viernes, 26 de junio de 2015

La remodelación del PP no ha relajado su relación con el Gobierno / José Hervás *

No han servido de nada los cambios efectuados por el presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, en la estructura del PP que trataban de relajar las tensas relaciones existentes entre el partido y el Gobierno. Rajoy paralizó su proyecto de cambio en el Ejecutivo una vez que la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, le expresó su deseo de permanecer tanto en el partido, como número dos, como en Castilla La Mancha para realizar las labores de oposición.
Estas fueron las ra­zones más re­cu­rrentes de Cospedal en su en­cuentro con el Presidente del Gobierno a quien re­cordó que esta de­ci­sión la to­maba sen­ci­lla­mente porque había sido su com­pro­miso du­rante la cam­paña elec­to­ral. Se que­daría en la opo­si­ción si perdía las elec­cio­nes, y así lo hará.

Pero tras estas ra­zones de peso, que al­gunos in­ter­pretan más como una ra­cio­na­li­za­ción que la ver­da­dera causa de la ne­ga­tiva dada al pre­si­dente del Gobierno, hay otra causa muy im­por­tante. Según co­mentan per­sonas pró­ximas a la di­rec­ción del Partido Popular en Castilla La Mancha, la ne­ga­tiva a formar parte del Gobierno de Mariano Rajoy es la pre­sencia de Soraya Sáenz de Santamaría como vi­ce­pre­si­denta del mismo.  Las di­fe­ren­cias en­tres ambas han hecho la si­tua­ción in­so­por­ta­ble.

Con estos an­te­ce­dentes el pa­no­rama que se pre­senta de cara a las pró­ximas elec­ciones ge­ne­rales para el PP no es ha­la­güeño. Las di­vi­siones in­ternas de los par­tidos se pagan siempre con re­sul­tados muy ne­ga­ti­vos. Todo el mundo re­cuerda cómo la di­vi­sión in­terna pro­vocó la pos­te­rior des­apa­ri­ción de la UCD. Aunque te­nemos más re­ciente el caso de cómo los pro­blemas in­ternos en UPyD, unidos al fra­caso para unirse a Ciudadanos, ha de­jado en las úl­timas elec­ciones en una si­tua­ción muy com­pli­cada de su­per­vi­vencia al par­tido ma­genta que li­dera Rosa Díez.

Además, pese a que el grupo de amigos mi­nis­tros de Mariano Rajoy, co­no­cido como G-8 com­puesto por Jorge Fernández Díaz, Ana Pastor, José Manuel García Margallo, José Manuel Soria, José Ignacio Wert, Rafael Catalá, Isabel García Tejerina y Miguel Arias Cañete sus­pendió un en­cuentro des­pués de las elec­ciones del 24-M por su­ge­rencia di­recta del Jefe del Ejecutivo, las ten­siones per­ma­ne­cen. De he­cho, no se paran estos en­fren­ta­mientos entre los com­po­nentes del Consejo de Ministros.

Con la re­no­va­ción de la cú­pula de Partido Popular, donde la media de edad ha que­dado por de­bajo de los 40 años, una parte muy im­por­tante de los cargos del PP han em­pe­zado a temer por su fu­turo. Son todos aque­llos de entre 45 y 60 años, que es­tando en ple­nitud de fa­cul­ta­des, ha­biendo dado lo mejor que tienen por el par­tido, em­piezan a temer que aunque ga­naran las pró­ximas elec­cio­nes, ven más di­fícil que se siga con­tando con ellos.

El temor de que Cristóbal Montoro, con­si­de­rado por el pre­si­dente del Gobierno como la clave del pro­grama de reor­de­na­ción de las cuentas del Estado, no se pre­sente a las pró­ximas elec­cio­nes, ha puesto a tem­blar a mu­chos de los que por su de­ci­sión han lo­grado po­si­ciones re­le­vantes en la ges­tión de las em­presas to­davía en manos del Estado.

Esta sa­lida de la vida po­lí­tica y del Gobierno, no es una cues­tión me­nor. La re­le­vante ges­tión del to­davía Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, me­rece un re­co­no­ci­miento ex­plí­cito, aunque en su debe haya que car­garle que haya adop­tado en los úl­timos meses una ac­titud tan an­ti­pá­tica en sus com­pa­re­cen­cias pú­bli­cas.

La re­so­lu­ción de la crisis de Gobierno en Educación con el cambio de José Ignacio Wert por Íñigo Méndez de Vigo, ne­ce­sita ex­pli­ca­ción. Si Wert se marcha a París por su cuenta, no de­bería tener con­se­cuencia po­lí­tica al­guna. Si fuera de­sig­nado em­ba­jador ante la OCDE ge­ne­rará un gran ma­lestar entre mu­chos di­ri­gentes po­pu­lares y se­guro que pro­vo­cará un clamor contra la de­ci­sión, que se aca­baría pa­gando en las ur­nas.

(*) Periodista

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