mercantil Bolnuevo de Turismo, S.A (BOLTUSA).
En ese escrito, J.M.R., como Presidente de la concesionaria Club Náutico Puerto de Mazarrón cedía la totalidad de la indicada concesión a la empresa Bolnuevo de Turismo por 160.000 euros de forma "ilegal", ya que "carecía de la debida autorización de la Asamblea General del Club, único competente para la adopción del acuerdo de cesión".
De Ramón destaca que el presidente del Club Náutico Puerto de Mazarrón pasó a ser con fecha 28 de diciembre de 2005 Administrador Único de la empresa Bolnuevo de Turismo, S.A., con más del 50 por ciento de participación en la Sociedad, esto es, sólo dos meses y 22 días después de haber cedido la concesión como presidente del Club Náutico, que carece de ánimo de lucro a dicha mercantil.
Según el abogado, "nunca se hubiera podido llevar a cabo si el Presidente del Club, hoy Administrador único de Bolnuevo de Turismo S.A (BOLTURSA), no hubiera tenido el apoyo y colaboración de las personas responsables de la Administración, debido a la connivencia, confabulación y asentimiento, que constituye la prevaricación denunciada".
Contra esta resolución cabe recurso de reforma y, subsidiariamente, de apelación o directamente de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación.
Marcos Ortuño, además de alcalde de Yecla y diputado electo del PP en la Asamblea Regional, ha formado parte del equipo del Comité de Pactos que ha estado tratando con Ciudadanos un pacto por la gobernabilidad de la Región. El PP firmó el documento de la regeneración democrática exigido por la formación naranja hace una semana y supone la marcha de cualquier cargo imputado en un caso de corrupción.
Asimismo, se trata del tercer caso judicial al que se enfrenta el ex delegado del Gobierno, que tuvo que renunciar a principios de junio para facilitar el acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos. Además está imputado en el caso Novo Carthago, a lo que se une que se investiga su incidente en un control de alcoholemia.
Los querellantes, en nombre propio y representados por el abogado Diego de Ramón Hernández, actúan contra Marcos Ortuño por decisiones adoptadas en su calidad de director regional de Puertos de la Comunidad Autónoma. Y contra Bascuñana por ser entonces el titular de la Consejería que englobaba la citada competencia administrativa.
Con fecha del pasado 22 de junio, la titular del Juzgado nº 3, Christine Hernández Rabbat, acuerda incoar diligencias previas y ordena practicar los siguientes medios de prueba: tomar declaración a los querellantes Pedro Moreno Matas, José Antonio Castillo Ceballos, Pedro Zamora Martínez, José Luis López Pérez, José Fernández Cánovas, Alberto Hummer Navarro y Antonio Zamora López para ratificarse en la querella interpuesta. A tal fin se les cita el próximo 13 de julio.
Todos comparecen en su calidad de socios del Club Náutico del Puerto de Mazarrón y como miembros de la Plataforma de Afectados por los puntos de amarre.
También oir en declaración a los querellados, Ortuño y Bascuñana, a los que se cita para el próximo 28 de octubre.
Al parecer, ambos privaron a la citada asociación deportiva sin ánimo de lucro y a favor de la mercantil 'Bolnuevo de Turismo S.A.' de su principal activo, como era la concesión, construcción y explotación de la dársena deportiva de Puerto de Mazarrón, lo que es objeto de la presente querella admitida ahora a tramite por la jueza penal competente.
Los denunciantes aseguran en la querella que ambos permitieron, de manera presuntamente irregular, la cesión de la titularidad de la concesión administrativa para la gestión del puerto deportivo.
En la querella, el abogado Diego de Ramón recuerda que J.M.R., registró un escrito de fecha 6 de octubre de 2005 en la Consejería manifestando actuar en nombre y representación, como representante legal de la entidad 'Sociedad Club Náutico Puerto de Mazarrón' y A.M.C. como legal representante de la mercantil Bolnuevo de Turismo, S.A (BOLTUSA).
En ese escrito, J.M.R., como Presidente de la concesionaria Club Náutico Puerto de Mazarrón cedía la totalidad de la indicada concesión a la empresa Bolnuevo de Turismo por 160.000 euros de forma "ilegal", ya que "carecía de la debida autorización de la Asamblea General del Club, único competente para la adopción del acuerdo de cesión".
De Ramón destaca que el presidente del Club Náutico Puerto de Mazarrón pasó a ser con fecha 28 de diciembre de 2005 Administrador Único de la empresa Bolnuevo de Turismo, S.A., con más del 50 por ciento de participación en la Sociedad, esto es, sólo dos meses y 22 días después de haber cedido la concesión como presidente del Club Náutico, que carece de ánimo de lucro a dicha mercantil.
Según el abogado, "nunca se hubiera podido llevar a cabo si el Presidente del Club, hoy Administrador único de Bolnuevo de Turismo S.A (BOLTURSA), no hubiera tenido el apoyo y colaboración de las personas responsables de la Administración, debido a la connivencia, confabulación y asentimiento, que constituye la prevaricación denunciada".
Contra esta resolución cabe recurso de reforma y, subsidiariamente, de apelación o directamente de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación.
Marcos Ortuño, además de alcalde de Yecla y diputado electo del PP en la Asamblea Regional, ha formado parte del equipo del Comité de Pactos que ha estado tratando con Ciudadanos un pacto por la gobernabilidad de la Región. El PP firmó el documento de la regeneración democrática exigido por la formación naranja hace una semana y supone la marcha de cualquier cargo imputado en un caso de corrupción.
Asimismo, se trata del tercer caso judicial al que se enfrenta el ex delegado del Gobierno, que tuvo que renunciar a principios de junio para facilitar el acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos. Además está imputado en el caso Novo Carthago, a lo que se une que se investiga su incidente en un control de alcoholemia.
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